Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Esto parece explicar el rumor, cada vez más fuerte, de la existencia de una orden de hundir la reforma. Decisión que, de ser cierta y aceptada por la bancada uribista con asiento en la Comisión Primera, acabaría los conductos regulares para salir de la crisis, hundiría al Congreso hasta el fondo de la ilegitimidad y dejaría al país a la deriva de una posible salida de facto con todo el peligro que este hecho puede acarrear.
La crisis del Congreso, que lo ha llevado a tener 33 parlamentarios presos y cerca de 70 investigados por sus vínculos con grupos armados y bandas de narcotraficantes, tiene su última oportunidad de superarse con las sanciones previstas en la reforma política. Ya no hay tiempo para otra reforma constitucional y la ley estatutaria que estipula sanciones políticas no pasa de ser una burda burla. Por otro lado, un referendo constitucional, una consulta popular y mucho menos una constituyente son viables, dado que los tiempos de su posible aprobación los convierten en inocuos.
Si la reforma no pasa seguiremos con un Congreso que legisla con la representación política que paramilitares y narcotraficantes lograron alcanzar. Seguiremos con un Congreso que elegirá a seis magistrados de la Corte Constitucional el próximo período y que definirá el nombre de funcionarios como el Fiscal o el Procurador. El Gobierno debería entender que unas mayorías y una gobernabilidad en estas condiciones no tienen razón de ser.
Conoce más