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Si bien la ex secuestrada Íngrid Betancourt desistió de la indemnización por $15.500 millones que le pedía al Estado colombiano por sus seis años de cautiverio a manos de las Farc y, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, quedó cerrada toda posibilidad de que la ex candidata presidencial intente una nueva conciliación, su caso activó una avalancha de demandas de ex secuestrados que empezaron a alegar circunstancias especiales de su plagio para que se les repare.
En la tarde de este martes el ex diputado y secuestrado Sigifredo López calificó de inteligente la decisión de Betancourt de desistir de la conciliación, porque “el caso de ella es muy distinto. Ella asumió unos riesgos, a ella le dijeron que no fuera, a ella la rescató el Ejército Nacional”, aseguró.
Después de hacer la distinción, López contó que él instauró una demanda porque los 11 diputados del Valle del Cauca fueron sacados del centro de Cali, del edificio de la Asamblea en el momento en que estaban sesionando y, además, llevaban dos meses pidiendo protección, la cual no se concedió. “Tan es así, que el Consejo de Estado reconoció que había una falla en el servicio y le han dado indemnización ya a algunos familiares de diputados, obviamente en cifras moderadas, nunca estrambóticas”.
Sin embargo, después de la ola de críticas que vio caer sobre Íngrid Betancourt por su pretensión económica, el ex diputado del Valle lanzó una fórmula para que las víctimas sean indemnizadas sin afectar el presupuesto de la Nación: “No hay una democracia donde no se contemple la reparación a las víctimas como parte de un componente de la justicia. En Colombia lo que puede hacerse es que con los dineros y bienes incautados a las Farc y a los grupos armados ilegales se pueda reparar a las víctimas en general, no solamente a los secuestrados, sino también a los desplazados, a los huérfanos, a las viudas”.
Pero no es el único caso en que se buscará indemnización. El procurador 34 judicial administrativo de Neiva, Francisco Lizcano, reveló que los cuatro ex congresistas secuestrados del Huila demandaron a la Nación por más de 21 mil millones de pesos. Gloria Polanco y sus familiares demandaron al Estado por 12 mil 530 millones de pesos, Jorge Eduardo Géchem y su familia por 7 mil 380 millones de pesos, Orlando Beltrán, por 1.200 millones de pesos y Consuelo González, 80 millones de pesos.
Consuelo González aseguró que debido a que nadie del Estado se ha presentado para la conciliación, su abogado continuará con el trámite legal, pues a diferencia de Betancourt, ella no va a desistir. “Cada secuestro tiene unas características especiales”, dijo.
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