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Hasta hace una semana todo era hermetismo en el Congreso. Desde que se instaló la segunda legislatura –el pasado 20 de julio– no había empezado la discusión de las reformas claves y el Gobierno se acercaba con finura a los partidos para lograr concretar la propuesta del acuerdo nacional del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, con el inicio de la discusión del segundo debate de la reforma a la salud y por una proposición aprobada el pasado 30 de agosto para crear una comisión accidental para acordar un nuevo texto de reforma, se despertó un fuerte debate que, desde ya, evidencia el complicado panorama al que se enfrentan la iniciativa que modificaría el sistema de salud y otras reformas del Ejecutivo.
El ambiente político se tensionó más cuando el país conoció que esa proposición fue aprobada a “pupitrazo” y que fue acordada por tres representantes que, según el Pacto Histórico, actuaron de forma desleal, pues no les comentaron que presentarían tal propuesta. “Nosotros creímos en la buena intención de las congresistas, pero fue una jugada para tratar de suspender el debate del proyecto de ley”, dijo Alfredo Mondragón, representante del Pacto Histórico y ponente de la reforma a la salud. Hay que decir que la proposición fue presentada en el marco del reglamento del Congreso y no se saltó ninguna norma o proceso de la técnica legislativa.
Las tres representantes que encabezaron la propuesta fueron Julia Miranda (Nuevo Liberalismo), Katherine Miranda (Alianza Verde) y Carolina Arbeláez (Cambio Radical), quienes argumentaron que su proposición obedece al llamado del presidente Petro de hacer parte de un acuerdo nacional y que, si la bancada del Pacto Histórico no se dio cuenta ni reversó la proposición, fue porque no estuvieron atentos al debate y no sabían qué era lo que estaban votando.
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“¿Tengo yo que estar pendiente de 33 representantes del Pacto que no estudian y no saben lo que están votando?”, se preguntó Katherine Miranda en entrevista con este diario. Agregó que la propuesta no es ningún “mico”, como lo han dicho desde el Gobierno, pues fue hecha en el marco del orden del día: “allí uno puede presentar lo que quiera. Es más, el secretario leyó la proposición”. Mientras tanto, Arbeláez manifestó que, si “nadie pidió la palabra para oponerse, pues no es problema nuestro”.
La reforma a la salud fue aprobada en su primer debate el pasado 23 de mayo, desde entonces no ha podido avanzar y se ha mantenido estancada en su segunda cita en la plenaria de la Cámara. Ni siquiera se han votado los impedimentos, para decidir sobre la ponencia y desbloquear la discusión del articulado. Ahora, con la creación de esa comisión accidental –mal llamada “subcomisión”– el debate podría suspenderse nuevamente hasta que esa comisión, que estará conformada por representantes de todos los partidos, redacten un nuevo texto basado en el presentado por el Gobierno, pero que incluya modificaciones.
Esa posible suspensión es la que más preocupa al Gobierno. El representante David Racero, quien fue presidente de la Cámara la legislatura pasada, dijo que espera que, por mucho, esa “subcomisión” se demore 15 días en dirimir los puntos de discrepancia. “No es para reformular todo el articulado, eso es inviable. Si ellas quieren hacer otro articulado, pues que presenten otro proyecto de ley. Yo me pregunto si genuinamente quieren hacer una conciliación o si buscan interrumpir”, manifestó a este diario. También afirmó que espera que el debate pueda continuar este 5 de septiembre con los impedimentos y la votación de la ponencia negativa y la positiva, como fue programado en la agenda desde la mesa directiva.
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Y es que, la aprobación de esa proposición no solo despierta nuevamente las diferencias de los representantes respecto a la reforma a la salud, sino que genera un ambiente de desconfianza sobre el acuerdo nacional, sobre el que no ha habido mucha claridad desde el Ejecutivo, lo que ha generado incertidumbre. La oposición y sectores que apoyan la conformación de dicha comisión accidental argumentan que el debate sí tiene que suspenderse, pues esa es la naturaleza de la propuesta: acordar un nuevo texto; pero, el Gobierno argumentó que no es necesario y que las reuniones de la “subcomisión” pueden hacerse de forma paralela al trámite normal de la ponencia que ya está en manos de la Cámara.
Para las tres representantes mencionadas, eso no es posible: “Nunca hemos visto que un proyecto avance sin que primero la subcomisión haga un informe. Ellos (el Gobierno) quieren votar un informe de ponencia que no nos gusta”. El pasado 31 de agosto se le vio muy tranquilo al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien dijo que la creación de esa comisión no le preocupaba y que el debate puede continuar. No obstante, eso ha sido controvertido por las representantes, así como aseguraron que si el Gobierno no lo hace es porque no están dispuestos a dialogar y que la propuesta del acuerdo nacional no es tan sólida.
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¿Quién determinará si el debate se suspende o no?
Esa decisión está en manos del presidente de la Cámara, el liberal Andrés Calle, quien es cercano al Gobierno y, según le contaron a este diario, buscará que ambos escenarios (la plenaria y la comisión) trabajen de forma paralela: “Yo le pido al presidente que nos dé las garantías, pues nunca hemos visto que un proyecto avance sin que primero lo haga la subcomisión”, dijo Arbeláez. Ahora, de fondo, la representante de Cambio Radical agregó que le preocupa que el Gobierno esté “molesto porque se está convocando un diálogo, que es lo que quiere el presidente Petro. Yo no entiendo qué es entonces el acuerdo nacional”, precisó.
El problema está en que la bancada oficialista y la administración Petro no creen en la “buena fe” de las representantes. “No queremos que esta subcomisión se instrumentalice para tratar de suspender de manera deliberada el debate, pues frenar el Congreso en esta materia es impedir el ejercicio de concertación en el escenario natural, que es la plenaria”, dijo a este diario Mondragón. “Esperamos que se supere esta jugadita y que logremos que haya un ejercicio de acuerdo”, anotó.
Por su parte, la también ponente de la reforma a la salud, Martha Alfonso (Alianza Verde) manifestó que personalmente le molesta que dicha proposición viniera de una de sus partidarias, Katherine Miranda, pues siente que es un desconocimiento a su labor como coordinadora ponente en representación de los verdes. Alfonso aseveró que esa proposición también es “un acto de cobardía”, pues cree que “quieren dilatar el debate, pero en este momento no les conviene oponerse a una reforma a la salud que está aclamando el país, por la coyuntura electoral y que no les traiga ninguna consecuencia política”.
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La reforma a la salud (proyecto de ley ordinaria) necesita 4 debates para ser aprobada en su totalidad en el Congreso. No obstante, tiene hasta el próximo 20 de junio de 2024 para avanzar en todas esas discusiones, pero, hasta ahora, ha dado pasos cortos. Fue radicada el 13 de febrero de 2023, es decir que en casi 7 meses solo ha logrado ser aprobada en uno de sus debates y ahora, el contexto es más complejo por el proceso electoral.
Así pues, la proposición no solo traba nuevamente este debate, sino que devela la flaqueza del acuerdo nacional de Petro, necesario no solo para pasar la reforma a la salud, sino también las reformas pensional y laboral, el Presupuesto General de la Nación para 2024 y otros proyectos que todavía no han sido radicados, como las reformas a los servicios públicos, a la educación superior y al Código Minero.
El Gobierno Nacional ya se ha reunido con los empresarios y con partidos como la U y el liberal, en pos de consolidar esa propuesta, pero nada se ha concretado. Por ahora, la plenaria de la Cámara se reunirá nuevamente este martes a las 2:00 p.m. para discutir la propuesta que modificaría el sistema de salud y colocar las reglas de juego de la “subcomisión” aprobada.
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Por Laura Duarte Sandoval
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