Seguridad necesita celeridad

En estos tres meses, la acción decidida de la Fuerza Pública ha respondido con éxito a las amenazas de los violentos. Cuando todos esperábamos un Gobierno de continuidad en todo s los frentes, nos encontram os con un estilo reformista y progresista, sin que eso le haya implicado abandonar la lucha contra las Farc.

Las pretensiones de la guerrilla por demostrar una fuerza desestabilizadora al inicio de la administración, con más de diez ataques violentos en menos de un mes, fueron rápidamente conjuradas con consecuencias contundentes. El país y el mundo aplaudieron los resultados de la ‘Operación Sodoma’ y las permanentes acciones de todas las fuerzas institucionales armadas, que siguen mostrando fortaleza y decisión para mantener en el país la convicción de que estamos en un positivo proceso de cambio.

El presidente Santos ha establecido la política pública del consenso y la unidad nacional, lo que de por sí es un llamado a la convivencia. Ha asumido la responsabilidad de llevar las condiciones de normalidad a todo el territorio nacional y en ese sentido ha acogido también la seguridad ciudadana como una prioridad.

Las tres iniciativas legislativas que ha presentado este Gobierno en materia de seguridad y convivencia ciudadana, que incluyen modificaciones a los códigos Penal, de Procedimiento Penal y de Infancia y Adolescencia, y que actualmente están para consideración y trámite del Congreso de la República, permitirán estructurar las bases institucionales a partir de las cuales se pueda promover un cambio real de actitud de los colombianos para alcanzar un país democrático, incluyente y capaz de resolver las diferencias por la vía de la razón, antes que de la imposición y la violencia.

El Partido Liberal, en la última campaña presidencial, explicó a la opinión pública nacional la importancia de crear una política integral de intervención para la seguridad ciudadana entre la Policía Nacional, las autoridades locales y la comunidad. Sostuvimos que la seguridad ciudadana se soporta en cuatro principios fundamentales: la prevención, la cercanía al ciudadano, la información y la tecnología como instrumento para crear una política comunitaria eficiente. Propusimos, incluso, destinar un 30% del Impuesto al Patrimonio a la seguridad en las ciudades y crear la doble jornada en escuelas y colegios como medida urgente de prevención.

Hoy rescatamos esos principios, los cuales encontramos compatibles con las iniciativas que sobre la materia viene desarrollando el Gobierno. El propósito de Juan Manuel Santos de trabajar de forma prioritaria en temas de empleo, pobreza y seguridad, muy seguramente se verá traducido en una mayor tranquilidad de los colombianos. Sin embargo, cualquier iniciativa necesita celeridad, porque los altos índices de delincuencia e inseguridad en ciudades como Bogotá y Medellín nos siguen tomando ventaja.

Pese al rezago, las acciones del Gobierno en materia de seguridad han acrecentado la confianza de la ciudadanía frente a sus posibilidades de desarrollo. Hechos tan importantes como el apoyo decidido para las investigaciones trascendentales, como por ejemplo las interceptaciones ilegales del DAS, los delitos de lesa humanidad y la corrupción, le generan optimismo al país.

Es claro que falta mucho por hacer. El futuro del DAS sigue sin tener una solución aceptable; los hechos lamentables de los cuales son protagonistas miembros de la Fuerza Pública, como las violaciones y crímenes de niños hace poco denunciados, la violencia en las escuelas y colegios, las mafias incrustadas en sectores urbanos y las bandas criminales, indican que la tarea es ardua y que el Estado no puede desfallecer en sus políticas.

Pero es indudable que la intención del Gobierno en materia de seguridad y convivencia es de largo alcance. Incorporar a su gestión las iniciativas liberales sobre reparación a las víctimas, restitución de tierras, proyecto de ley de tierras y combate a la desaparición forzada, es un mensaje que debe interpretarse como la apertura de un camino hacia una Colombia justa, equitativa, segura y en paz. Una Colombia dispuesta al entendimiento y a lograr que en un futuro podamos trabajar, en democracia y con apego al Estado de derecho, mejores escenarios de progreso y desarrollo.

Algunos puntos del Estatuto

El Estatuto de Seguridad Ciudadana, que destaca Rafael Pardo y que fue presentado por el Gobierno, incluye: modificar el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones, para que también adicione los accesorios y las partes esenciales de armas de fuego y las armas de fabricación artesanal.

Otro de los puntos de la iniciativa es que algunos delitos graves para el orden público, que son excarcelables, tengan un aumento en las penas en delitos como la simulación de investidura o cargo público, la utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, la perturbación de actos oficiales y la usurpación de funciones públicas con fines terroristas.

Se eliminan, además, los plazos de vigencia de las órdenes de captura, de seguimiento y de registro, pues los mismos no tienen fundamento constitucional y su prórroga implica pérdida de tiempo para la fiscalía y la justicia.