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El presidente Gustavo Petro se acerca al epílogo de su mandato con varios frentes abiertos con otros poderes, entre estos el Legislativo, la Rama Judicial, los empresarios, la prensa y más. En esta lista también tiene un lugar especial el poder regional, que está a punto de cumplir dos años desde su última renovación en las elecciones territoriales de 2023. Durante todos esos meses, hay una constante en la relación de gobernadores y alcaldes con la Casa de Nariño: un diálogo tenso marcado por las declaraciones desafiantes de parte y parte por el factor presupuestal de por medio.
Varios gobernantes regionales han cuestionado al Ejecutivo por no financiar obras claves, como es el caso del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, con el Túnel del Toyo; o del gobernador de Bolívar, Yamil Arana, por la sede universitaria en los Montes de María. Desde el Valle, la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, han lanzado fuertes dardos contra el presidente por su negativa a financiar el Tren de Cercanías.
A esa ecuación se suma el tema de la seguridad, pues los embates violentos de los grupos armados en varias regiones han derivado en un reclamo al unísono de varios mandatarios locales contra el jefe de Estado. Como lo resaltó El Espectador en su edición de personajes del año 2025, varias gobernadoras han enfrentado esta escalada violenta y, además, han reclamado acciones del Gobierno.
“La situación de orden público agobia a los gobernadores y alcaldes como primeros respondientes y hace de las comunidades marginadas y de la niñez, en particular, las principales víctimas”, denunció Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó y vicepresidenta de la Federación Nacional de Departamentos en septiembre. En entrevista con este diario, la gobernadora del Meta, Rafael Cortés, señaló a la política del Ejecutivo de dialogar con grupos armados como la principal causa del fenómeno. “La paz total fracasó en el país, lo que se logró fue que estos grupos armados se fortalecieran”, dijo.
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A ellas se suma la gobernadora Toro, quien ante la ola de atentados y el impacto del narcotráfico en su departamento señaló que el presidente, a pesar de las peticiones, no ha implementado una estrategia de seguridad regional. “¿Acaso es mentira que la guerra antidrones la hemos tenido que asumir desde la gobernación porque el gobierno a su cargo no ha tenido cómo hacerlo?”, cuestionó Toro a mediados de este mes. De hecho, fue ella quien en octubre, desde Cali, lideró un pronunciamiento conjunto de los gobernadores para pedir redefinir la paz total. “No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo que haya corresponsabilidad del Gobierno Nacional”, explicó.
Es así que el presidente Petro se ha quedado con pocos aliados que respaldan los acercamientos con los grupos criminales. Uno de ellos es el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, quien en varias oportunidades ha resaltado que los diálogos han ayudado a disminuir las acciones armadas, el reclutamiento de menores y los desplazamientos. “Antes esto era el corazón de la guerra y hoy es el corazón de la paz”, dijo Escobar hace dos semanas, en un evento en el municipio de Roberto Payán junto al presidente y varios de los negociadores de paz.
El jefe de Estado no ha cedido en ninguno de estos pulsos y, por el contrario, ha mantenido un tono desafiante hacia el poder local. “Tenemos miles de hombres del Ejército en el Cauca, para defender el Cauca y el Valle del Cauca de los narcotraficantes armados. Decenas de nuestros hombres enviados bajo mis órdenes para defender la ciudadanía caucana y vallecaucana han sido asesinados al servicio del pueblo. Así que deje de mentir, señora gobernadora”, le respondió a Toro.
Contra el gobernador de Antioquia también ha lanzado fuertes dardos. “Señor gobernador, el proyecto político que abandera se fundó en una fuerte alianza entre el poder político y el narcotráfico en Antioquia y otras regiones”, le dijo cuando este lo señaló de estar en el bando contrario y “contemplar” a los grupos criminales.
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Con Rendón, de hecho, hay otro factor más que refleja la división entre el núcleo del Ejecutivo y las regiones. Presidente y gobernador han tenido fuertes encontronazos por la política del Ejecutivo de crear las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), que a juicio del gobernador y otros opositores a la medida pasa por encima de la autonomía territorial de los departamentos y le permite a Petro decidir sobre los usos productivos del suelo y establecer restricciones a ciertas actividades económicas.
“¿Para qué quiere que la tierra de Jericó viva de cosas inertes, cuando vive de alimentos? ¿A tanto llegó la codicia del oro, que ya no puede, gobernador, distinguir el agua y la vida?”, le respondió el presidente en uno de los varios trinos que dedicó al tema. Cabe destacar que en esta pelea el gobernador es respaldado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien le ha dicho a Petro que “dejó tirada a Antioquia” por la falta de financiación para proyectos estratégicos del departamento.
El impacto del choque de Petro con el poder regional
Las críticas de gobernadores y alcaldes contra el Gobierno se siguen acumulando. De hecho, a todo el inventario ya mencionado, en las últimas horas se han sumado los reclamos de algunos mandatarios regionales por la creación de zonas de concentración para el Clan del Golfo. Uno de los más molestos con la decisión es el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, quien dijo que nadie del Ejecutivo consultó con ellos los posibles impactos.
“La paz no es un logro de un gobierno, la paz es un logro del Estado. Y para que sea posible tiene que haber planeación, articulación y participación de todos los actores. Esto no puede ser una decisión tomada desde oficinas frías en Bogotá, desconociendo el territorio”, advirtió.
Así las cosas, en los ocho meses que le quedan a esta administración, que estarán marcados por un acelerón del presidente a sus políticas para intentar asegurar un legado, no parece haber una ventana para el diálogo entre poderes. El único tema que podría poner en sintonía las agendas de ambas esquinas es la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), recursos que desde el centro del país se envían a las entidades territoriales.
Tras la aprobación en el Congreso del aumento del porcentaje de los recursos de la Nación que se giran a las regiones, se tendrá que dar un diálogo de mandatarios y legisladores para sacar adelante una ley de competencias que defina qué responsabilidades tendrán los actores. Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ya radicaron el articulado.
Por otra parte, lo que está en juego son los intereses electorales del presidente Gustavo Petro y de las estructuras políticas regionales que, al final de cuentas, son las que mueven los votos. En 2022, la fórmula del Pacto Histórico se quedó con las mayorías del Caribe, el Pacífico, parte de la Amazonía y Bogotá, fenómeno que explica su victoria.
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Desde el oficialismo apuntan a repetir ese resultado, pero en el camino se encontrarán con la resistencia de algunos clanes regionales al proyecto político petrista. De hecho, en los últimos meses el presidente incluso ha perdido respaldo de sus aliados, como es el caso de Magdalena, donde el barón electoral Carlos Caicedo se ha distanciado del Gobierno e incluso tomó un camino alterno al del llamado frente amplio para su candidatura presidencial.
Sin embargo, el presidente mantiene vivas las alianzas con grupos políticos como el clan Torres de Puerto Colombia (Atlántico), esto a través de su ministro de la política. También se acercó, en los últimos meses, a Carlos Amaya, gobernador de Boyacá y considerado uno de los principales jefes de la Alianza Verde. En las toldas oficialistas esperan que a estos bloques se sumen los de los congresistas de La U, el Liberal y el Conservador que, a pesar de la oposición de sus directivas al Gobierno, siempre ha mantenido una cercanía con el Gobierno a través de los acuerdos burocráticos.
El presidente Petro y particularmente sus asesores de la Casa de Nariño preparan una agenda nutrida de visitas y encuentros regionales para inaugurar obras y promover políticas sociales que sin duda impactarán en la apuesta de reelegir al progresismo más allá de 2026. Así las cosas, la imagen común durante el próximo semestre, además de las peleas entre poderes, será la de un presidente que intentará reconectarse con las regiones y capitalizar esa movida en las urnas.
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