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Desde las elecciones locales de 2011, por ley, la Registraduría Nacional debía habilitar la verificación de huellas dactilares electrónica mediante el sistema conocido como biometría. Sin embargo, para las votaciones al Congreso de hoy, solo el 1,15% de las mesas contó con ese sistema de identificación.
El Espectador recibió varias quejas de votantes en todo el país que denunciando que, para votar, solo les fue exigida la cédula. Es decir, no tuvieron que poner su huella dactilar ni su firma para poder sufragar.
De esa manera, los jurados de votación, y la misma Registraduría, no tienen ningún recurso técnico para poder contrastar la identidad del votante. Solamente cuentan con las listas de cédulas en las que se resaltan las identificaciones que se acercaron a la mesa.
“Sin posibilidad de contraste, los riesgos de fraude electoral se incrementan”, afirma Daniela Sierra, abogada de la Misión de Observación Electoral.
Una de las modalidades de fraude que podrían ocurrir en estas elecciones tiene que ver con la posible compra de jurados. Sin un control técnico, jurados sobornados pueden rellenar las planillas con los votos que los corruptos requieran y desaparecer el mismo número de certificados de votación.
También, se puede dar la recolección irregular de cédulas. Una vez el político recoge identificaciones a cambio de dinero, va al puesto de votación donde su equipo de asesores se hace pasar por elector. Es más, una sola persona podría votar varias veces con distintas identificaciones.
La Registraduría, por su parte, ha dicho que le fue imposible instalar toda la tecnología necesaria para aplicar los controles de biometría por dificultades presupuestales.
Además, también hay denuncias de fallas en el sistema de identificación electrónico.
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