Terremoto político

Era de esperarse. Conocida la declaración del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, de que el exsenador Otto Bula —detenido actualmente por el caso de los sobornos de Odebrecht— le habría girado US$1 millón a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2014, los detractores del primer mandatario salieron a cobrar. Desde el uribismo hasta el expresidente Andrés Pastrana, pasando por el exprocurador Alejandro Ordóñez. Y más allá de darle tiempo al proceso que debe surtirse en el interior del ente acusador y el Consejo Nacional Electoral (CNE) para comprobar la veracidad de los hechos denunciados, lo primero que hicieron fue pedir la renuncia del jefe de Estado.

En su cuenta en Twitter, Pastrana envió un mensaje directo: “Presidente, de comprobarse pagos de Odebrecht a su campaña, debe comenzar a considerar la posibilidad de renunciar”. A su vez, Ordóñez señaló: “Santos y Vargas Lleras callaban para tapar que su elección en 2014 se pagó con dineros de soborno de Odebrecht. Que ambos den la cara”. Y desde las toldas del Centro Democrático se promovió la etiqueta en Twitter #SantosCorruptoRenuncie, con la que varios de sus congresistas se fueron lanza en ristre. “El pueblo se cansó de tanta mentira y corrupción de este gobierno. Si le queda algo de dignidad debe renunciar”, trinó la representante a la Cámara Margarita Restrepo. “Usted (Santos) es el monumento a la corrupción, a la mentira, a los torcidos, al tape tape”, agregó el senador Carlos Felipe Mejía.

Curiosamente, apartándose de ese tipo de reacciones tan emocionales, el expresidente Álvaro Uribe optó por la prudencia: “Es un tema sumamente grave de soborno. Vamos a informarnos, a estudiar el tema y a pensar en los intereses superiores del país, que están por encima de las malquerencias políticas”, dijo. Una declaración cautelosa teniendo en cuenta que se presume que gran parte de las indagaciones de la Fiscalía podrían tener como base las declaraciones de Otto Bula, que a su vez habría permitido el rastreo de los dineros entregados a las campañas electorales en 2014, tanto de Santos como de Óscar Iván Zuluaga, entonces candidato del Centro Democrático.

Al menos en esa línea está planteada la defensa del Gobierno, que si en otras oportunidades ha sido criticado por su lentitud para reaccionar, este vez lo hizo con rapidez. En una declaración desde la Casa de Nariño, Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia, acusó al uribismo de querer defenderse atacando con mentiras y recordó de paso los casos de la supuesta infiltración de la campaña de Zuluaga a través de un  hacker y la inexistente contribución de US$12 millones provenientes del narcotráfico a asesores de la campaña de Santos.

“Hoy, nuevamente, frente a la aceptación de responsabilidad de funcionarios del uribismo en los sobornos de Odebrecht y el testimonio del asesor de campaña brasileño Duda Mendonça, que afirma que parte de sus honorarios fueron pagados por Odebrecht, usa a un siniestro personaje (Bula), que estaría relacionado con la Oficina de Envigado, para acusar falsamente al gerente de la campaña Santos Presidente de haber recibido US$1 millón. Como lo ha dicho el gerente de la campaña, la orden clara y perentoria fue no recibir ninguna donación de ninguna persona, natural o jurídica, para financiarse”, expresó Enciso.
Precisamente, el gerente de la campaña fue Roberto Prieto, quien también salió a la riposta y a través de un comunicado indicó: “Manifiesto mi más enérgico rechazo a las infundadas, tendenciosas y calumniosas declaraciones sobre mi persona dadas por el señor Otto Bula a la Fiscalía; a quien escasamente distingo, y con quien nunca, pero nunca, he compartido siquiera un café (…) no deja de ser sospechoso este intento de enlodar la campaña de 2014, al igual como se pretendió hacerlo con la del 2010, por un individuo investigado por la justicia al incurrir presuntamente en conductas delictivas con el propósito de que la firma Odebrecht fuese beneficiada con contratos de infraestructura en el país”.

Prieto reiteró además que la campaña Santos Presidente 2014 tuvo como premisa no recibir donaciones y que los estados financieros fueron presentados y auditados por el CNE. Por cierto, el fiscal Martínez también aclaró que dicho organismo es el competente para investigar el cumplimiento de las normas sobre financiación electoral. En otras palabras, en sus manos queda el definir parte de las responsabilidades y posibles sanciones, siendo una entidad totalmente política, pues sus magistrados son cuotas elegidas por los partidos con asiento en el Congreso. Y de remate, además del factor voluntad, tampoco tiene los dientes suficientes para cumplir a cabalidad sus tareas.

Desde las dos orillas, Gobierno y uribismo, se pide investigación a fondo y llegar hasta las últimas consecuencias. El vicepresidente Vargas Lleras, en un comunicado, aseguró que “nunca intervine en el manejo de la tesorería ni en la financiación de la campaña”.  De cualquier manera, ya hay quienes buscan un paralelo entre lo que está sucediendo con el caso Odebrecht y el Proceso 8.000, cuando el narcotráfico infiltró la campaña de Ernesto Samper. Hay muchos interrogantes sobre la mesa, comenzando por saber si la plata que Odebrecht supuestamente giró a las campañas electorales en Colombia en realidad ingresó a éstas o se quedó a mitad de camino. Lo cierto es que, sea como sea, se trata de un terremoto político que no sólo tendrá consecuencias hacia el pasado que ya se escudriña, sino también de cara al proceso electoral presidencial de 2018.

De entrada, todas estas noticias de corrupción relacionadas con Odebrecht significan un golpe a la de por sí ya desacreditada clase política tradicional, alimentan su desprestigio y le dan un aire a aquellas opciones que quieren mostrarse alejadas de ella. Sin duda, Germán Vargas Lleras como compañero de fórmula de Santos en 2014 puede sentir los coletazos, y ni qué decir de Zuluaga. Pero otros, como Claudia López, Sergio Fajardo, Jorge Robledo o el mismo Gustavo Petro, pueden sacar réditos de la situación. E igualmente, el escándalo podría obligar, así sea a la fuerza, a un sacudón en la forma de hacer política en el país. Porque no es nuevo aquello de que los contratistas se han convertido en los principales financiadores de las campañas electorales, a nivel nacional, regional y local, pues ello se revierte en la adjudicación posterior de millonarias obras.