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Justo en momentos en los que pasa afugias para tratar de recomponer la bancada de congresistas que apoyan sus propuestas, el gobierno de Gustavo Petro se apresta a radicar ante el Legislativo una ambiciosa propuesta que busca reformar la Ley de víctimas y garantizar el disfrute de los derechos de más de siete millones de colombianos que están en esa condición.
Se trata de una propuesta que sigilosamente han venido trabajando el Ministerio de Justicia y la Unidad para las Víctimas, en constante conversación con las organizaciones ciudadanas y teniendo en cuenta las observaciones que sobre el particular ha hecho la Corte Constitucional, en especial con miras a superar los bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales identificadas desde 2004 en la sentencia T-025 sobre el Estado de Cosas Inconstitucional.
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El proyecto será radicado el 20 de julio y, al decir de sus promotores, tendrá la más amplia concertación con el fin de evitar dificultades en su trámite, máxime cuando el país vive una suerte de medición de fuerzas entre los grupos políticos gobiernistas y los de oposición.
La idea de los autores es que el necesario espíritu de trabajo colectivo en torno a las víctimas esté por encima de las pujas propias entre políticos. De hecho, al mismo tiempo que se radique este proyecto entrarán a discusión otras iniciativas anunciadas por el Gobierno —como la reforma a la Ley de educación— y se reactivará la conversación sobre algunos de los proyectos que vienen desde la pasada legislatura, como la reforma pensional y la reforma a la salud.
¿En qué consiste la reforma?
Aunque todos sus defensores hablan de que no es una reforma sino una actualización, lo cierto es que hay sobre la mesa propuestas de cambios de forma y de fondo. Odorico Guerra, delegado nacional de la Mesa de Víctimas, lo dice en un atril en Bogotá al que llegó desde Aracataca, Magdalena, de donde es oriundo.
Su voz representó la historia de miles de víctimas del conflicto en todo el país y el exterior, en el foro para recoger propuestas para la reforma de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que organizaron el Ministerio de Justicia y la Unidad de Víctimas, el pasado 4 de julio.
Una de las propuestas recogidas en el encuentro fue la de ampliar la fecha desde la que una persona puede acreditarse ante la Unidad de Víctimas. Actualmente, la ley estipula que las personas podrán acceder a los programas de la Unidad si vivieron hechos victimizantes desde el 1.° de enero de 1985. Sin embargo, pretenden recibir personas que vivieron hechos desde 1958, que es el año que tuvieron como referencia la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad para empezar a esclarecer el conflicto armado.
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Orlando Castillo Advíncula, líder social que en 2022 alcanzó una de las 16 curules de paz en la Cámara de Representantes, espera que con esta reforma el país voltee a mirar a los consejos comunitarios, los resguardos indígenas y las zonas de reserva campesina.
Todas esas realidades territoriales las plasmaron en el foro en Bogotá que lideró Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad de Víctimas, abogada indígena embera que planteó seis puntos para reformar la ley: primero, el principio de no regresividad; es decir, la reforma no puede retroceder en las garantías y los derechos ya ganados con la Ley del 2011. Segundo, dice que hay asuntos de la ley que no necesitan llegar hasta el Congreso y que se pueden adelantar con decretos o resoluciones. También habló de la importancia de superar el estado de cosas inconstitucional que hay en los territorios.
Planteó la necesidad de robustecer el sistema para mejorar la atención a víctimas y los tiempos de respuesta a los requerimientos de cada una. Pidió priorizar también una articulación de la ley con el Sistema Integral para la Paz; es decir, el sistema al que pertenecen la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Dos entidades que, junto con la Unidad, podrían trabajar en acelerar los resultados en materia de justicia, verdad y reparación.
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Y, finalmente, quizás el punto más importante, destacar en las discusiones en el Legislativo la importancia de revaluar el presupuesto para la ejecución de la Ley de Víctimas. Esa ha sido una de las luchas de Tobón desde que empezó en esa cartera. En varias intervenciones ha sido cruda y tajante: “Colombia, a este paso, requiere más de 60 años para reparar a sus víctimas”.
Y no es una exageración. En el panel fue enfática en recordar que, en casi 12 años de funcionamiento de la ley, apenas han logrado indemnizar al 7 % de las víctimas, que equivale a poco más de 528.000 personas. No es poca cosa, es como entregarle un cheque a toda la población que tiene el distrito de Buenaventura, entre la zona rural y la urbana. Sin embargo, en un país con más de siete millones y medio de personas esperando esa misma retribución económica —que es apenas simbólica por los daños que vivieron—, las cifras siguen en rojo. Quizá ni el presupuesto general de la nación alcanzaría para saldar esa deuda. Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró en el evento que “la deuda asusta”, pero planteó que hay que buscar fuentes de financiación, articularse con otras entidades y organizar mejor las finanzas del Estado.
La Unidad de Víctimas tiene bajo su administración 2.419 bienes urbanos y rurales que recibieron por orden judicial y fueron incautados por el Estado. Muchos de ellos pertenecieron a antiguos narcotraficantes, otros a exparamilitares y algunos más a las FARC. El valor de los predios (con y sin extinción de dominio) asciende a $730.000 millones, según respondieron a un derecho de petición enviado por este diario en mayo de este año. Eso es un poco más del presupuesto asignado al Ministerio de Cultura para funcionar en todo el 2023.
El desarraigo del desplazamiento
Quizás una de las victimizaciones más difíciles de superar, afrontar, atender y prever es el desplazamiento forzado. Ese desarraigo cultural, social y familiar que implica salir del territorio abandonando el techo y, con él, los proyectos de vida. Clara Ramírez, directora del equipo de verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento, explica que ese es uno de los delitos más dolorosos, comunes y difíciles de afrontar.
Se dice que en el país, hasta 2021, había más de cinco millones de desplazados. La cifra por sí misma es un horror. Sin embargo, una de las críticas de Ramírez, que se podría transformar en un artículo en la propuesta de ley que se radicará, es que se consolide un sistema estadístico nacional de víctimas que vaya más allá de los números. “Que explique en qué condición están los desplazados, qué trabajo tienen, dónde están, qué necesidades afrontan”.
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El seguimiento a la condición de las víctimas es otro asunto pendiente en la lista. En Bogotá se dimensionó en 2021 con los 2.000 indígenas emberas del Chocó y Risaralda que se asentaron en el Parque Nacional durante meses. Era su forma de sobrevivir a la guerra de sus montañas, de las que los sacaron con las pertenencias que les cabían en las manos. Sus historias parecían sacadas del guion de Historia de una oveja, del dramaturgo Fabio Rubiano, que justo por esa época presentaba en el Teatro Colón de Bogotá. Al final, el desplazamiento era como quedar perdido, extraviado, sin la posibilidad de cargar a la ciudad sus ovejas, sus perros, sus gallinas…. y todo lo que representan en el campo.
Clara Ramírez se refirió al reto que tiene el Estado de hacerle frente a la victimización, o a esa condición de no dejar nunca de ser víctima, de estar constantemente en ciclos de dolor y violencia. “No es lo mismo proveer atención a fenómenos puntuales de desplazamiento que hacer frente a un fenómeno de décadas de desarraigo”.
Además, fue enfática en decir que esos ciclos de desplazamientos continuos, de gente que no termina de asentarse en un lugar y a la que le vuelven a cortar las raíces, generan problemáticas de pobreza y afectaciones en la salud mental y física. “Podemos decir que, hasta el 2022, la población víctima no se ha recuperado. La crisis humanitaria que viven sigue siendo cada vez más fuerte para ellos”, explicó.
El exilio, la vejez y la tierra
Las víctimas en el exterior, que migraron por razones de seguridad o simplemente por rehacer su vida, fueron por muchos años la población de la que menos se habló. Fue en 2022 cuando sus voces comenzaron a ser escuchadas, pues la Comisión de la Verdad publicó un capítulo inédito dedicado a contar cómo ha vivido estos años esa población bajo el desarraigo superior de haber sido desplazada de su territorio y su país. Odorico Guerra lanzó una propuesta para mejorar el acceso a las indemnizaciones en el exterior. “Tenemos que descentralizar el hecho de que los dineros lleguen a los consulados; deben llegar a las personas”.
A través del chat de YouTube del foro, la Colectiva de Mujeres Refugiadas y Exiliadas de Colombia (con representatividad en Canadá, Costa Rica, Panamá, Francia, Suiza y España), la ONG Carrers del Món Drets Humans per Colombia (una comunidad catalana de víctimas) y otras organizaciones pidieron que se fortalezca su participación en procesos políticos, así no estén en el territorio nacional.
En el panel también se planteó la necesidad de construir nuevas políticas para beneficiar a las víctimas que están en condición de discapacidad (muchas producto de la guerra) o las que están en edad avanzada y eso les impide acceder a oportunidades laborales. La directora Tobón señaló que garantizar el acceso a recursos económicos de los más viejos debe ser un compromiso del Estado.
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Por Valentina Parada Lugo
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