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A partir de las 8:00 a.m. de este lunes, en la sede de Función Pública, comenzarán unas mesas de diálogo con delegados de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para saber quién se equivocó al bajar de internet la información financiera de los altos funcionarios, como lo denunció El Espectador.
Lo que se sabe de la reunión de este lunes es que Función Pública la citó para “pedir claridad” a la SIC sobre su orden de “encriptar y anonimizar” las declaraciones de renta del alto Gobierno, pese a que la Ley 2013 de 2019 ordenó que esa información debía ser pública y de libre acceso.
Lo que buscan es determinar si se trató de un error de interpretación o de una instrucción errada que contradecía la ley. Fuentes le dijeron a este diario que lo que esperan es volver a tener luz verde para hacer pública la información antes de las elecciones del 29 de octubre, pues una de las críticas fue justamente que los ciudadanos no iban a poder acceder a información financiera de candidatos que han tenido carrera en el Gobierno.
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Lo cierto es que, como antesala a esas discusiones, la Superintendencia ya emitió un comunicado público el pasado 28 de septiembre en el que asegura que, “en ningún caso”, busca incumplir la ley. Seguramente lo advierten porque, según pudo conocer este diario, la Procuraduría Delegada para la Transparencia ya tiene los ojos puestos en el caso y solicitó explicaciones a ambas entidades.
No es un asunto menor, pues podría acarrear sanciones administrativas por violar una ley que el mismo secretario jurídico de la presidencia, Vladimir Fernández, confirmó que está vigente. La senadora Angélica Lozano, quien fue una de las ponentes de esa norma, le dijo a este diario hace unos días que la única forma de tumbar lo reglamentado es con otra ley o por mandato de la Corte Constitucional. “Y en este caso no hay ninguna de las dos”, aseguró.
La polémica se desató después de que el pasado domingo, 17 de septiembre, El Espectador revelara que el Departamento de Función Pública comenzó a bajar de la página web la información financiera de altos funcionarios, contrariando las leyes de Transparencia y Bienes que permiten el libre acceso de la ciudadanía a esos datos.
Eso, a pesar de que la Ley 2013 de 2019 —impulsada por el Partido Verde tras la consulta anticorrupción— ordenó que los datos sobre el patrimonio, los ingresos y las deudas de ministros, congresistas, directores de entidades y del mismo presidente de la República debían ser de libre acceso.
En su momento, Función Pública apeló la decisión de la SIC argumentando que la información financiera del alto Gobierno era de interés nacional, pero la SIC ratificó su resolución en 2023. Y desde septiembre de este año, los formularios de declaraciones de renta, así como datos sobre el patrimonio y los ingresos anuales, desaparecieron de la página.
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En pleno mes de cierre de declaraciones de renta, este diario intentó acceder a los formularios de la DIAN de los ministros y personas cercanas al presidente Petro, pero fue imposible obtener los documentos por esa vía.
Algunos ministros aceptaron mostrar la declaración presentada este año de manera voluntaria, pero otros funcionarios alegaron que ya habían cargado el documento a la página web, aunque no fuera visible.
Para Fernando Segura, exdirector de Participación y Transparencia de Función Pública y uno de los arquitectos de esa ley, lo curioso es que en el comunicado que publicó la SIC, aunque intenta desligarse de responsabilidades, se contradice. “Hay una falta de entendimiento de la ley, porque en el comunicado enlistan información que, según ellos, no se puede publicar. Esa información que ellos dicen que es privada, como los ingresos salariales, el patrimonio y las deudas, no es privada para funcionarios”.
Lo que resulta contradictorio es que, en ese comunicado, la SIC explica que lo que pidió fue “dar lineamientos sobre el tratamiento de la información personal” y plantea que uno de los riesgos que han identificado es que los datos financieros sean adulterados. Sin embargo, también afirman que se debe “impedir que personas no autorizadas accedan a información que puede resultar sensible”.
Función Pública también ha buscado defenderse. De manera oficial, le respondió a este diario que no se trató de un error propio y que únicamente cumplieron la orden de la SIC. Sin embargo, fuentes de esta entidad aseguraron que en la última semana se han estado cuestionando si malinterpretaron la orden.
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Aunque la discusión ya está escalando a los entes de control, este diario conoció que también hay una tutela ciudadana en curso en contra de ambas entidades para buscar salidas a la discusión y desencriptar los datos.
Una de las primeras declaraciones en desaparecer de la página desde septiembre fue la del presidente Gustavo Petro y la de Laura Sarabia, nueva directora del Departamento de Prosperidad Social. Un funcionario público con acceso a esa información contó que “hasta la primera semana de septiembre, cuando nombraron a Sarabia, teníamos registros de personas descargando la declaración. A partir de la segunda semana, cuando pasó el boom del nombramiento, esos documentos desaparecieron”.
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