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Minutos antes de que el debate final del Plan Nacional de Desarrollo terminara en la Cámara de Representantes, al final de la tarde del jueves pasado, se aprobó, en medio de una acalorada discusión, un artículo que era una línea roja para el presidente Gustavo Petro: el de los mecanismos para facilitar la compra de tierras con el fin de hacer la reforma agraria. De tal calado era para el mandatario ese artículo, que a la hora de votarlo en la plenaria de la Cámara, además de que estaban allí el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, en el recinto apareció intempestivamente Mauricio Lizcano, recién posesionado ministro de las TIC, quien pese a que el tema poco tiene que ver con su cartera, y de forma discreta, se dirigió adonde se sientan los congresistas de la U para empujar la aprobación de ese artículo. Una vez aprobado, el ministro se retiró de la plenaria.
El camino que recorrió la compra de tierras para llegar hasta su aprobación en el texto final del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fue largo y tuvo como tras escena varios intentos del Gobierno por dejar un artículo más agresivo. El 25 de abril, el presidente Petro desde Zarzal (Valle del Cauca) dijo parado sobre la tarima, y al lado de la entonces ministra de Agricultura, Cecilia López, que el Congreso había quitado el artículo que permitía la compra de tierras para entregárselas a los campesinos. “El mismo Congreso de Colombia quita el artículo que permitía una negociación suave, pacífica, y obliga, si se quiere cumplir el Acuerdo de Paz, a expropiar a quienes tienen la tierra. Yo no entiendo si el Congreso de Colombia quiere guerra”, fueron las palabras del presidente.
Petro no se refería al artículo que siempre ha estado en el documento del plan —era el 55 en la ponencia del último debate y quedó aprobado finalmente como el 61—, sino a otros intentos que a través de proposiciones presentadas por congresistas del Pacto Histórico querían hacer modificaciones para que el artículo fuera más allá.
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Una era la que interpuso el representante Jorge Bastidas, pero que salió de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que aceleraba el mecanismo para que esa agencia adquiriera los predios que necesitara. Esa fue la que congresistas como Katherine Miranda y Paloma Valencia bautizaron y denunciaron como una “expropiación exprés”. Entre lo que generaba alarma para unos sectores, el artículo decía que si la etapa de negociación directa “se agota sin acuerdo con el propietario, [la agencia] podrá declarar el predio como de utilidad pública para la reforma rural integral”. Pero además, el artículo mencionaba explícitamente la presencia de la Policía, que estaba “en la obligación de apoyar” a la ANT.
Tras el ruido mediático, el Gobierno oficialmente le quitó el apoyo a esa propuesta de artículo y dijo que no era iniciativa suya. Esto, pese a que Gerardo Vega, director de la ANT, defendió en una entrevista con Blu Radio ese artículo por la necesidad de actualizar los instrumentos y la normativa, pues se están usando, según dijo, mecanismos de hace casi un siglo (Ley 200 de 1936) o de hace 30 años (Ley 160 de 1994). Laura Sarabia, jefa de gabinete, escribió en su cuenta de Twitter en la noche del jueves, cuando ya el PND había sido aprobado (sin ese mecanismo exprés): “Como lo reafirmó el presidente @petrogustavo, nunca la ‘expropiación exprés’ fue una iniciativa de este Gobierno. Lo que necesitamos son procedimientos expeditos para comprar la tierra y hacer la reforma agraria”.
La proposición que sí apoyó el Gobierno durante esta última semana fue la de la representante Tamara Argote, que le daba un desarrollo más profundo al artículo que originalmente había dejado la exministra Cecilia López, el cual no cambiaba mucho los mecanismos que ya existen. En concreto, la proposición le agregaba un quinto numeral al artículo, que quedó así:
♦ “5. Identificación, priorización y compra de predios para la Reforma Rural Integral. Con el propósito de identificar predios idóneos para la reforma rural integral, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), con el apoyo de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), adelantará análisis prediales a través de la consulta de información pública, plataformas institucionales, capas geográficas, uso de las tecnologías de la información y demás métodos indirectos. El análisis identificará los predios con áreas superiores a dos (2) Unidades Agrícolas Familiares (UAF), calculadas por la metodología de Zonas Relativamente Homogéneas. Los predios que cumplan con las condiciones anteriormente referidas constituirán la base para definir núcleos territoriales para su intervención prioritaria.
El MADR remitirá la información de los núcleos territoriales priorizados a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el propósito de que esta entidad proceda a la identificación de predios idóneos para la Reforma Rural Integral, y posterior aplicación del procedimiento de compra por oferta voluntaria.
En aquellos casos en los que los propietarios no procedan a la venta, la ANT adelantará el análisis de la explotación económica del predio, requiriendo a su propietario por una única vez, para que proceda a la enajenación de aquellas áreas que no se encuentren bajo aprovechamiento económico y que excedan la extensión de la UAF.
Cuando el propietario no acceda a la enajenación, la ANT aplicará los procedimientos agrarios a los que haya lugar.
De manera simultánea, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) priorizará la actualización catastral en las zonas definidas por el MADR, a partir de la metodología que el Instituto defina para tal fin. En las áreas restantes de los municipios, el IGAC adelantará la actualización catastral de manera progresiva. Los gestores catastrales deberán aplicar e incorporar dicha modificación en sus respectivas bases catastrales.”
Pero al cierre del debate en la Cámara de Representantes, apareció una proposición —que ya había sido aprobada en el Senado, firmada por varios senadores y representantes, aunque su origen no es claro— que agregaba un sexto numeral. En él se determinaba que algunos procesos agrarios se resolverán de una vez por vía administrativa (sin fase judicial): “La ANT, mediante acto administrativo (…) tomará la decisión de fondo que corresponda”. Además, se incluyó un parágrafo en el que se hace explícito que el numeral 6 deroga varios incisos y numerales del Decreto Ley 902 de 2017, expedido durante la época del Fast Track tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC.
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Algunos congresistas advirtieron que ese artículo se puede caer en la Corte Constitucional, pues el PND no tenía la facultad para derogar una norma de ese calibre. Además, en teoría, todos los ajustes normativos que le dan desarrollo al Acuerdo de Paz (como el Decreto Ley 902 de 2017) deben pasar por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo (CSIVI), donde tiene asiento el Partido Comunes (antes FARC). Olga Lucía Velásquez, representante de la Alianza Verde y una de las coordinadoras ponentes del PND, le dijo a este diario que el presidente Petro, al hacer la sanción presidencial del texto, puede decidir sacar lo que considere.
El día anterior, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, había intentado pasar en el Senado una proposición que también buscaba derogar ese decreto ley, que ha hecho más lenta y paquidérmica la implementación de la reforma rural del Acuerdo de Paz. “Hemos identificado que el instrumento que se creó para implementar tanto el Fondo de Tierras como la formalización ha sido ineficiente: en seis años, desde 2017 que se expidió el Decreto Ley 902, solamente se han logrado recuperar 12 predios del fondo: 300 hectáreas. A este paso nos gastaríamos 9.000 años en cumplir el Acuerdo de Paz; es el momento para corregir los instrumentos que con una buena intención terminaron teniendo una deficiente gestión en el cumplimiento del Acuerdo de Paz”, dijo desde el atril la ministra.
Pero tras su intervención, varios senadores cargaron contra el intento de derogar ese decreto y, antes de que se votara, la ministra retiró la proposición. “Queríamos hacer titulaciones y formalizaciones de tierras de manera más expedita, lograr avanzar más rápidamente en la intervención de tierras, que todo el mundo demanda. Todo el mundo quiere hacer reforma agraria, todos quieren que los campesinos tengan títulos de propiedad, que cumplamos con la entrega de proyectos productivos; queríamos hacerlo al doble de velocidad, si nos toca hacerlo lento, pues lo hacemos”, dijo tras el fallido intento.
Por Sebastián Forero Rueda
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