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El mismo día en que el presidente Gustavo Petro reveló que presuntamente redes integradas por militares y civiles estarían comercializando armas y material explosivo robado del Estado colombiano, y un día después de que 9 militares murieron en medio de un accidente de helicóptero en Bolívar, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue convocado a rendir cuentas en el Congreso por tres asuntos: el supuesto debilitamiento de la Fuerza Pública durante la actual administración, la estrategia de inteligencia y contrainteligencia, y la presunta contratación de un software espía.
Según datos de la Comisión Segunda del Senado, que citó al ministro a un debate de control político este martes, el presidente Petro llamó a calificar servicios —solicitó la salida— de al menos 60 generales y almirantes hasta octubre del año pasado, y la cifra sigue creciendo. Además, en la Policía, 7 generales habrían dejado sus cargos en 2023, sumándose a los 22 que salieron en 2022.
De acuerdo con el senador Óscar Mauricio Giraldo, del Partido Conservador, esto ha dejado a la institución “en uno de los momentos más difíciles y críticos en materia de lucha contra el narcotráfico y la delincuencia común”, así como se estaría generando un ambiente de desconfianza e incertidumbre sobre la estabilidad jurídica de los miembros.
Pero el control político no fue llevado a cabo únicamente por partidos distantes al Gobierno, ya que la senadora Jael Quiroga (Pacto Histórico), militante de la UP y quien ha sido víctima de amenazas, hostigamientos e interceptaciones ilegales en gobiernos pasados, expresó su preocupación sobre la presunta compra del software espía Pegasus por parte del gobierno de Iván Duque y el uso actual del mismo. No obstante, en medio del debate de control político, Velásquez negó que el Estado hubiese adquirido ese programa durante este o la anterior administración.
El ministro informó que la inteligencia militar y policial no utiliza software o equipos con capacidad de intrusión en telefonía. “Respecto a la adquisición de equipos idóneos para el desarrollo de actividades de inteligencia y contrainteligencia, siempre se realiza en observancia de la Constitución y la ley”, explicó. Eso sí, según datos de la Jefatura de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el presupuesto asignado al subsistema de inteligencia y contrainteligencia del Ejército asciende a $38.424.347.689 y a noviembre de 2023 se habría ejecutado $31.746.268.569, es decir, el 83%.
Resuelto ese asunto, el ministro explicó en detalle el supuesto debilitamiento de las Fuerzas Militares y de Policía, que según congresistas, estaría relacionado con el despido de militares, pero también a la supuesta falta de mantenimiento de la flota de aeronaves, lo que habría provocado el accidente del helicóptero en Bolívar. No obstante, el ministro aseguró que ya se realizó una investigación y que en ese caso en particular, no fue la falta de mantenimiento lo que ocasionó la caída del helicóptero. “Es muy probable que haya sido por una situación de mal tiempo”, dijo el jefe de la cartera.
De otro lado, argumentó que el retiro de generales ha sido por una decisión voluntaria de aquellos que han prestado servicio. Este diario tuvo acceso a los datos del Ministerio de Defensa sobre los retiros de generales durante el actual gobierno y se habrían producido 25 retiros voluntarios en el Ejército, 4 en la Armada, y 6 en la Fuerza Aérea. Pero en la Policía, se registraron 30 retiros, y según las cifras del Gobierno, solo uno de ellos fue debido a un llamamiento a calificar servicios.
En todo caso, según la información del ministerio, en el país sí se ha presentado una disminución progresiva del número de generales en comparación con los últimos 10 años: “Pasamos de 156 generales en 2021, a 133 en 2022, a 117 en 2023″, señaló Velásquez. Pero en 2024 se estarían llevando a cabo procesos de ascenso. En total, entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de enero de 2024, se han retirado 68 generales y almirantes, lo que ha generado un clima de incertidumbre.
Además, el ministro intentó calmar las aguas en el Congreso, en donde han surgido duros señalamientos por los supuestos relevos inconvenientes y de inexpertos en la Fuerza Pública. Sin embargo, argumentó que esa situación, en realidad, revelaría que al interior de la institución hay espacio para el ascenso de los funcionarios. “Los cargos que requieren ser reemplazados han sido ocupados por oficiales superiores con una trayectoria de más de 25 años de servicio activo, mediante la renovación de los liderazgos y los altos mandos”, explicó.
Eso sí, aunque la fuerza pública indicó que los retiros son voluntarios, desde la Comisión Segunda aseguraron que algunos tenientes coroneles no están siendo convocados a cursos de brigadier general, y debido a eso y a su inconformidad con la administración, no tendrían otra opción que su renuncia. De hecho, a principios de marzo se conoció el retiro voluntario de nueve tenientes coroneles, siete mayores, seis capitanes y cuatro tenientes, firmado por el ministro de Defensa.
Según Velásquez, “justamente, cuando no se llama a curso a algunos tenientes coroneles, porque no tenemos tanto espacio para llamarlos a todos, pues los que no son llamados a curso ya deben ser retirados del servicio. Tienen unos tiempos específicos de permanencia, de manera que el no ascender conduce al retiro, que excepcionalmente se hace por llamamiento a calificar servicios, solo cuando algún oficial dice él no lo va a hacer”, explicó.
Pero, los señalamientos del Congreso no solo tuvieron que ver con la salida de generales, sino también con la escalada de la violencia en el país y la supuesta laxitud de las Fuerzas con los grupos armados en el marco de la política de “paz total”. Por ejemplo, según el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, las masacres verificadas en el segundo semestre de 2023 aumentaron del 11% respecto al del 2022.
Y según información del Ministerio de Defensa, aunque el número de masacres sí aumentó, se disminuyó el número de víctimas en un 3%. En lo corrido de 2023 se registraron 100 masacres con 331 víctimas, y en 2022 el número fue de 340 víctimas, es decir nueve menos que en 2023. En la mayoría de los casos sería autor un Grupo de Delincuencia Común, seguido por Grupos Armado Organizados como el Clan del Golfo y el ELN.
(Lea: “Lo que responden Name y Calle por mención en caso de los Carrotanques de La Guajira”)
Frente a la supuesta laxitud, Velásquez aseguró ante la Comisión Segunda del Congreso que se mantienen las acciones defensivas y no se ha suspendido ninguna de las acciones que desarrolla la Fuerza Pública en contra de las economías ilegales. “Las acciones de cese al fuego se limitaron a la suspensión de las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de la Policía. Pero el cese es sin perjuicio del cumplimiento de la obligación de la Fuerza Pública de preservar la integridad del territorio nacional”.
Por eso, en general, el ministro explicó que la existencia de los ceses al fuego no estaría limitando sus funciones, pero tampoco de las acciones ofensivas y operaciones especiales contra los grupos armados que no se encuentran en procesos de la paz total, con los que se ha acordado un cese al fuego.
A pesar de las explicaciones ofrecidas, persisten numerosos cuestionamientos sobre la gestión del Gobierno en materia de seguridad y defensa. Y la revelación del presidente Petro sobre presuntas redes que comercializan armas del Estado generó más dudas.
De hecho, el primer mandatario confirmó que “los explosivos con que volaron los retenes en la vía Medellín–Bogotá, hace algunos meses, provenían de Tolemaida” y que es probable que otra parte de ese arsenal robado haya sido desviado hacia puntos extranjeros en conflicto, como Haití, y a otros lugares donde opera el contrabando internacional de armas. Por el momento, hay una investigación interna, aunque pronto llegaría hasta la Justicia Penal Militar.
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Por Laura Duarte Sandoval
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