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Las cartas jurídicas ya están listas y los conceptos que dan luz verde llegaron al Congreso. Ahora solo falta que la voluntad política se manifieste y que senadores y representantes muestren que sí quieren bajarse un sueldo que por el último decreto que les dio un aumento, firmado por ley en la administración de Gustavo Petro, les quedó por encima de los 43 millones de pesos mensuales.
Iniciativas para bajarles el salario mensual, al que se le debe sumar una cifra similar que se les entrega para que paguen a quienes trabajan en su unidad de trabajo legislativo y que no toca su sueldo, han fracaso estrepitosamente en los últimos años, precisamente, por falta de voluntad política de los parlamentarios para reducir sus beneficios.
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Eso pasó con proyectos que han presentado personas como la representante Catherine Juvinao o el exsenador Gustavo Bolívar, y otro más que se impulsó sin éxito desde el uribista Centro Democrático. Y siempre, por algún voto faltante, se quedan a mitad de camino.
Tal ha sido la polémica en torno al salario de los congresistas que, tras el más reciente aumento, el propio Petro tuvo que salir a explicar de dónde proviene la medida y por qué a su Gobierno, el que prometió el cambio y que cuando fue oposición criticó con dureza este tipo de incrementos, tuvo que firmar un decreto que dejó a cada uno de los 108 senadores y 176 representantes devengando más de 43 millones de pesos cada mes.
“Yo me opongo a la forma como ascienden los salarios de los congresistas antes y ahora, pero corregir ese procedimiento no es del presidente, es de la ley y la ley la hace el Congreso”, advirtió el mandatario. Y a renglón seguido agregó: “Los salarios de los congresistas se rigen por una ley y no por un decreto autónomo del presidente, insinuar lo contrario es manipular y desinformar a las personas”.
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En ese contexto, y en medio de la polémica que se desató tras el último ajuste salarial, El Espectador se dio a la tarea de averiguar a fondo en qué van los proyectos que quieren bajar el salario de los congresistas, y en especial si hay alguno que aún viva en el Capitolio.
En efecto, aún hay una iniciativa que va para segundo debate en la plenaria del Senado y que, en esencia, lo que busca es eliminar el pago de llamada prima especial de servicio, la cual ronda los 14,5 millones de pesos mensuales.
Eso quiere decir que, de prosperar este proyecto -que impulsa el senador de Alianza Verde Jonathan Ferney Pulido Hernández (conocido como Jota Pe)-, el salario mensual de los legisladores podría bajar a menos de 30 millones de pesos. Eso, en todo caso, requiere de cálculos técnicos que las entidades encargadas deben definir en su momento para saber el valor real de lo que les quedarían pagando mes a mes.
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Este diario estableció que el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Ricardo Bonilla, le envió al Congreso un concepto técnico en referencia a ese proyecto y en cuyo contenido, en resumen, se asegura que la fórmula propuesta por Hernández para bajar los sueldos de los congresistas no genera inconvenientes.
Eso quiere decir, en plata blanca, que si la plenaria del Senado quiere darle vía libre al proyecto que elimina el pago de la prima especial de servicio no hay vicios normativos. Así las cosas, si consigue el respaldo de esta corporación, la decisión final queda en manos de los representantes a la Cámara.
“El presidente Iván Name (nuevo jefe del Senado) me acaba de confirmar que, por mucho, en dos semanas estaremos dándole el debate aquí en plenaria”, confirmó Jota Pe Hernández.
Ese concepto técnico del Ministerio de Hacienda está siendo socializado con los demás ponentes de la iniciativa y, con base en él y los otros análisis que se han realizado, en cuestión de días estará lista la ponencia para segundo debate.
Pero el pronunciamiento del Ministro de Hacienda no es el único. Este diario también accedió al documento del Departamento de Función Pública que, en plata blanca, da un aire legal a la iniciativa.
Según ese concepto, ajustar hacia abajo un salario no afecta los derechos adquiridos de una persona, porque no se rige bajo los principios de retroactividad. En otras palabras, la reducción del sueldo debe hacerse hacia futuro, como se plantea en el proyecto que aún vive en el Congreso.
“No podría la legislación ordenar la disminución de un salario ya pagado a un servidor público, conforme a la ley, pues, según lo analizado, es ya un derecho adquirido. En sentido contrario, los salarios futuros no pueden ser considerados como derechos adquiridos, pues (…) deben haberse cumplido los supuestos que la norma prevé para obtenerlo, esto es haber prestado la labor asignada como servidor público”, se lee en el concepto de Función Pública.
Todo esto quiere decir que la indignación que se desata cada año cuando se ejecuta el ajuste salarial de los congresistas, y que esta vez le tocó afrontar a Petro como presidente, sí tiene una forma de frenarse. Pero todo depende de qué tan dispuestos están los mismos legisladores a bajarse el sueldo y desde cuándo, porque hay dos vías: o que lo hagan a partir del 2026, que llega un nuevo Congreso, o que lo pongan a andar de inmediato y se reduzcan el sueldo los actuales parlamentarios.
Incluso, según anunció la representante Juvinao, se analiza si es viable o no insistir en otra vía y sería una reforma constitucional, como la que se intentó en el segundo semestre de 2022 y que fracasó.
”Tiene que seguir siendo un objetivo del bloque alternativo corregir esta inequidad por la sencilla razón de que es lo correcto”, enfatizó la legisladora.
Ahora bien, en plena época electoral, este tema es vendedor, pero también es cierto que los mismos congresistas tienden a proteger sus intereses, como cualquier político independiente de en qué rama del poder se desempeñe, por lo que no sería extraño que, de nuevo, este otro intento por bajarse el sueldo sea ungido por los mismos legisladores con los santos óleos.
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