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Al participar en la instalación del Congreso Nacional de Municipios, en Cartagena, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez manifestó que el presidente Iván Duque y su grupo jurídico siguen haciendo la evaluación de la ley estatutaria de la JEP, aunque ante los escándalos de los últimos días, sugirió que debería revisar el procedimiento de selección de sus funcionarios. Reveló además que el Gobierno insistirá en una reforma política, incluyendo listas cerradas, y frente a la polémica por la aplicación del Código de Policía, dijo que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluye la capacitación a agentes y ciudadanos para su comprensión.
¿Qué piensa el Gobierno frente a las polémicas que se vienen dando en torno a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP)?
La JEP es una institución que se dio dentro de las normas constitucionales, pero sí hay que hacerle un llamado para que revise cómo funciona y cómo fue el procedimiento de selección de las personas que la conforman y si realmente se está impulsando un proceso transparente en el país. Es claro que la gente no quiere impunidad.
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¿Cuándo habrá decisión frente a la ley estatutaria? Hay sectores pidiendo objetarla…
Es un análisis que está haciendo el presidente Iván Duque, quien tiene la competencia desde el punto de vista de conveniencia de objetar, si así lo considera. Pero es un análisis muy detallado que se está haciendo desde el grupo jurídico de la Presidencia de la República.
¿El Gobierno va a plantear nuevamente una reforma política?
El 16 de marzo comienzan las sesiones ordinarias del Congreso y uno de los temas que se van a llevar es el de la reforma política. El llamado es para que hagamos de verdad un cambio en las costumbres políticas en del país. En octubre hay elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y juntas administradoras locales, es la oportunidad para comenzar a limpiar tanta corrupción. Gran parte de esta se genera cuando entran dineros ilícitos o indebidos a las campañas políticas territoriales, cuando se violan los topes de esas campañas. Por eso es el llamado es a que nos unamos todos. Y se ha dicho a los alcaldes: ellos, como jefes de las administraciones locales, deben dar ejemplo en ese sentido.
¿Y qué propuestas concretas llevará esa propuesta de reforma política?
Una de las modificaciones que vamos a proponer es acabar con el voto preferente, que haya listas cerradas y procesos de selección y ubicación de esas listas a concejos y asambleas, para que sean realmente democráticas. Lo otro es que ningún alcalde vaya a usar recursos públicos para hacer campaña política.
Contexto: ¿Qué es la ley estatutaria de la JEP?
Por cierto, hablando de alcaldes, hay muchos en líos por incumplimiento en contratación…
Son más de 450 alcaldes que han tenido dificultades por la falta de cumplimiento de todo el proceso de liquidación de convenios anteriores con el Ministerio del Interior. Esto ya está en manos de la justicia contenciosa y por eso se les ha hecho un llamado para que, antes de terminar sus periodos, puedan cerrar estos temas que están pendientes.
¿Esos procesos vienen de periodos anteriores a los que están actualmente en los cargos?
Sí, vienen de periodos anteriores, y muchos convenios fueron firmados con el Gobierno y no se liquidaron en debida forma.
¿El Ministerio les presta alguna asesoría?
Nosotros tenemos un grupo de abogados que está atento a apoyar a los alcaldes para efecto de poder hacer las conciliaciones, cumplir con los requisitos que hagan falta y las devoluciones de dinero que están pendientes, y apoyarlos para que puedan terminar esas liquidaciones en debida forma.
Siguen las amenazas y ataques contra los líderes sociales, ¿le quedó grande al Gobierno brindarles protección?
Nosotros tenemos un plan de acción oportuna para la protección de líderes sociales, comunales, defensores de derechos humanos y periodistas. Hemos visitado 15 sitios diferentes en todo el país, lamentablemente se ha identificado que esos hechos van de la mano con aquellas zonas donde hay disputa por el control de actividades ilegales, como el narcotráfico o la minería ilegal. Por eso, la acción del Estado es combinada en tres ejes: presencia de la Fuerza Pública para controlar el territorio desde el punto de vista de seguridad, presencia de entidades sociales y una coordinación y articulación con alcaldes y gobernadores.
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Sin embargo, el mismo Gobierno ha reconocido que faltan recursos…
La Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene un déficit presupuestal que obviamente el Gobierno Nacional tiene que garantizar, pero sí es muy importante que se conozca porque es un presupuesto que viene así desde el año pasado. A fines de 2018 se tuvo que hacer una adición presupuestal para garantizar el funcionamiento de la UNP y para este año incluso fue aprobado un presupuesto deficitario, pero los recursos tienen que conseguirse porque no se pueden parar los programas.
¿El Gobierno ha pensado en impulsar alguna reforma al Código de Policía ante las polémicas de las últimas semanas?
En el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno se comprometió a buscar una difusión del Código de Policía, encontrar como se puede implementar de una manera correcta, y vamos a trabajar de la mano con los ministerios de Justicia y Defensa y con la misma Policía en esa capacitación. Yo creo que lo que le falta al Código es capacitación y una buena ruta de implementación.
¿Capacitación a quién, a la Policía?
A la Policía y a la misma ciudadanía, porque este es un Código que trae el respeto por los derechos y también el ánimo de los deberes de los ciudadanos, es decir, debe ir en los dos sentidos.
¿Pero reconoce usted que ha habido abusos?
Más que eso, lo que interesa rescatar es que es una norma nueva, que requiere dar a conocer cuáles son los protocolos de implementación, hasta donde llega el límite de las autoridades y hasta donde los deberes de los ciudadanos.
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