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El senador Rodrigo Lara le solicitó a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad del decreto 4975 de 2009, a través del cual se estableció el estado de emergencia social en el sector salud, y de cuyo origen se derivó el resto de decretos que tienen en riesgo a los usuarios del sistema y que han vulnerado la autonomía de sus profesionales.
No se cumplen los requisitos que la jurisprudencia constitucional y la propia Carta Política imponen para la declaratoria de este estado, dijo Lara en un comunicado de prensa.
Teniendo como soporte las explicaciones que a lo largo del año 2009, el Gobierno entregó a la Comisión Séptima del Senado, concluyó que el Decreto 4975 de 2009, no supera los juicios fáctico, valorativo y de suficiencia que se ha utilizado en la revisión de los estados de excepción, dijo el senador.
En lo referente al juicio fáctico, porque los hechos alegados como soporte de la declaratoria no son sobrevinientes, ni extraordinarios; en lo concerniente al juicio valorativo, porque no se está en presencia de un peligro inminente para la estabilidad constitucional; y finalmente, en lo relativo al juicio de suficiencia, porque los hechos alegados pueden ser subsanados por los poderes ordinarios del Estado, dice el comunicado.
En su escrito, el senador Lara demostró cómo los hechos alegados eran plenamente conocidos por el Gobierno, por lo menos, desde el año 2007; y que su supuesta profundización se originó por fallos judiciales, frente a los cuales el Ministerio de la Protección Social no adoptó ninguna medida.
Puso de presente que el crecimiento en la demanda de medicamentos y servicios no cubiertos por el régimen de aseguramiento, tuvo su origen en la falta de actualización de los planes de cobertura, dejando al sistema anclado en medicinas y tratamientos obsoletos, cuya única vía de acceso para los usuarios del sistema es la acción de tutela, o eventualmente, la decisión de los Comités Técnicos Científicos, precisa el informe.
En cuanto al precio de los medicamentos, explicó cómo el origen de los sobrecostos, se derivó de la política del actual Ministro de Protección Social, quien los liberó de su régimen estricto control, a pesar de las advertencias realizadas por el Observatorio de Medicamentos de Colombia (OBSERVAMED), quien desde el año 2007, le puso de presente al Gobierno que esta política llevaría a la quiebra del sistema.
El senador Rodrigo Lara pide a la Corte que reitere su jurisprudencia, en el sentido de sostener que la mera invocación de un problema estructural, como lo es el de la salud, no autoriza la declaración de un estado de excepción, sin importar que su uso se dirija a resolver asuntos crónicos.
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