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A menos de una semana para que se lance oficialmente el calendario electoral, varios funcionarios de la Registraduría Nacional están revisando a detalle las bases de datos de la entidad con una misión clara que fue impartida por el mismo registrador Hernán Penagos: determinar cuántos difuntos han ido a las urnas en las últimas cinco elecciones.
Mientras un equipo de la Registraduría se encuentra enviando invitaciones, haciendo llamadas y ultimando todos los preparativos para el evento electoral del próximo 6 de marzo, el Grupo de Censo Electoral estudia con lupa cuántos colombianos muertos continúan en el registro de votantes y especialmente, si estos aparecen en el listado de ciudadanos que ejercieron su derecho al voto en los comicios de 2015, 2018, 2019, 2022 y 2023.
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La tarea en la que está la Registraduría de hacerle un barrido al censo inició luego de que el 13 de febrero se emitiera el Auto 024 de 2025 –en poder de este diario–, con el cual busca la cancelación de cédulas por muerte de su titular. La corporación, que ya ha detectado varios casos, aseguró que hay todo un “riesgo jurídico” en que cédulas de difuntos continúen en el sistema, pues este documento no es únicamente para la identificación, sino también, el que permite ir a las urnas, acceder a subsidios, préstamos, entre otros.
“Luego de las verificaciones y cruces de información contra las bases de datos de registro civil, identificación y censo electoral, los registros civiles de defunción en los cuales el Número de Identificación Personal (NUIP) del fallecido no se encuentre relacionado, o, se encuentre errado, las cédulas de ciudadanía deberán ser canceladas”, se lee en el auto.
En 2024 se llevó a cabo una depuración similar, pero este año toma una especial relevancia por la cercanía de las elecciones al Congreso y Presidenciales, que serán en mayo y junio de 2026 respectivamente, y en julio de haber segunda vuelta.
Solo durante el año pasado, se eliminaron del censo electoral más de 1.4 millones de cédulas. Además, de acuerdo con el registrador delegado en lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, más de 95.000 ciudadanos que integran el censo tienen más de 105 años, y más de 36.000 colombianos superan los 110 años.
“Muchas de estas personas probablemente no tienen un registro civil de defunción y por eso están habilitadas. Estamos realizando cruces con las demás bases de datos del Estado para tomar las medidas de exclusión del censo electoral”, indicó Suárez.
Aunque en toda elección surgen denuncias relacionadas con fallecidos votando, el último caso en llamar más la atención se dio en 2018, cuando las autoridades alertaron que en el departamento del Valle había 3.000 personas muertas inscritas para votar en las presidenciales de la primera vuelta.
Casos como estos son los que busca evitar el registrador Penagos, que aunque viene públicamente dando partes de tranquilidad sobre la transparencia y garantías que hay para las elecciones de 2026, sí sentiría cierta precaución con los comicios, pues hay un complejo panorama financiero que podría retrasar algunos recursos necesarios para adelantar procesos relacionados y todo parecería indicar que estarán marcados por una alta polarización.
Por lo mismo, el registrador ha advertido que está a la espera de una autorización desde el Ministerio de Hacienda para dar por iniciado el proceso de contratación para todo el tema logístico y tecnológico de las elecciones. La Casa de Nariño y directamente el presidente Gustavo Petro han lanzado varias advertencias sobre este asunto, pues teme que la firma Thomas Greg & Sons, que tiene el negocio electoral desde hace dos décadas, quede nuevamente seleccionada.
En todo caso, mientras Hacienda da el visto bueno para el levantamiento de recursos, Penagos espera un informe detallado de cuántos muertos han visitado las urnas en los últimos nueve años. La cifra exacta espera darla a conocer el próximo 6 de marzo en el evento de lanzamiento del calendario, al que están invitados Consejo Nacional Electoral (CNE), Procuraduría, Fiscalía, Ministerio del Interior, observatorios electorales, entre otras entidades que participan en las jornadas democráticas.
Según la Registraduría, para 2026 esperan aumentar el número de estaciones de autenticación biométrica dactilar y facial, con las que sería casi que imposible que un difunto salga en el registro de votantes.
Para las presidenciales de 2022, durante la administración de Alexander Vega (actual copresidente del Partido de la U), se desplegaron alrededor de 20.000 estaciones biométricas y para el siguiente año se espera subir esta cifra al menos a 60.000.
Igualmente, la entidad puso a disposición de la Policía Nacional 15.000 licencias para dispositivos móviles con los que ya se han realizado más de 12.000 registros biométricos.
Sin embargo, aún queda una tarea larga, pues la depuración del censo electoral dependerá también de la información que otorgue la ciudadanía, que es la que alerta sobre el fallecimiento; de las notarías del país, que son las encargadas de realizar los certificados de defunción, e incluso de Medicina Legal.
En paralelo, se está a la espera de cuándo se celebrará la próxima Comisión de Seguimiento Electoral que estaba agendada para la primera semana de marzo, pero con el reajuste del gabinete ministerial del presidente Petro, específicamente con la salida de Juan Fernando Cristo del Ministerio del Interior, quedó en vilo.
En esta cita, que será atendida por Armando Benedetti, ahora designado mininterior, se abordarán las problemáticas de orden público que atraviesan algunas regiones del país para trazar una hoja de ruta que le ponga freno a los delitos electorales. Allí, Penagos espera también comentar el informe que redactan sus funcionarios sobre los muertos que votan en Colombia.
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