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El testimonio de Ricardo Roa, el hombre que supervisó cada una de las movidas financieras de la campaña del presidente Gustavo Petro y se encargó de administrar todos los recursos que ingresaron y se gastaron, puede ser la pieza clave que esclarezca si hubo o no irregularidades en las toldas del ahora jefe de Estado durante la primera y segunda vuelta de las presidenciales del 2022.
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Es por eso que Roa, quien pasó de ser el gerente de la “campaña del cambio” y uno de los consejeros más cercanos a Petro en los intensos meses de campaña a ser el presidente de Ecopetrol, le dijo a El Espectador que cumplirá la citación que le hizo el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 26 de febrero, a las 2:30 de la tarde. Será versión libre.
Su citación –notificada en el auto 13 del 19 de febrero– hasta ahora es la más importante dentro del expediente Petro en el CNE, pues su versión no solo será entendida por la organización electoral como la voz oficial de la campaña presidencial, sino también, podría darle importantes respuestas y aclararle el panorama al magistrado Benjamín Ortiz (Partido Liberal), quien ya completó un año revisando los libros contables de la campaña, solicitando facturas, llamando a testigos y buscando si algunos señalamientos de presuntas irregularidades en la campaña son verdaderos o falsos.
Lo cierto es que el caso se ha manejado en el despacho de Ortiz con un nivel de hermetismo que, incluso, ha llegado a generarle malestar a los demás magistrados, ya que consideran que podrían estar más informados de las pistas que se han venido siguiendo, y sobre todo, de cuáles han sido los hallazgos.
Pese a esto, los miembros del CNE saben que, ya que se citó a Roa y se pidieron otras importantes pruebas, en cualquier momento se radica una ponencia –algunas fuentes hablan de que se imputarían cargos administrativos– para que sea discutida en la sala plena del tribunal electoral, donde las cargas estarían cinco a favor del pliego y tres contra este.
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Sin embargo, este paso se daría después del próximo lunes, cuando Roa asista a las instalaciones del CNE –junto con su abogado, Germán Eduardo Palacio Zúñiga, y Julio César Ortiz (apoderado de Petro)– y responda los cuestionamientos del magistrado Ortiz.
Entre las preguntas está si la campaña les giró dinero a algunos de los más de 80 mil testigos electorales que inscribió el Pacto Histórico ante la Registraduría; y si hay o no facturas de servicios contratados por la campaña anuladas para así no sobrepasar el tope de gasto, tal como lo señaló la empresa auditora Nexia Montes & Asociados. También a qué podría haberse referido el otra vez embajador Armando Benedetti cuando aseguró que ingresaron $15 mil millones de manera irregular y por qué no se reportaron los $500 millones que donó Fecode a Colombia Humana y que, según el expediente, se habrían gastado en la campaña.
Aunque el exgerente señaló que no dará pronunciamientos por recomendación de su abogado, en anteriores oportunidades ha mencionado que tiene las cuentas claras y que no se incurrió en faltas en la primera ni en la segunda vuelta. Pero el nombre de Roa no solo aparece en el expediente a cargo del CNE. También está en el de la Fiscalía, que alista una imputación de cargos penales por estar presuntamente relacionado con el cheque que donó Fecode para la campaña y que no se habría reportado.
Además de Fecode y Colombia Humana, El Espectador estableció que la entidad liderada temporalmente por la fiscal (e) Martha Mancera está analizando si abre otra línea investigativa por supuesta triangulación de dineros, similar a la que supuestamente se gestó con sindicato de profesores, pero a través de otros partidos que actualmente hacen parte de la coalición petrista.
Mientras esto sucede, Ortiz no solo se prepara para recibir a Roa. También revisa a detalle el libro de cuentas que le entregó Colombia Humana, en el que se evidencian sus ingresos y gastos de funcionamiento para la vigencia 2022, así como las facturas de cuatro empresas de giros a través de las cuales se les habría pagado entre $30 mil y $60 mil a testigos.
Además, espera que la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi Real Estate S.A.S) –contratada por el Pacto en la campaña para realizar viajes–, le entregue una “copia íntegra de los libros de vuelo en los que se identifiquen los datos de todo pasajero transportado”. La DIAN también deberá entregar copia de la facturación electrónica de la firma.
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Con estos documentos, el CNE podría determinar si se habrían anulado nueve facturas electrónicas expedidas con motivo de trayectos aéreos realizados por Petro y su equipo –entre los que habría congresistas– con Sadi, empresa que también aparece mencionada en otros expedientes que están en la Corte Suprema de Justicia y se relacionan con los recursos de la campaña.
Otra factura que estaría en incertidumbre es la de la empresa Olimpo Seguridad, que prestó el servicio de seguridad en la campaña Petro, pero que de acuerdo con la misma firma que hizo auditoría a los libros contables del Pacto fue anulada y luego registrada por un menor valor.
De comprobarse una anulación de facturas, fácilmente la campaña violaría el tope de gasto permitido por la ley, todavía más cuando está apenas a $130 millones de hacerlo. Roa puede ser la pieza clave para culminar el expediente y quien traiga las respuestas que el CNE busca desde febrero del año pasado.
Los posibles hallazgos, así como la presentación de un pliego de cargos, se daría en medio de un tenso ambiente en el que el presidente Petro asegura estar siendo hostigado para incumplir con su proyecto político, ha ejecutado cambios importantes en su gabinete y en el que las movilizaciones callejeras impulsadas por la Casa de Nariño –y otras promovidas por la oposición– se volvieron un pulso para mostrar un supuesto apoyo popular.
Lea el auto del CNE completo:
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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