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Le arrebata los poderes que el Constituyente de 1991 le entregó a la justicia con el fin de moderar el fuerte presidencialismo heredado de la Constitución del 86. No cuenta con un amplio consenso institucional y de la sociedad. No contiene medidas efectivas para enfrentar la congestión y morosidad en la justicia y hasta suprime instrumentos diseñados para la moralización de la actividad parlamentaria, eliminando, por ejemplo, la figura de la silla vacía.
Son algunos de los reparos que plantea la recién creada ‘Coalición Ciudadana por la Justicia’, integrada por ex constituyentes y voceros de organizaciones sociales y entidades no gubernamentales, que ayer en una carta enviada al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y a los presidentes de las comisiones primeras de Senado, Luis Fernando Velasco y Cámara, Adriana Franco, solicita una audiencia pública a fin de ampliar sus puntos de vista y presentar propuestas que consideran indispensables para mejorar el proyecto de acto legislativo en curso.
Y es que según la ‘Coalición’ —de la que hacen parte, entre otros, exconstituyentes como María Teresa Garcés, Otty Patiño, Iván Marulanda y Juan Pérez González, además de Elisabeth Úngar, de Transparencia por Colombia; Armando Novoa, de Plural y Alejandra Barrios, de la Misión de Observación Nacional— la reforma a la justicia debilita la figura de la pérdida de investidura y suprime los incentivos para atacar la corrupción política. En su concepto, se va a afectar la transparencia de los procesos de reforma constitucional, pues se permitirá que congresistas que tengan conflictos de intereses, es decir, que se encuentren investigados por parapolítica o corrupción, participen en la votación de la reforma y en las leyes que reglamentan la figura de la pérdida de investidura.
En su carta, la ‘Coalición Ciudadana por la Justicia’ advierte que el proyecto debilita la autonomía de los órganos de control y los convierte en oficinas menores del Congreso de la República. Asimismo, politiza el gobierno de la Rama Judicial y entrega una sobrerrepresentación a la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura. “El proyecto rompe con el sistema de pesos y equilibrios establecido en la Constitución del 91”, concluyen.