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Está probado que Colombia tiene dificultades para garantizar total transparencia en los procesos electorales. Precisamente, luego de un análisis reposado de la jornada del 25 de octubre del año pasado, cuando se eligieron alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles, se ha hecho más evidente que hay tareas pendientes con el objetivo de mejorar el sistema electoral colombiano
A dos años de las próximas elecciones de Congreso y Presidencia de la República, una vez más se prendieron las alarmas por lo que pueda acontecer a futuro debido a las irregularidades que se presentan. Por eso la plenaria del Senado adelanta hoy un debate sobre temas como la trashumancia, o trasteo de votos, y las fallas en la depuración del censo electoral en época de comicios.
La ineficacia en el sistema y la necesidad de poner en marcha una reforma —de acuerdo con el promotor del debate, el senador Armando Benedetti— están claras en el proceso que se sigue para la depuración del censo. Según Benedetti, este procedimiento siempre se ha hecho mal porque, aunque la Registraduría tiene varias herramientas para adelantarlo, ha debido acudir a las bases de datos del Fosyga, Sisbén y Anspe, pese a que lo lógico es regirse fundamentalmente por el Archivo Nacional de Identificación.
De otro lado está el preocupante panorama de una inocultable tendencia en el aumento del trasteo de votos, al comparar los procesos electorales que se han dado entre 2007 y 2015. Mientras en 2007 se anularon 389.371 inscripciones de cédulas por trashumancia, en 2015 esa cifra llegó a 1’605.109.
El panorama es más alarmante si se tiene en cuenta que el Departamento Nacional de Planeación descubrió a mediados de agosto de 2015 que en cinco departamentos del país se estaba manipulando el Sisbén para legalizar el trasteo de votos y, pese a esta advertencia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió usar esa base de datos para emitir su resolución de anulación de inscripción de cédulas a finales de septiembre.
De las elecciones de 2015 igual quedó la advertencia de que de 9.347 denuncias interpuestas ante el Ministerio del Interior por anomalías electorales, finalmente la Fiscalía recibió 2.042, de las cuales hay actuaciones procesales en apenas 362.
Finalmente está la necesidad de poner en marcha una reforma para que alguien en el Estado ejerza verdaderos controles sobre la Registraduría y el CNE. Ambas entidades, según Benedetti, son “ruedas sueltas” a las cuales nadie les pide cuentas. Los gastos totales de la Registraduría en 2015 fueron $601.194’315.169, mientras en el CNE llegaron a $13.818’210.000 millones.
El debate queda abierto frente a la necesidad de promover una reforma para fortalecer el sistema electoral, más aún cuando desde el Gobierno ya comienza a hablarse de la necesidad de ir abriendo camino para la eventual participación política de las Farc tras un acuerdo de paz.
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