¿Un Congreso para la paz?

El próximo domingo 9 de marzo, cuando se conozca la nueva conformación del Congreso de la República para el cuatrienio 2014-2018, empezarán a definirse los grandes retos del inmediato futuro: la reelección presidencial, la gobernabilidad del próximo mandato, el apoyo jurídico que requiere el proceso de paz que hoy se discute en La Habana, el alcance de los nuevos movimientos políticos que quieren dejar atrás la historia del bipartidismo nacional y la perspectiva de una serie de reformas institucionales que requiere con urgencia la democracia colombiana.

La primera incógnita que espera resolver el país en una semana es qué tanto poder político conserva el expresidente Álvaro Uribe. Divorciado del gobierno Santos, al frente de su movimiento Centro Democrático, el exmandatario pretende ser ahora oposición en el Legislativo. No sólo porque concibe un proceso de paz distinto a como se negocia en Cuba, sino porque quiere influir en las definiciones de esos diálogos para impedir lo que Uribe y sus seguidores consideran como riesgos de impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos.

Este acertijo está ligado al otro dilema en juego: ¿qué tanto porcentaje del Congreso va a seguir la línea del presidente Santos si es reelegido? Con el uribismo en la disidencia, el Partido Conservador dividido entre santistas y seguidores de Marta Lucía Ramírez, y las tercerías tratando de avanzar, no se advierte el mismo panorama de hace cuatro años. Con el modelo de la Unidad Nacional, Santos gobernó casi con el 80% del Congreso a su favor. Ahora necesita, si no el mismo porcentaje, al menos una cifra cercana porque su objetivo principal lo requiere.

Y esta meta no es otra que constituir un Congreso que mayoritariamente apoye el proceso de paz de La Habana. De alcanzarse el propósito del presidente Santos y sus aliados —la U, Partido Liberal y Cambio Radical—, quedaría un amplio margen de maniobra para respaldar jurídicamente los acuerdos con las Farc. Incluso, como lo han manifestado candidatos y analistas políticos, no se descarta que el próximo Legislativo adquiera características de poder constituyente, dada la complejidad de unos diálogos de paz que necesitan mucho más que leyes y decretos.

Los aliados de Santos no son los únicos jugados por la paz. Otros también la apoyan, lo que no quiere decir que estén de acuerdo con la reelección. Por eso, el próximo 9 de marzo también libran su propio desafío. En primer lugar, pasar el umbral que da derecho a curules y que ahora será del 3% de la votación en el Senado, lo que equivale aproximadamente a 450 mil votos. Superado este obstáculo, la lucha de la Alianza Verde, el Polo Democrático u Opción Ciudadana es tener una oportunidad de influir políticamente y de paso constituirse en alternativa de poder, al menos en las regiones y ciudades.

Una vez se decante la composición del Congreso para el cuatrienio 2014-2018, cualquiera sea el vencedor en las presidenciales de mayo, quedará claro el ajedrez político para encarar los grandes retos que urgen hoy en la sociedad colombiana: la inaplazable reforma a la justicia, frustrada por las ambiciones personales de un grupo de congresistas; la reforma a la salud, que tampoco pudo salir adelante a pesar del clamor ciudadano; la reforma a la educación, que no fue posible por falta de concertación, y hasta las consabidas modificaciones de carácter económico.

De todos modos, estas y otras opciones dependen de cómo quede integrado el Congreso que, como en anteriores ocasiones, se convertirá en el primer pulso de cara a la disputa mayor en las urnas en dos meses: la elección presidencial. Si los aliados de Santos demuestran su poder electoral el próximo domingo, casi se da por descontado que habrá reelección. De lo contrario, podría repetirse el escenario de la segunda vuelta y, en tal caso, el camino abierto a las alianzas y la conformación de bloques de poder para garantizar gobernabilidad, pues todo depende de las relaciones entre Gobierno y Congreso.

Un pulso aparte que en esta ocasión tendrá también un ingrediente adicional: la incertidumbre por la suerte democrática de la capital de la República. Si se tiene en cuenta que Bogotá tiene un potencial electoral de más de cinco millones de electores, es mucho lo que se juega en sus urnas. Con el tema de la destitución del alcalde Gustavo Petro o la expectativa de la convocatoria a las urnas para su eventual revocatoria, la lectura de los resultados en los comicios del próximo domingo puede dar señales de lo que podría pasar con el primer mandatario de la ciudad.

A todos estos aspectos, sólo falta advertir la expectativa que hoy existe respecto a cuál puede llegar a ser el alcance del voto en blanco. Como pocas veces, las encuestas de opinión le dan un alto porcentaje de favorabilidad. De concretarse estos presagios, podría producirse un escenario político inesperado en Colombia, de por sí afectado por el habitual fenómeno de la abstención. Es difícil, y la ley sigue siendo muy exigente frente a esta opción ciudadana. Pero de todos modos también está en juego en unas elecciones que al menos podrían despertar al país de la modorra política que hasta ahora ha caracterizado el actual proceso electoral.