Revolcón a extinción de dominio

El meollo del asunto es que fácilmente un pleito de extinción de dominio se había convertido en una guerra jurídica entre abogados, con demoras en el trámite de hasta seis o siete años. Un claro ejemplo es la situación de Drogas La Rebaja, cadena de droguerías que perteneció a los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del extinto cartel de Cali y actualmente presos en cárceles de Estados Unidos. Tras cambiar la composición accionaria de la empresa y entregarla a la cooperativa, la Ley decía que se tenía que notificar personalmente a cada uno de sus socios, que eran cientos. ¿El resultado? Hasta hoy no se han acabado de notificar.

Para ponerles coto a casos como este, la Ley señala que a partir de ahora la notificación podrá hacerse personalmente o por edicto. “Es que los procesados literalmente le mamaban gallo a los juzgados, se escondían y así dilataban los procesos. Ahora se realizarán emplazamientos, que son publicaciones hechas en los juzgados y con ello es suficiente para cumplir con la notificación”, explica el representante Alfredo Deluque, quien fuera ponente en la Cámara del proyecto de Seguridad Ciudadana.

Pero además, la Ley acoge el procedimiento oral para la extinción de dominio, de tal manera que en audiencia pública se resuelvan todos los temas. De esta manera, si antes un proceso demoraba seis o siete años, hoy el Gobierno calcula que máximo serán tres meses. Los estudios adelantados por el Ministerio del Interior y de Justicia demostraron que en la actualidad hay bienes de Pablo Escobar que aún están en disputa jurídica gracias a esa estrategia de demorar y enredar los procesos.

Eso ha sido, según los expertos del Ministerio, parte del origen de la corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). “Con todas las trabas interpuestas por los abogados de los narcos, la DNE tenía que adjudicar el manejo de los bienes provisionalmente mientras que los procesos salían y fue así como eso se volvió negocio, porque se adjudicaba provisionalmente un bien por 10 años”, explica un asesor que participó en la elaboración de la iniciativa.

Otro de los cambios fundamentales y que el Gobierno sabe le traerá críticas tiene que ver con que a partir de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la competencia de los procesos de extinción de dominio quedará en manos de los jueces de Bogotá. Hoy dicha competencia le corresponde a los jueces especializados de todo el país y a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación. Este esquema hace que ejercer el control en los sitios donde están los bienes sea una tarea problemática, por lo que se optó por centralizar todo en la capital.

Y otro punto clave: se le da competencia a la Contraloría General para comenzar los procesos de extinción contra los delitos relacionados con corrupción, lo que implica, por ejemplo, que casos como el de los Nule puedan ser cobijados por la norma. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos está convencido de que al tema de la corrupción hay que darle el tratamiento de los carteles del narcotráfico, porque mientras sea negocio tumbar al Estado, habrá quienes quieran hacerlo.

El revolcón es tal que la Ley incluye también una disposición que le permite a la DNE ordenar la venta de bienes incautados pero no extinguidos, con el fin de que éstos no tengan que ser administrados por la entidad. Cuando finalice el proceso de extinción, si la sentencia no es favorable al Estado, se deberá restituir el dinero por el valor presente. De lo contrario, éste será destinado a programas de la política antidrogas, prevención y control de consumo de estupefacientes y construcción de nuevos centros penitenciarios.

“Esta norma evita que se presenten demandas contra la DNE por deterioro de los bienes incautados, mientras se define el proceso de extinción de dominio”, explica el viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo.

Sin embargo, cabe decir que aún existen dudas sobre la verdadera posibilidad de aplicar esta medida. Según conoció El Espectador, el equipo jurídico del Gobierno está analizando la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que declaró inexequibles los decretos expedidos bajo el amparo de la emergencia social por el invierno, en los cuales se incluyó una iniciativa en ese sentido, que se cayó por la declaratoria de inconstitucionalidad de dicha emergencia.