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En medio de los fallos judiciales y las observaciones que ha recibido la reforma agraria que quiere poner a andar a toda marcha el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que esta iniciativa está siendo “burlada por el Estado”, los ministerios de Agricultura y de Justicia ajustan detalles para presentar ante el Congreso, una vez más, la ley ordinaria de la jurisdicción agraria, un mecanismo que le permitiría a los campesinos acceder a la justicia para resolver sus conflictos con temas de tierras.
Este es uno de los proyectos que, según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, está dentro de los ocho puntos prioritarios de la agenda legislativa que presentará el Pacto Histórico en los próximos días. Y volverá a llegar a la Comisión Primera, donde en la pasada legislatura terminó hundiéndose. El porqué de este final varía dependiendo de a quién se le pregunte.
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Si se le pregunta a un amplio sector de la Comisión Primera, dirá que la falta de acuerdos mató a esta ley ordinaria, pues el Gobierno no pudo aceptar ciertas modificaciones al articulado que se pidieron para que no fuera anticonstitucional; mientras que la exministra de Agricultura Jhenifer Mojica fue tajante en echarle la culpa a algunos gremios e incluso a las altas cortes de interferir en el debate en beneficio de intereses personales.
Pero ni ella ni el exministro de Justicia, Néstor Osuna, están ya en el gabinete, por lo que les corresponde a sus relevos, Martha Carvajalino y Ángela María Buitrago, respectivamente, convencer al Legislativo de darle el sí a esta iniciativa que es del corazón de Petro.
Por esto, se analizan los caminos a tomar, e incluso estaría sobre la mesa acogerse a la ponencia modificada por la Comisión para acelerar su aprobación y ahorrarse los diálogos y mesas de concertación. Esta vía podría contar con el respaldo de la célula, pero es incierto si el de la plenaria lo tendría también.
Fuentes de la coalición de Gobierno le dijeron a El Espectador que es de interés del presidente pasar sus reformas en el menor tiempo posible, por lo que serán necesarios los mensajes de urgencia y un cambio de imagen de sus casi 50 congresistas, para que le ‘bajen’ al tono y sean más pragmáticos.
Esta habría sido una de las directrices que el ministro Cristo les dio a los senadores y representantes del Pacto Histórico en las mesas de trabajo que han sostenido en los últimos días para discutir la agenda de esta tercera legislatura. Todos coincidieron en que el tiempo se les está acabando y que una vez llegue la contienda electoral, los programas y proyectos pasarán al segundo plano.
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Por lo mismo, sentó muy bien que la presidencia de la Comisión Primera haya quedado en manos del senador de la Alianza Verde Ariel Ávila y no en las de Jota Pe Hernández, quien es opositor, o en las de Alfredo Deluque, quien apareció en último momento como un posible candidato. Desde el Pacto se considera que con Ávila a la cabeza, la jurisdicción agraria tendrá mayor cabida en el orden del día.
El nuevo presidente indicó que el proyecto está casi listo: “Depende de que los ponentes lo radiquen, pero ya está muy acordado, ya se aprobó una reforma constitucional, una ley estatutaria, falta la ley ordinaria. Va a haber debates sobre unos 10 o 12 artículos, pero en general lo demás va a pasar sin problema. Eso sí, no vamos a esconder nada, no vamos a presionar nada, que la gente discuta y vote”.
No hay certeza de si el Gobierno ya se puso en contacto con los ponentes, pues, también hay dos versiones. No es todo, pues, algunos senadores de la misma célula no ven el panorama tan claro y dicen que aunque Ávila será quien presida, los votos los tienen ellos. Además, afirman que la llegada del senador a la presidencia se dio porque lo preferían a él por encima de Jota Pe Hernández, debido a su actitud, a veces “impulsiva”, y porque Deluque se bajó en último momento para no romper los acuerdos, pues este año le correspondía a los verdes y no al Partido de la U.
El senador liberal Alejandro Chacón, quien fue ponente de la iniciativa, dice que solo habrá jurisdicción agraria si el Gobierno se compromete a eliminar cualquier artículo que ponga en riesgo el derecho a la propiedad privada, algo que está contemplado en la Constitución Política del 91. Por eso, ve como una buena alternativa que se acojan a la ponencia concertada para tramitarla en las plenarias.
“Si el Gobierno toma la ponencia que se hizo en la Comisión, en consenso con las altas cortes, la justicia y todos los partidos sería mucho más ágil su trámite. No es lo mismo que presentaron en un inicio, claro, pero es lo concertado y lo que le conviene al país”, indicó Chacón.
Desde la oposición, la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, calificó el texto de ley ordinaria como “desproporcionada”, pues, además de poner en riesgo la propiedad privada, dice, sería un camino para “hacer una reforma agraria por expropiación vía judicial sin que haya reglas claras. Ordena que todos los jueces, cuando tengan algún tipo de proceso, por ejemplo de linderos, entreguen la tierra al campesino que no la tenga. Además, las ONG pueden litigar en contra de cualquier propietario”.
Tanto Mojica, como la nueva ministra Carvajalino han dado luces del concepto que tiene el Gobierno frente a la expropiación, indicando que en muchos países este es un mecanismo legítimo cuando hacer reformas agrarias se trata, y que incluso en Colombia está contemplado para ciertos procedimientos. Sin embargo, este sería un paso que el presidente prefiere no dar por todo lo que le ha costado andar y subir al poder con el fantasma de la expropiación.
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No obstante, sus pronunciamientos en torno a la reforma agraria, que es el primer punto del Acuerdo de Paz, han subido de nivel en los últimos meses, por lo que está preparando una serie de medidas relacionadas, entre esas reformar la Agencia Nacional de Tierras (ANT), intentarlo nuevamente con la jurisdicción y buscar que la compra administrativa express de tierras sea una realidad.
Pero la Corte Constitucional ya dejó claro que no ve con muy buenos ojos este objetivo y por su parte, la Corte Suprema de Justicia le envió al Congreso en mayo de este año, solo semanas antes de que acabara la segunda legislatura, un documento con 16 observaciones sobre la jurisdicción agraria. Aunque señalaron que las tendrían en cuenta, falta conocerse el texto.
En el documento de 12 páginas que envió la Corte al Legislativo señaló que el gobierno Petro, por ejemplo, no tiene definidos “los asuntos que son competencia de la jurisdicción agraria para distinguirlos de aquellos otros que corresponden a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil”.
Será el texto el que muestre qué camino tomará el presidente Petro en su propósito de implementar la reforma agraria y todo lo relacionado con el agro colombiano, que, según indicó durante su discurso en la instalación del Congreso es uno de los mayores indicadores de crecimiento en el país y con el cual podría dejar su huella en el Acuerdo de Paz firmado en el gobierno de Juan Manuel Santos con las extintas Farc.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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