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Después de seis días de incertidumbre, la Procuraduría emitió su veredicto: el gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, fue destituido e inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 10 años, por indebida participación en política. La decisión, apelada por la defensa, se dio como consecuencia de una reunión efectuada el 20 de febrero pasado, a la que asistieron 21 alcaldes de municipios de ese departamento y en la que estuvo presente el entonces precandidato presidencial por el Partido Conservador Andrés Felipe Arias.
El encuentro se dio en una finca del corregimiento de Rozo, en el municipio de Palmira (Valle) y allí se efectuaron actividades proselitistas en favor de Andrés Felipe Arias, de acuerdo con las evidencias recaudadas por la Procuraduría. "Es un sitio donde se alquilan pesebreras, tiene una fluidez comercial y esas manifestaciones se estaban haciendo por el señor candidato Arias (…) esa es la situación que consideramos constitutiva y violatoria del derecho fundamental al sufragio y a la igualdad", afirmó la procuradora María Eugenia Carreño.
En las fotografías que se conocieron con posterioridad a la reunión se observa al gobernador y a Arias sentados en una mesa rodeados de lo que se denunció podían ser afiches alusivos al entonces precandidato. Terminada la diligencia de ayer, Abadía sostuvo que confía en la justicia y que en la cuestionada reunión no hubo participación en política. A su turno, la delegada Carreño informó que, según los términos legales, antes del martes de la próxima semana se conocerá el fallo definitivo. Preguntado sobre la reunión, que se prolongó por cerca de una hora, Andrés Felipe Arias confirmó que estuvo en el encuentro, pero dijo que su motivación fue escuchar "los problemas de endeudamiento que tienen muchas de las alcaldías". Por estos mismos hechos un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar en contra de Abadía por indebida participación en política. La denuncia la instauró el propio procurador Alejandro Ordóñez.
Desde tempranas horas de la mañana de este miércoles la polémica ya estaba servida. Trascendió en medios de comunicación que Abadía sería sancionado. Su abogado Jaime Granados se mostró disgustado por las filtraciones y, de hecho, durante la audiencia de lectura del fallo protestó formalmente. El lunes 3 de mayo, el senador Luis Élmer Arenas acusó ante el procurador Ordóñez al gobernador por su presunta injerencia en política en las pasadas elecciones al Congreso. Resaltó Arenas que Abadía llamó a políticos para que integraran las listas del partido ADN, al cual se le canceló su personería jurídica (ver recuadro).
A mediados de marzo se conoció una grabación en la que el padre del mandatario, Carlos Herney Abadía —condenado en el 8.000— dijo que su hijo respaldaba la candidatura de Arias “por orden del Presidente”. El gobernador lo desmintió y se mostró sorprendido por las declaraciones. Desde su posesión en 2008 su nombre estuvo vinculado al del ex senador Juan Carlos Martínez, acusado por la Corte Suprema de nexos con narcotraficantes y paramilitares en Buenaventura, y quien heredó el caudal político de Carlos Herney Abadía. A sus 30 años, la meteórica carrera del gobernador tambalea. Él insiste en su inocencia.
Otros fallos recientes
Mientras parte del estamento político del Valle del Cauca aún procesa la noticia de la destitución del gobernador Juan Carlos Abadía, la administración distrital sufrió recientemente, también por indebida participación en política, un fallo similar. El asesor de Políticas Públicas de la Alcaldía de Cali, Luis Alfredo Valenzuela Duque fue destituido e inhabilitado por 10 años por la Procuraduría.
En este caso se demostró que el funcionario intervino en favor de la candidatura al Senado de Mauricio Ospina, candidato del Polo Democrático, y hermano del alcalde de Cali Jorge Iván Ospina. Unas imágenes en video, que dan cuenta de una reunión en la Comuna 5 de Cali, el pasado 28 de enero, se constituyeron en la prueba reina para sancionarlo.
El pasado mes de abril, en decisión de primera instancia, el Ministerio Público separó del cargo e inhabilitó al gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González Mosquera, quien durante 10 años no podrá ocupar cargos públicos. La razón: autorizar una millonaria inversión riesgosa para las arcas del departamento, en la firma Probolsa S.A., de $16 mil millones que debían ser destinados a salud y educación.
Por el mismo caso, la Procuraduría ya había destituido e inhabilitado por 20 años al alcalde de Arauca, William Alfonso Reyes. Hace pocas semanas también, el organismo de control destituyó al gobernador del Putumayo, Felipe Guzmán Mendoza, tras hallarlo culpable de faltas gravísimas en la utilización de recursos públicos destinados para viáticos, en beneficio propio.
El entierro de ADN
La Alianza Democrática Nacional (ADN) nació con traumatismos. Fue la mutación del controvertido movimiento Colombia Viva, del que varios de sus miembros resultaron procesados por parapolítica. En enero el Consejo Nacional Electoral sancionó a ADN, al tiempo que crecían denuncias sobre la participación del gobernador Abadía en esa colectividad. Candidatos al Congreso confirmaron que el mandatario los llamó para que hicieran parte de las listas de ADN. Partidos como el Liberal, Verde y la U refrendaron esas irregularidades y aseguraron que desde la administración departamental llegaron recursos para financiar a ADN.
Tras la supresión de su personería jurídica, muchos de sus aspirantes pasaron a las filas del PIN, que logró obtener ocho curules para Senado en las elecciones del 14 de marzo.
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