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Un giro de 180° está a punto de consolidarse en las votaciones de la Comisión Séptima del Senado, la misma que en abril de 2024 hundió la primera versión de la reforma a la salud y en marzo de 2025 hizo lo mismo con la laboral. El bloque de nueve u ocho legisladores que en esta corporación le puso una talanquera a los proyectos del gobierno de Gustavo Petro se desarticulará debido a las movidas del Ejecutivo para voltear varios votos y a la presión de la opinión pública por las pasadas votaciones.
El panorama se reconfigura a las puertas del tercer debate de la llamada reforma laboral 2.0, que el presidente de la comisión, el liberal Miguel Ángel Pinto, prometió poner a discusión esta semana. El proyecto entró en la lista de prioridades del Gobierno luego de que el propio jefe de Estado, en una alocución sobre la situación de la Nueva EPS, asegurara que la Séptima tiene intenciones de volver a hundir el articulado.
Varios senadores consultados por este diario señalaron que, efectivamente, en las próximas horas se radicará una ponencia negativa, liderada por Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático), pero que la misma no tendría el respaldo mayoritario. Según conoció El Espectador, buena parte del bloque opositor que ya ha archivado reformas del oficialismo ahora le apostará a dar el debate e intentar “peluquear” el texto original.
“Vemos que ni el Gobierno ni la oposición tienen los votos y que se está posicionando una versión alternativa. Varios creemos que se deben hacer cambios en la salud, pero sin darle aval a la estatización que propone Petro, entonces hay un espacio para discutir”, dijo uno de los integrantes de la comisión.
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A esto se suma que hay varios legisladores de esta corporación que no quieren estar bajo la lupa de la opinión y la ciudadanía, porque están en campaña y por los efectos de las pasadas votaciones, pues recuerdan que varios incluso fueron “perfilados” y que la decisión sobre la laboral, al final de cuentas, le dio un impulso político al petrismo para hablar de consulta popular. “Ya sabemos que Petro es capaz de incendiar al país, culpándonos de la crisis de la salud cuando es él quien no quiere subir la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y tiene desfinanciados a los hospitales”, dijo una de las senadoras críticas del Ejecutivo y que ahora plantea debatir.
Según otras voces del bloque opositor, ante la imposibilidad de sumar todos los votos para rechazar el proyecto, la fórmula sería intentar quitarle todos los puntos polémicos y darle la última palabra a la plenaria del Senado para que decida en el cuarto debate. Así las cosas, en la Casa de Nariño y el Ministerio del Interior se mueven cuidadosamente para asegurar los votos en ambos escenarios.
En cuanto a la Comisión Séptima, el Ejecutivo cuenta con cambiar el parecer de figuras como Berenice Bedoya (ASI), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Ana Paola Agudelo (MIRA). En el caso de Bedoya hay dos datos que en las últimas horas han llamado la atención. Por un lado, muchos ven con curiosidad la llegada de uno de los familiares de la senadora —Johan Steven Londoño, su yerno— a un alto cargo directivo del Fondo de Adaptación. Y, por la otra parte, se habla del impacto que podría tener en el debate la coalición que entraría a conformar ASI con el sector petrista de la Alianza Verde y En Marcha de Juan Fernando Cristo para las elecciones legislativas de 2026.
A pesar de estas cuentas, en las toldas oficialistas (Martha Peralta, Ferney Silva, Fabián Díaz, Omar Restrepo y Wilson Arias), piden no confiarse y mantener la presión para discutir la ponencia positiva. De hecho, algunas de estas voces advierten que la oposición volvería a jugar la carta de la dilación para trabar la votación y piden que desde la Presidencia y los ministerios acompañen el trámite.
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Así mismo, algunos todavía no ven claro el tema de la ponencia alternativa, pues ninguno de los senadores que apoyan esta propuesta ha destapado sus cartas. Algunos le dijeron a este diario que el texto sigue en construcción y que no se conocerá esta semana. De hecho, varios señalaron que no hay una sola versión, pues inicialmente se hablaba únicamente de la versión de la senadora Norma Hurtado (La U), pero ya hay varios más que quieren apostar por esta vía.
Sobre la ponencia de Hurtado, desde su entorno señalan que ella sí presentará un articulado diferente para dar el debate, pero que este depende de otra importante decisión del Gobierno y el Congreso: la del presupuesto de 2026 y la reforma tributaria. La legisladora cree que su propuesta depende de qué tanto se vea afectada la realidad fiscal del país con esos dos proyectos, pues, como lo ha denunciado en varias oportunidades, el Ministerio de Hacienda aún no da claridad sobre el impacto de la reforma a la salud en las arcas públicas.
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La discusión del presupuesto se dará sobre la cifra original que presentó el Ejecutivo, $556,9 billones, por lo cual en el Capitolio ven poco probable la aprobación, ya que esto implica una ley tributaria de $26 billones. Así las cosas, aseguran, crecen las opciones de tener, por segundo año consecutivo, un presupuesto por decreto, lo que en cuentas preliminares afectaría esa versión alternativa de la reforma a la salud. “Necesitamos que el Gobierno nos explique cómo se van a usar esos dineros”, dijo una senadora de la Séptima sobre el impacto de las tres iniciativas en cuestión.
Desde el alto Gobierno ya se impartió la orden de explorar todos los caminos para el trámite de la reforma, por lo que en las filas del Pacto Histórico advierten que si las mayorías de la Comisión Séptima hunden la iniciativa, habrá un nuevo llamado a la movilización social y se apelaría la decisión para que otra comisión opine y la plenaria del Senado dé el veredicto, tal cual como ocurrió con la reforma laboral.
Parte de esta estrategia quedó en evidencia este fin de semana, cuando todas las entidades del Gobierno pusieron a disposición sus redes sociales para replicar, con la etiqueta #SeRobaronLaSalud, las denuncias del presidente Petro sobre los manejos de la Nueva EPS. La movida generó amplias críticas de la oposición, ante lo cual el jefe de Estado respondió que están “aterrorizados porque el gobierno está unido. El gobierno está unido y tiene poder de comunicación cuando se trata de lo público”.
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