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Sin amagues, pese a los puentes que se han intentado tender para buscar diálogos que faciliten los procesos, se viene librando un duro pulso político por el segundo debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara y que –por defecto– tiene un impacto directo en el quebrantado relacionamiento entre el Congreso y la Casa de Nariño.
Aunque el presidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), ha querido incluir el proyecto en el orden del día de las plenarias que oficialmente retomaron sesiones ordinarias desde el pasado 17 de febrero, sus dos compañeros de mesa directiva tienen frenado este paso. Incluso, la disputa es tan álgida que ya escaló a tribunales judiciales.
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En efecto, el vicepresidente de la Cámara, Jorge Tovar Vélez (curules de paz), y la segunda vicepresidenta, Lina Garrido (Cambio Radical), tienen que estampar su firma para que se dé la citación de la reforma, pero no lo han hecho alegando que la iniciativa tiene vicios insubsanables desde que se intentó, infructuosamente, tramitar en sesiones extras –las cuales solo sirvieron para aprobar siete de 39 artículos que quedan pendientes– y que supuestamente hay una presión indebida desde el Gobierno que atenta contra la separación de poderes.
Y ahí es cuando entra el capítulo judicial. El Espectador estableció que no solo se impugnó un fallo de tutela que negó el recurso que se interpuso alegando vulneración al derecho del debido proceso legislativo por convocar a sesiones extras con presuntas falencias jurídicas, sino que también se instauró una demanda ante el Tribunal de Cundinamarca para tumbar el origen de esas discusiones que se citaron –del 12 al 14 de febrero– en medio de polémicas.
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El recurso jurídico, de acuerdo con fuentes que trabajaron en su elaboración, busca que se declare la improcedencia jurídica del decreto 168 del 10 de febrero de 2025, con el cual se convocó a extras. Una de las razones es que el actual ministro encargado del Interior, Gustavo García, supuestamente, firmó ese documento sin aún haber sido oficialmente designado en ese puesto y que todo se podría corroborar en la trazabilidad de la misma convocatoria.
Justo este lunes, la representante Garrido hizo públicas las respuestas de un derecho de petición que le remitió a la Casa de Nariño preguntando sobre los tiempos de elaboración de ese decreto, pues –como en su momento lo reveló este diario– uno de los motivos de la salida de Juan Fernando Cristo fue su negativa a convocar esas extras por la falta de ambiente y el ruido político que generarían.
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De hecho, luego de que presentara su renuncia y contrario a otros ministros que en su momento hicieron lo mismo, el presidente Gustavo Petro instruyó desde Dubái que su delegatario en ese momento, Guillermo Alfonso Jaramillo (ministro de Salud), firmara la salida de Cristo para darle espacio a un funcionario que sí aceptara su directriz de convocar las extras que, al final, terminaron con más reparos que avances para el proyecto.
“Recibí respuesta de Presidencia en la que se confirma que fue García, quien aún siendo viceministro el 10 de febrero de 2025 a las 5:40 p.m., usurpó las funciones del ministro del Interior y suscribió el Decreto 168, mediante el cual se convocaron sesiones extraordinarias a la Cámara. (…) Además, el decreto indica con precisión la fecha y hora en que el ‘supuesto ministro del Interior encargado’ firmó los documentos, pero no especifica la hora en que el presidente o su delegado suscribieron el decreto, dejando en evidencia otra irregularidad más”, dijo Garrido. “No somos los empleados de Petro”, precisó.
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Si la acción jurídica de la congresista de Cambio Radical –partido de oposición al presidente Petro– prospera, todas las extras se caerían y los siete artículos aprobados tendrían que volver a discutirse desde cero en segundo debate.
En una postura similar está Tovar Vélez, quien le dijo a este diario que las reformas “deben tramitarse en los tiempos del Congreso y no en los del Gobierno, con el fin de que se respete la separación de poderes”. Esto lo hizo no solo tras respaldar las acciones jurídicas de Garrido, sino para advertir que hasta tanto no se subsanen las dudas jurídicas no estampará su firma en el orden del día que incluye la reforma a la salud.
En medio de esa presión, que lleva varias semanas sorteando el presidente Salamanca, se ventiló este lunes una tercera vía que tampoco prosperó. Congresistas del Pacto Histórico y otros afines a la Casa de Nariño llevaron a voto limpio de la plenaria este tema, como máximo órgano de esa corporación, y el resultado fue de 66 congresistas diciéndole que no a esa vía y solo 41 entregando su sí.
En todo caso, la Ley 5° de 1992 –el reglamento del Congreso– establece en su artículo 80 que el orden del día debe ser una decisión de la mesa directiva y tiene que publicarse para que cuente con validez, por lo que esa votación de la plenaria no necesariamente tendría que ser vinculante.
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“Solo espero que la reforma a la salud se pueda discutir de fondo y que la propuesta del Gobierno se enriquezca con las propuestas de los congresistas, como ya ha pasado con otras iniciativas”, precisó Salamanca.
Pero mientras que todos estos hilos se mueven de forma sigilosa, y la oposición rodea a Garrido y a Tovar para que mantengan su decisión de no darle vía libre a la reforma a la salud –y el oficialismo presiona para que esa postura se derrote en plenaria–, el inminente ministro del Interior, Armando Benedetti, dialoga con más de 100 representantes a través de diferentes vías para intentar cocinar un nuevo acuerdo que reviva esa y otras iniciativas.
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Y aunque ese camino avanza con citas en Palacio y la negociación de representatividad en el Ejecutivo, los adeptos al presidente Petro –y él mismo– vienen llamando a manifestaciones callejeras para rodear al Gobierno, incluyendo citas en fechas en las que tradicionalmente hay manifestaciones públicas, como el próximo 8 de marzo (día de la mujer).
En todo caso, las plenarias de estas semanas estarán calientes, porque hay al menos 100 proyectos de iniciativa congresional que estarían frenados por esta pelea silenciosa, de los cuales unos 20 –según voces de la misma mesa directiva de la Cámara– aguardan su último debate. Petro quiere que su reforma a la salud avance, pero las negociaciones no han sido sencillas y el pulso en la Cámara, en lugar de apaciguarse, está subiendo cada vez de tono.
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