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Aunque la primera legislatura de este Congreso termina oficialmente el 20 de junio y se puede extender unos días más, por cuenta de las sesiones extraordinarias, varios congresistas consideran que ya se acabó el tiempo de discutir y aprobar proyectos. Es poco probable que a la sesión del martes, después del puente festivo del Día del Padre, lleguen las mayorías que se requieren para sacar adelante los actos legislativos pendientes.
Con este panorama, el Gobierno y su bancada tratan de acelerar cualquier debate y ganar el apoyo de la mayor cantidad posible de congresistas, incluso si para eso deben convencerlos de desobedecer las órdenes de sus partidos. Por estos días, el Congreso Nacional parece ser la nueva oficina del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien corre por los pasillos para visitar comisión por comisión, da discursos en las plenarias, habla con todas las bancadas y siempre está pendiente del celular.
No es para menos. En estos meses, el gobierno de Gustavo Petro se jugó varias cartas y se robó el protagonismo de la discusión legislativa con sus proyectos. Arrancó con pie derecho gracias a una poderosa coalición que le alcanzó para aprobar la reforma tributaria, la ley de paz total, el presupuesto general y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2024.
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Era una aplanadora que andaba con el apoyo de los partidos Conservador, Liberal y de La U, que durante ocho meses tuvieron participación activa en el Ejecutivo. Todo esto cambió con la llegada de las llamadas reformas sociales (salud, pensional y laboral). La primera, liderada en un principio por la entonces ministra Carolina Corcho, ocasionó dos remezones ministeriales y dinamitó la coalición de gobierno.
Los partidos, además de varias organizaciones y gremios del sector, criticaron la iniciativa porque, según ellos, fragmenta el servicio, elimina la libertad de elección para los pacientes, dificulta el flujo de recursos y le otorga mucha relevancia a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
Tras casi dos meses de discusiones y polémica, el Gobierno convenció a las mayorías de la Comisión Séptima de la Cámara y salvó la reforma en su primer debate; sin embargo, el desgaste político les pasó factura a los demás proyectos.
Los partidos implementaron la estrategia de desarmar el quórum decisorio para retrasar los debates, lo que algunos califican como el “plan tortuga” contra las reformas y otros como un simple acto legítimo de protesta.
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La reforma pensional pasó a regañadientes su primer debate en la Comisión Séptima del Senado y se salvó. En cambio, la laboral sigue en veremos y tendrá la última oportunidad este martes. Aunque la reforma a la salud ya está asegurada, lo más probable es que el segundo debate en plenaria se deba dar en extras o quede aplazado hasta la próxima legislatura.
Hay otros proyectos aún más enredados. La regulación del cannabis de uso adulto, que, a pesar de ser iniciativa de congresistas cuenta con respaldo del Gobierno, podría quedar archivada en el último de sus ocho debates. Necesita 54 votos que solo alcanzará con el respaldo de todos los senadores del Pacto Histórico, la Alianza Verde, Comunes y el Partido Liberal, además del de Cambio Radical y La U. Se trata de un reto mayor, teniendo en cuenta el ausentismo que predomina por estos días en el Congreso.
El proyecto de ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales y el de humanización del sistema penitenciario son los más afectados. El primero, pieza clave en la apuesta de paz total del presidente Petro, cuenta con ponencia positiva, pero no ha sido discutido hasta el momento, por lo que será archivado y tendrá que ser radicado nuevamente el 20 de julio. Lo mismo pasa con la propuesta de humanización, que busca mitigar el hacinamiento en las cárceles e incentivar la justicia restaurativa, eliminando algunos delitos del Código Penal.
Es de resaltar que, además de los proyectos del Gobierno, en el Congreso se han discutido y aprobado otras iniciativas como la reducción del receso legislativo, que ahora será de un mes menos, y la nueva ley de paridad de género, que incrementa al 50 % la participación de las mujeres en cargos del poder público. También se aprobó un proyecto de matrícula cero para las universidades públicas, la prohibición del uso de animales en protestas, el Código Electoral y la ley para prevenir la violencia política contra las mujeres.
La última cita de la legislatura es este martes y, además del poco tiempo para aprobar lo que falta, es posible que la oposición reclame su derecho a presidir la plenaria del Senado, lo que terminaría de hundir el proyecto de cannabis y otros en los que esté interesado el Gobierno.
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Por David Efrén Ortega
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