Se prenden las alarmas por financiación ilícita

La oleada de denuncias sobre gastos desbordados y dineros dudosos en campañas al Congreso obligó al Gobierno a reaccionar y asumir el compromiso de estudiar todos los casos, buscando hacer respetar el marco legal que rige los comicios. El martes, el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, anunció que tras la puesta en funcionamiento de la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) se han recibido cuatro quejas sobre irregularidades en campañas, las cuales tienen que ver con compra de votos, retención de cédulas, funcionarios que actúan a favor de candidaturas, desviación de dineros públicos a favor de algunas campañas e inscripción irregular de cédulas.

Sin embargo, al ser indagado sobre la situación que se presentó el pasado domingo, cuando el presidente Álvaro Uribe llegó a un evento de Gobierno en Soacha con aspirantes del Partido de la U al Congreso —como Juan Lozano y Lucero Cortés— y el candidato de ADN Carlos Moreno de Caro, el Mininterior se limitó a responder que tomaría nota y que se investigaría lo sucedido.

Por su parte, la procuradora encargada Marta Isabel Castañeda dijo que ha recibido denuncias de participación en política de funcionarios en las campañas de parientes y amigos, al tiempo que reveló que también le informaron de la intervención de una persona involucrada con la parapolítica en un evento de campaña, eso sí, sin dar nombres propios.

El martes, en entrevista para la emisora Radio Paisa de Medellín, el mismo presidente Uribe le salió también al paso a la lluvia de denuncias, al recordarles a los directores de los partidos su responsabilidad en caso de que dejen ingresar a sus listas aspirantes que tengan líos judiciales. “Tienen que poner hoy todas las precauciones, todos los filtros, para que en las listas no haya personas que hayan tenido vinculación con grupos criminales, con grupos terroristas, y para que la financiación sea totalmente transparente”, expresó.

Los mayores reclamos sobre los supuestos dineros ilícitos en campañas y los gastos por montones han provenido de candidatos como Rafael Pardo, del Partido Liberal, y Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical. Incluso, Pardo acusó al Gobierno nacional y algunas administraciones locales y departamentales de estar financiando candidaturas.

En el ojo del huracán se encuentran movimientos como la Alianza Democrática Nacional (ADN) y el Partido de Integración Nacional (PIN), considerados reciclaje de Colombia Viva, el primero, y Convergencia Ciudadana, el segundo, algunos de cuyos integrantes resultaron involucrados dentro de la parapolítica. Pardo ha dicho, por ejemplo, que en el Valle del Cauca se asegura que ADN es financiado con dineros de la Gobernación.

El temor es que los anuncios del Gobierno sean sólo paños de agua tibia y se queden en eso: sólo anuncios, mientras las llamadas mafias que buscan quedarse con el poder político siguen actuando.. Álvaro Leyva, precandidato conservador, pidió “cárcel para quienes recurran a dineros ilícitos para financiarse”. La pregunta es: ¿Tienen las autoridades electorales suficientes herramientas para hacerle frente a esa amenaza? Muchos creen que no.

Extras fueron aplazadas

Ante el aplazamiento de las sesiones extras del Congreso, el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, dijo que el Legislativo es autónomo para tomarse el tiempo necesario para llamar al Gobierno a explicar el tema de la Emergencia Social. “Según la Constitución, es obligatorio presentar un informe al Congreso. El Gobierno tiene que convocar al Congreso dentro de los diez días siguientes de la terminación de la vigencia de la emergencia. Se convocó y el Legislativo tiene el derecho de tomarse el tiempo que requiera para evaluar los decretos”, dijo. El presidente del Congreso, Javier Cáceres, explicó que la sesión fue aplazada porque el Ejecutivo no envió el informe para sustentar la Emergencia. “Nombraremos una comisión de diez senadores y diez representantes para que avancen en el estudio de los decretos”, añadió el senador. De otra parte, la Corte Constitucional le solicitó al Gobierno que en un término de tres días explique con qué fundamentos declaró el estado de emergencia.