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El feminicidio de Sofía Delgado caló profundo en el Congreso. El caso de la niña de 12 años ha hecho que varios congresistas se abanderen nuevamente de iniciativas que ya ha tumbado la Corte Constitucional por contradecir la carta política de 1991 y ha intensificado los choques entre el Legislativo y el Ejecutivo por cuenta de un artículo de la reforma a la justicia, radicada hace 10 días en el Senado, que permitiría la rebaja de penas a quienes atenten contra la niñez.
Tras conocerse la noticia del hallazgo de los restos de la menor de edad, poco antes de que fuera aprobada la reforma laboral en segundo debate, en la Cámara se hizo un minuto de silencio en su memoria y cuatro representantes de diferentes partidos se tomaron la palabra ante la plenaria para rechazar el crimen. Cuando finalizó el debate, los legisladores empezaron a conversar a las afueras del Salón Elíptico sobre la posibilidad de revivir, entre otras, dos iniciativas que ya se han hundido en los últimos años: la cadena perpetua y la castración química a violadores, la primera en la Corte Constitucional y la segunda en el Congreso.
Hace tres años, la Corte tumbó en su totalidad la iniciativa de la cadena perpetua, que contaba con el aval del entonces presidente Iván Duque, con seis votos a favor y tres en contra. El alto tribunal consideró que la norma atentaba contra la dignidad humana de la persona que es condenada y afectaba el sistema penitenciario actual. Sin embargo, la idea volvió a tomar fuerza este jueves. La representante Erika Sánchez, presidenta de la Comisión de Infancia y Adolescencia, habló con congresistas de diversas colectividades para volver a radicar el proyecto de acto legislativo y lograr que los violadores permanezcan tras las rejas de por vida. Actualmente, la pena máxima son 60 años.
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Sánchez, quien llegó al Congreso por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, señaló que se reunirá la próxima semana con magistrados y expresidentes de la Corte para mirar cómo se puede avanzar en el proyecto jurídicamente sin que, más adelante, sea tumbado por el tribunal. En medio de estos movimientos, algunos congresistas recordaron que en 2021, cuando se hundió la iniciativa, el ahora presidente Gustavo Petro se opuso, argumentando que la cadena perpetua violaba principios constitucionales e igualaba al Estado con los criminales que pretende castigar.
A la luz del caso de Delgado, el primer mandatario dijo que, más allá de mensajes en las redes sociales, “los niños merecen que sus sueños no se sigan acabando”. “No podemos permitir más noticias como la de Sofía”, agregó. Sin embargo, además de la postura que tuvo el presidente hace unos años con respecto a la cadena perpetua, la idea va en contra de la reforma a la justicia que se radicó el pasado 8 de octubre.
De hecho, los choques entre los legisladores y “el gobierno del cambio”, que ya venían gestándose desde hace semanas en medio de los debates del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025, se han profundizado por el artículo 7 del proyecto de reforma. Este habilitaría que se les rebajen hasta en un 50% las penas a quienes cometen ciertos delitos contra menores y lleguen a preacuerdos con la Fiscalía o al declararse culpables.
Este punto ha causado tanto revuelo que incluso Jaime Raúl Salamanca, quien llegó a ser presidente de la Cámara con el visto bueno de la administración de Petro, salió a aclarar que, aunque está de acuerdo con la reforma, no apoya ese artículo en específico.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, defendió el artículo en la mañana de este viernes: “Lo único que se quiere es que la persona asuma su responsabilidad para que no haya impunidad. Y desde ese punto de vista, las personas que aceptan los cargos solamente van a tener una rebaja, pero la pena mínima son 14 años”. Por este artículo, los representantes de la Comisión Séptima de Cámara llamarían a la jefa de la cartera a un debate de control político en las próximas semanas, según han comentado.
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El nuevo intento de acto legislativo de cadena perpetua entraría por la Comisión Primera de la Cámara y tendría que superar ocho debates en los menos de dos años que le quedan a los actuales congresistas. Además, están contemplando si presentar la iniciativa de castración química contra violadores como ley ordinaria o modificando la Constitución de 1991. La idea de inhibir los impulsos sexuales de los abusadores sexuales ya se había propuesto en 2018, impulsada por Maritza Martínez, entonces senadora del Partido de la U, sin surtir éxito en el segundo debate. Al respecto, Erika Sánchez, anotó que “hoy hay un Congreso completamente diferente y diversificado” que permitiría un desenlace diferente. “Esta es la oportunidad para que avancemos y que estos dos proyectos puedan ser ley”, agregó.
Estas iniciativas ya contarían con el respaldo de cerca de 30 congresistas de la Alianza Verde, Comunes, los conservadores, Cambio Radical, el Centro Democrático, algunos liberales y las curules de paz. Aunque es probable que enfrenten dificultades para superar el examen de constitucionalidad, incluso si son aprobadas en el Capitolio, se presentan en un contexto de anticipada campaña preelectoral, donde los legisladores buscan visibilidad para sus gestiones. Esto último ha generado que otros sectores hablen de “oportunismo” tras el caso de Sofía Delgado.
Sin embargo, hay mecanismos que, aunque ya fueron aprobados para proteger a la infancia y adolescencia, no están funcionando. Ejemplo de ello es la ley alerta rosa, que busca mejorar la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos y que se sancionó el 13 de septiembre del año pasado 2023. “Sigue pendiente la reglamentación e implementación de la Alerta Rosa […] falta la firma de otras 16 entidades”, dijo la senadora del Verde Angélica Lozano, quien fue autora del proyecto.
La ministra de Justicia le respondió este viernes, desmintiendo la información. Sobre el feminicidio de Sofía Delgado precisó: “Se activaron varias veces las alertas tempranas (amarillas y rosas), pero no se llegó a tiempo. No se trata de un solo mecanismo, sino de la coordinación de todos los implicados para la protección”.
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Más allá de los proyectos que aterrizarían en el Congreso para proteger a la niñez, en el Capitolio ya se ha avanzado sobre este tema en algunos sentidos. En abril de 2023 se instaló la Comisión Accidental de Infancia y Adolescencia conjunta, que ahora busca consolidarse como una instancia legal permanente a través de un proyecto de ley de la senadora Beatriz Lorena Ríos (Colombia Justa Libres). Ese articulado ya superó por unanimidad dos debates en el Senado, y su ponencia ya fue radicada en la Comisión Primera de la Cámara, de manera que quedan solo dos debates para su aprobación final.
A la par avanzan otras iniciativas, como “Son niñas, no esposas”, el proyecto que pretende prohibir el matrimonio infantil en Colombia, está a tan solo un paso de convertirse en ley. A raíz del caso de Sofía Delgado desde el Pacto Histórico, la representante Alexandra Vásquez pidió agendar el último debate de este tema, y otros congresistas han empezado a presionar para que también se discutan asuntos como los bancos forenses de ADN para combatir estos crímenes.
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