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El gobierno del presidente Gustavo Petro se alista para enfrentar una de las semanas más fuertes en el Congreso, pues quiere lanzar sus cartas para que no naufraguen los tres ejes legislativos prioritarios para el cierre de su administración: la reforma a la salud, el presupuesto de 2026 y la controvertida ley de sometimiento. Todo esto se presenta en medio de un panorama en el que la Casa de Nariño ha empezado a ventilar las intenciones de una asamblea constituyente o una consulta popular para ejercer presión desde las calles.
La primera discusión se retomará en la Comisión Séptima del Senado con la reforma a la salud. Las cargas en esta célula están divididas en cinco votos de respaldo a la ponencia de archivo presentada por Centro Democrático, cinco a la positiva de la bancada oficialista, y tres respaldos a la ponencia alternativa. Sin decisión clara se encuentra Berenice Bedoya (ASI), voto que podría ser clave en la definición de este proyecto.
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La iniciativa está en un duro debate público en el que incluso el presidente Petro ha entrado en la discusión, asegurando que los ajustes al articulado inicial del oficialismo derivan, desde su visión, en el uso de recursos públicos para saldar deudas de las EPS, que son de carácter privado. Pero, en contraste, los que buscan un texto alternativo, entre quienes están las senadoras Norma Hurtado (la U), Lorena Ríos (Justa y Libres) y Ana Paola Agudelo (Mira), responden que su intención es frenar una posible estatización del sistema de salud, que terminaría administrado desde el apartado financiero por la Adres.
Sin embargo, al no contar con los votos para aprobar el texto que llegó desde la Cámara, la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico) abrió una posibilidad de diálogo para buscar consensos con las tres senadoras, manteniendo la columna vertebral de la propuesta oficialista; no obstante, aún no es claro los puntos en los que buscan acuerdos. La posibilidad, aunque lejana, no es vista con malos ojos desde el Ejecutivo. “Lo que se trata es buscar un acuerdo para salvar la reforma”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Desde la oposición, su principal sustento es la “inconveniencia” del proyecto ante una agudizada crisis en el sistema de salud. A este argumento se le suma el aval fiscal, que en el lapso de cinco meses tuvo seis modificaciones y, según los parlamentarios, no deja claridad sobre cuál será el origen de los fondos para la recuperación de este sistema y garantizar su sostenimiento en el futuro. Sin embargo, el archivo no tiene las mayorías. Para ser aprobado requiere aún de tres respaldos más que hoy no se ven cercanos.
En todo caso,el senador Fabián Díaz (Verde) señaló que,si la reforma se hunde, apelará la decisión para intentar revivirla y que se tramite en una comisión con menos oposición. Esa escena ya la atestiguó el país cuando la cirugía al sistema laboral fracasó y luego fue revivida por el camino que indicó este legislador.
¿Derrotas en la Cámara?
Si bien la administración Petro ha logrado sostener mayorías en la Cámara durante tres años, este escenario estaría por cambiar ante los intereses electorales que crecen en la plenaria y en las comisiones, y que afectarían el trámite del presupuesto de 2026.
Tras la aprobación del monto por COP 546,9 billones en las comisiones económicas conjuntas, luego de una deducción en COP 10 billones por iniciativa de la representante Olga Lucía Velásquez (Verde), ahora la meta de la oposición está en restar COP 16 billones. Esto se sustenta en los riesgos que han advertido desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) alrededor de las finanzas del país.
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Las bancadas de Cambio Radical y Centro Democrático impulsarán una ponencia en este sentido, buscando respaldo de conservadores y sectores independientes. Sin embargo, ya que el presupuesto está atado a una posible reforma tributaria, congresistas que incluso han respondido positivamente al Gobierno darían respaldo a un nuevo recorte correspondiente a 16,9 billones de pesos para evitar la creación de nuevos impuestos y quedar ligados a este proceso previo al arranque de sus campañas con aires de reelección.
En el Senado las mayorías favorecerían a la ponencia opositora con al menos 60 votos de 104 posibles, mientras que en la Cámara no estarían lejos de postura: cerca de 100 congresistas de 186 podrían apoyar ese propósito. Según se estipula en la Ley Quinta de 1992, si una de las dos corporaciones no aprueba la propuesta, esta se hunde y mantendría el monto que respalda la Casa de Nariño.
Finalmente, se estima que a la Comisión Primera de Cámara llegue la ponencia sobre el proyecto de ley que busca crear un marco normativo diferenciado para las organizaciones criminales que se encuentran en diálogos de paz con el Gobierno Nacional. Esta “ley de sometimiento” ya finalizó sus audiencias públicas, pero los votos tampoco están del lado de Petro.
De hecho, fue este panorama adverso el que generó una disputa entre los ministros de Justicia, Eduardo Montealegre, y del Interior, Armando Benedetti, por el lento trámite del proyecto y las posturas cercanas a la oposición que habrían tomado figuras antes aliadas al Ejecutivo, especialmente de la bancada liberal. En esta célula se perfilan casi 20 votos contra el proyecto, frente a los 17 que configuraría el oficialismo; la balanza la pueden inclinar cuatro congresistas que siguen dudosos sobre su postura.
Al tiempo que el Gobierno está haciendo cuentas para intentar superar estos escollos en el Congreso luego de una semana de receso legislativo, en la Corte Constitucional inicia formalmente el estudio de otro proyecto que es prioritario para la Casa de Nariño y que ha sido usado para impulsar el relato constituyente.
Se trata de la ponencia que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez radicó sobre la reforma pensional, la cual está siendo monitoreada por el Ejecutivo ante lo que ha calificado de supuestos intentos de dilación para el hundimiento de este proyecto.
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Para el ministro Benedetti es claro que, de no lograr las “victorias” en sus proyectos clave, “se debe avanzar en la constituyente, ya que al Congreso le quedó grande todo. Necesitamos las reformas”. Esta bandera de indignación también ha sido enarbolada para movilizar a sus bases de cara a los procesos electorales del 2026 en los que el progresismo busca mantenerse en el poder.
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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
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