Revelan informe sobre retos de restitución de tierras en la Costa Caribe

El despojo de tierras en la Región Caribe no fue un fenómeno homogéneo, ni con los mismos objetivos en cada caso. Mientras en algunos departamentos fue clara la relación con la expansión de cultivos como la palma africana, en otros operó como un catalizador de antiguos conflictos por la propiedad de la tierra y, en algunos casos, permitió una nueva inversión de narcotraficantes y paramilitares de forma directa. Una situación que puede generar reacciones violentas, como las que ya se han visto, que pone en riesgo la adecuada implementación de la restitución de tierras a la que se ha comprometido el gobierno del presidente Santos.

Es el diagnóstico que presentará hoy la Corporación Nuevo Arco Iris en un estudio sobre los ‘Riesgos y retos de la restitución de tierras en la Costa Caribe’. En él, se plantea la necesidad de desarrollar una campaña sobre los beneficiarios del despojo que implique sanciones sociales más allá de la ley, es decir, empresas e individuos que se lucraron de ello, “especialmente en departamentos como Sucre y Magdalena, donde la percepción social de la vinculación de élites políticas con grupos armados ilegales, economías ilícitas y mercados informales no tiene una connotación negativa”.

Y es que, según el estudio, en algunas zonas como el Urabá (Córdoba y Antioquia), la modalidad de la violencia de ‘tierra arrasada’ favoreció un cambio poblacional drástico y, posteriormente, un cambio productivo que culminó con la expansión de la propiedad dedicada al cultivo de palma y banano, y nuevas colonizaciones con estos fines en territorios de población desplazada y de mediana propiedad. Un caso similar, dice Arco Iris, se dio en Magdalena, donde la expansión del latifundio estuvo ligada con las masacres y los desplazamientos forzados masivos.

Por el contrario, en la zona de la sabana sucreña y los Montes de María, las características ganaderas y los tipos de élite “permitieron la apropiación masiva de tierra por parte de testaferros e inversores privados. Así se creó un núcleo cerrado de mercado cuyo ingreso dependía, en la zona norte del país, del nivel de ascendencia política”. Precisamente los procesos de ocupación de tierra, sumados a la compra por narcotraficantes, asentaron una relación de antagonismo entre las élites políticas y la población campesina, y al mismo tiempo de tolerancia y promoción de ejércitos privados y narcotráfico, que adquirió fuerza en los años 90.

El informe revela que, al día de hoy, según datos del sistema de información de la Pastoral Social, sólo el 11% de los desplazados tienen intención de retorno. Y, en ese sentido, sugiere la generación de programas de promoción del retorno, diferentes a los planes de choque y el trabajo sobre casos emblemáticos: “más que una política altamente focalizada, se requiere de una campaña global sobre la vuelta al campo”.

Una de las conclusiones fundamentales del estudio advierte que es prácticamente irreversible el cambio económico y productivo generado sobre la base de tierra despojada a la población campesina, lo que no implica que exista una mayor regulación a futuro, la creación de un mercado altamente formal de la tierra y la verificación permanente sobre las transacciones de la propiedad rural, al igual que estrategia de límite a la especulación sobre el valor de ella. “Esto remite a la inclusión de temas de más intervención en la estrategia de desarrollo rural que los consignados hasta el momento en las iniciativas de ley presentadas, que continúan siendo precarias y mal focalizadas”.

Asimismo, plantea ampliar el análisis de riesgos más allá de los datos gruesos y de acuerdo con las necesidades del entorno. En varias de las zonas de mayor despojo y abandono de tierras, una parte de los conflictos se presentará entre reclamantes de un mismo predio. “No es suficiente con diseñar una estrategia de regulación de la propiedad rural, que parece ser la intención primordial de la política pública, sino establecer una línea coherente de retorno, dado que la titularidad legal de la propiedad no representa disuasión para los grupos armados interesados en conservar la propiedad y mucho menos para las empresas que ya están en proceso de producción. Reversar la modificación de la economía rural que se hizo mediante la violencia va a ser casi imposible, por lo cual la estrategia de reubicación debe ser altamente concertada y cuidadosa con los predios otorgados”, concluye Arco Iris.