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Queda un mes y un día exactamente para que este período en el Congreso termine y, por eso, el gobierno del presidente Gustavo Petro desplegó un plan en varios frentes para que en las nueve sesiones ordinarias que restan de este 2023 se pueda sacar adelante al menos una de sus reformas sociales que no han andado al ritmo esperado.
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El tema se trató en el consejo de ministros que citó el presidente este lunes festivo en Casa de Nariño y en el que sorprendió la ausencia del ministro de Defensa, Iván Velásquez, pese a previamente haber liderado el consejo de seguridad en el mismo edificio. En la cita estuvo presente el embajador en Inglaterra, Roy Barreras, hecho que se leyó como una posible llegada al gabinete. Aunque no descartó la opción a futuro, Barreras dijo que, por ahora, su viaje a Colombia solo se trató de una entrega de resultados de su gestión en Europa.
Los ministros, a quienes Petro les encargó la tarea de reunir apoyos para las reformas, aprovecharon la experticia del embajador para hablar del trámite de estos proyectos, pues fue en su gestión como presidente del Congreso, antes de que el Consejo de Estado anulara su elección, que el Gobierno obtuvo su primer triunfo legislativo: aprobar la reforma tributaria.
La misión que tienen varios de los 19 ministros del país, empezó a ejecutarse con más fuerza en la mañana de este martes, cuando los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco; de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de las TIC, Mauricio Lizcano, se reunieron a puerta cerrada con la bancada del Partido de la U.
A la salida de este encuentro privado, Jaramillo aseguró que el proyecto que busca reformar el sistema de salud colombiano “desde hace bastante tiempo ha tenido los votos” para su aprobación. Sin embargo, distinto ha sido el escenario que se ha visto.
Solo este martes, cuando se discutió la reforma por cuarta vez en segundo debate tras elecciones, el proyecto no logró pasar al Senado y la oposición tuvo su espacio para debatir la contrarreforma en la Comisión Primera del Senado y liderar un plantón frente al ministerio de Salud que se desplazó al Salón Elíptico del Congreso, donde los gritos de manifestantes interrumpieron la sesión por varios minutos, al punto de que se debió llamar a seguridad y hacer un llamado a la calma y a la no violencia.
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No es solo la reforma a la salud la que ha encontrado resistencia en el Legislativo, pues la pensional, laboral y a la educación superior también cargan incertidumbre y ahora más, luego de que el mismo tribunal que tumbó la curul de Barreras, anulara la elección de Alexander López por haber incurrido en doble militancia durante las elecciones legislativas de 2022. Con López, quien era el coordinador de la bancada, ya son cinco las sillas que ha perdido el Pacto Histórico.
Si bien estas curules han sido remplazadas por nuevas figuras que integraban la lista del Pacto, los congresistas aceptan que sí se ha perdido experiencia y técnica en el trámite legislativo, que, en otras palabras, significa una menor incidencia en el respaldo de proyectos de parte del cuerpo legislativo y ciudadano.
“La experiencia en el Congreso se adquiere siendo congresista y hemos perdido casos muy formados, como en el caso del senador César Pachón en los temas agrarios; de Roy Barreras, que llevaba varios períodos en el Congreso. Si Alexander López sale, por supuesto, nos afecta, pues tiene acumulados importantes”, dijo la senadora María José Pizarro.
El porvenir de la curul de López fue uno de los puntos que tocaron los voceros del Pacto en su reunión de este martes y se espera que en la próxima cita que tendrán entre el miércoles y el jueves se mire cómo evitar otras anulaciones por fallos judiciales.
Pero, mientras varios de los 13 partidos que conforman el Pacto analizan si unificar los movimientos en un solo partido, la Alianza Social Independiente (ASI) tomó la decisión de desmarcarse de la coalición de gobierno y declararse en independencia debido a una “desconexión” del gobierno nacional con las regiones.
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Ahora bien, así como los ministros, los congresistas también están en la tarea de poner sus esfuerzos en las reformas. Una de las movidas que se ejecutaron hace poco fue el cambio del senador Wilson Arias de la Comisión Primera a la Séptima para fortalecer el debate, luego de que una de las sillas quedara vacante por la decisión del Consejo de Estado de anular la elección del senador indígena Polivio Rosales. Esta célula legislativa es importante porque por ella pasan varias de estas reformas.
Si estas medidas no logran los resultados esperados por el presidente, el llamado a las calles es otra de las opciones contempladas. Ya se ha visto que el mandatario ha optado por organizar movilizaciones y balconazos desde que se posesionó el pasado 7 de agosto de 2022 para presionar al Congreso y demostrar su músculo político. Solo en la organización de estos eventos, el gobierno nacional ha gastado un aproximado de 500 millones de pesos.
Fuentes del Gobierno aseguran que una nueva marcha podría ser una opción para el próximo año, si no prosperan las reformas en las sesiones ordinarias o extraordinarias a las que citará el gobierno nacional. No obstante, el próximo encuentro en las calles sería el 29 de noviembre, y aunque el motivo por el que convoca el Pacto Histórico a marchar es por Palestina, la presencia del gobierno Petro en las movilizaciones podría tener influencia.
A pesar de esto, el mismo presidente del Congreso, Iván Name, quien guardaría sus reparos con el ministro del Interior, ha sostenido en varias oportunidades que la corporación no se dejará presionar por las manifestaciones ni organizará la agenda de acuerdo a estos llamados. ¿Se dará un nuevo pulso entre un sector del Congreso y el Gobierno?
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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