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En diciembre de 2020, hace casi dos años, se aprobaba un Código Electoral con el único fin de reemplazar un texto que había quedado obsoleto y que databa de 1986, cinco años antes de la fecha en la que se escribió y promulgó la actual Constitución. Aunque el texto modernizaba varios elementos del sistema electoral, hubo muchos reparos y se habló de “micos” en el texto final. La oposición de ese entonces expresó múltiples críticas y hasta el actual presidente, el entonces senador Gustavo Petro, se negó a votar el Código, luego de que la plenaria le tumbara el artículo que reconocía la personería jurídica a los movimientos que hacían parte de una coalición que alcanzara el umbral electoral. Para el entonces líder de oposición, había una intención de no conceder el estatus de partido al movimiento con el que llegó al Congreso: “Decidieron usar el Código para desaparecer el movimiento político Colombia Humana”, dijo.
Días después de la aprobación, hubo choques entre varias figuras de la misma oposición, pues se señalaban unas a otras de no haber dado el debate suficiente para frenar un texto que supuestamente tenía varios elementos poco convenientes. El mayor enfrentamiento fue entre Petro y la actual representante a la Cámara Catherine Juvinao. Esta lo señaló de haber sido pasivo y guardar silencio en el debate hasta el momento en el que se hundió el artículo que lo beneficiaba. Sin embargo, el ahora presidente se arrogó logros, como conseguir las auditorías de los softwares del proceso electoral y otras garantías, que aseguró que no podría tener debido a que no pudo conseguir la personería jurídica. Desde ese choque, el panorama político ha cambiado ampliamente. Juvinao dejó de ser activista para saltar al Congreso, la Colombia Humana consiguió la personería jurídica, Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia y el Código Electoral se hundió en la revisión de la Corte Constitucional por vicios en el trámite.
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Sin embargo, una de las sorpresas que tuvo el país durante el primer día de gobierno Petro fue la radicación en el Congreso de un nuevo texto del Código Electoral. Como señaló la profesora Eugenie Richard, de la Universidad Externado, el gobierno trató de seguir en la línea de “comunicación simbólica” con la radicación de sus primeros proyectos. No solo sería la urgencia de que la elección del 2023 está a poco más de un año y el código incluye múltiples reformas que se iban a comenzar a probar durante este proceso, también sería un intento por dar la imagen de trabajar por la “vida democrática” y de triunfar donde el anterior Congreso falló. Sin embargo, más allá de estos elementos de comunicación, El hecho fue más que llamativo, puesto que el proyecto fue presentado de la mano del criticado registrador Alexánder Vega, y sería casi un calco de lo que se aprobó en 2020, solo se habrían hecho ligeros ajustes y se habría introducido un apartado para reformar temas del registro civil y la identificación de poblaciones racializadas y diversas.
“Es un proyecto en el que el presidente Gustavo Petro participó como congresista, como senador y como ponente en su momento. Lo conoce bastante bien. Por eso estamos radicando de forma inmediata este proyecto, que ya fue aprobado por el Congreso”, comentó el nuevo ministro del Interior, Alfonso Prada, durante la rueda de prensa con la que se hizo oficial la radicación del proyecto de reforma del Código electoral. El encargado de las relaciones entre Ejecutivo y Congreso confirmó que gran parte del articulado sería muy similar a lo que ya se había avalado, y que se hundió por vicios en el trámite –fue aprobado durante sesiones extras, cuando debía hacerse en sesiones ordinarias–. Al ser un texto bastante similar al fallido Código, nuevamente hubo cuestionamientos frente a algunos de sus puntos, a la misma vez que se destacó algunos de sus logros y que se habían perdido ante la determinación de la Corte Constitucional.
Al igual que la anterior reforma aprobada por el Congreso, el texto se destaca por concentrar en un solo cuerpo normativo la mayoría de la legislación electoral existente. Uno de los grandes problemas del país, como reconoce la propia Registraduría, es que las múltiples leyes y reformas del tema electoral han “creado una gran dispersión normativa que en ocasiones dificulta su aplicación a los actores involucrados y genera inseguridad jurídica”. Por eso, tal como comenta el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Armando Novoa, “un solo cuerpo normativo es un avance”. Asimismo, se destaca de la iniciativa pasada y de la recién radicada la equidad de género como eje. Hace dos años se aprobó que las listas presentadas por los partidos políticos debían tener, sí o sí, la misma cantidad de hombres que mujeres (50-50). Aunque también está la discusión si este es un tema propio de una reforma política o si puede incluirse sin mayores problemas en un nuevo código electoral.
También se hace énfasis en que el Código hundido y el nuevo texto tienen en su articulado la inclusión del voto electrónico mixto. Precisamente este sería una de las premuras para aprobar la reforma de nuevo. Se supone que los pilotos con esta modalidad están planteados para las elecciones regionales, por lo que esta modalidad debería estar aprobada para entonces. En línea con el tema tecnológico, se volverían a retomar las auditorías aprobadas por el Congreso para que partidos y sociedad civil puedan revisar en detalle los softwares que hacen parte del proceso electoral. En el listado de avances se incluyen la simplificación de los escrutinios, la revocatoria de la inscripción de candidatos, la extensión en las jornadas de votación y otros puntos que no pudieron incluirse en las elecciones de 2022, debido al hundimiento del Código Electoral de 2020 en la Corte Constitucional.
No obstante, más allá de estos ligeros avances que se recuperarían, la radicación de un texto bastante similar a la reforma hundida puede llegar a ser bastante problemática, como señalaron varios expertos consultados por El Espectador. “Lo que esperábamos es que se tomaran nuevas medidas para hacer realmente transparente el proceso”, expresó el exmagistrado Novoa. Para este, las inconsistencias observadas en las elecciones legislativas del 13 de marzo pasado mostraron unas falencias que no se tuvieron en cuenta en 2020 y que nuevamente no se habrían considerado. “Vamos a cometer el mismo error que se cometió el año antepasado”, añadió el experto, que señaló que se debió haber creado un nuevo Código con el objetivo de “no cometer los errores de marzo y mayo”.
Y siguió en sus cuestionamientos al nuevo proyecto señalando que no se incluyeron verdaderas soluciones a temas controvertidos, como lo son el recuento general de votos –que cobró vigencia durante el proceso electoral legislativo– y la trashumancia –que tendrá mayor preponderancia en el proceso electoral regional–. “El nuevo Código planteaba soluciones a problemas que vienen de atrás, pero hay nuevas realidades”, expresó Novoa, quien llamó la atención en que ha pasado de agache la necesidad de mayores controles al registrador. Para él, más allá del Código Electoral, lo que realmente necesita el país es una reforma política y de la arquitectura del CNE. Sin estas dos modificaciones en el ordenamiento colombiano, según Novoa, el nuevo código electoral puede resultar infructuoso.
Una posición muy similar expresó la Misión de Observación Electoral (MOE), a través de su directora, Alejandra Barrios. Para ella, antes de pensar en un nuevo Código Electoral, se debería dar prelación a una reforma política y a la arquitectura del sistema electoral. “No podemos seguir teniendo un CNE cuando no hay confianza en ese tribunal, que no maneja recursos y no tiene independencia. Además, hay una entidad superpoderosa que es la Registraduría, que no tiene que hacer consultas para tomar decisiones”, dijo Barrios. Por eso destacó que en el Congreso está haciendo carrera un proyecto, del senador Humberto de la Calle, cuyo objetivo es ponerle fin al CNE y crear un tribunal electoral independiente, que no tenga que ver con la elección partidista de los magistrados, como actualmente ocurre.
“El otro proyecto importante es que se debe avanzar en una reforma constitucional para poner en cintura a los partidos con la lista cerrada”, enfatizó la directora de la MOE, haciendo nuevamente referencia a la necesidad de una reforma política. Y luego de apuntar a los dos proyectos que deberían tener prelación sobre el Código Electoral, hizo dos observaciones. Lo primero es que se estaría usando lo del Código para hacer reformas veladas al sistema político y a la arquitectura electoral, cuando esto debería realizarse a través de un acto legislativo, para modificar la Constitución. “El Código solo debería destinarse a temas de mera mecánica electoral”. Y por otro lado, advirtió Barrios, no tiene sentido hacer una reforma al Código de forma previa a un cambio en la organización política y de la arquitectura electoral, pues muchos de los cambios podrían quedar obsoletos a los pocos meses. “Están demostrando que están muy apresurados y no se está pensando bien en la priorización. Se está haciendo un sancocho y vale la pena definir cuáles son los temas realmente importantes”, concluyó Barrios.
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