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Lo ocurrido en la Asamblea Constituyente de 1991 fue una muestra de lo que implicaría el aborto para la discusión pública. El intento de consagrar el “derecho de la mujer a la libre elección de la maternidad” se ahogó ante las oleadas de señalamientos por los grupos religiosos y conservadores y la intención de no meterse en este tema debido a su carácter espinoso.
Dicha actitud fue trasplantada al Congreso, que siempre les ha rehuido a las discusiones que le pueden costar votos a sus miembros, como ha sido el caso de la reglamentación de la Eutanasia. Los avances en estas discusiones han venido directamente de la Corte Constitucional. Fue el alto tribunal el que en 2006 despenalizó el aborto en las tres causales (peligro para la salud física o mental de la mujer, malformación del feto que haga inviable su vida y violación).
Ahora, es la misma Corte la que está estudiando que el aborto no sea castigado como un delito. En cambio, por los lados del Congreso, han sido pocos los esfuerzos para hablar del tema, e incluso la mayoría de proyectos radicados tienen como meta principal retroceder frente a lo que ya dijo el tribunal constitucional hace 16 años.
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En los primeros años de vida de la Constitución de 1991 no se habló del aborto en el Congreso. Pasó más de una década para que en el Legislativo se tramitara una iniciativa relacionada con este tema. En abril de 2003 se radicó un proyecto que buscaba despenalizar el aborto en varias causales, este era de la autoría de los liberales Alba Esther Ramírez y Luis Carlos Delgado y el condenado Musa Besaile.
La iniciativa contemplaba que el aborto practicado por un médico no sería castigado cuando “causas económicas graves y justificadas” impidiera mantener el bebé y la mujer probara que tenía al menos tres hijos. El proyecto también proponía que se podía acceder a la interrupción voluntaria del embarazo cuando el ser humano en formación tenía alteraciones genéticas y congénitas, aunque en este caso se debía tener el consentimiento tanto del padre y la madre.
El primer proyecto sobre el aborto contemplaba que la interrupción del embarazo causada por la mujer tampoco seria castigada cuando la concepción fuera producto de una violación o una inseminación artificial no deseada y cuando se probara que la vida de la madre estaba en riesgo. El proyecto apenas fue radicado y nunca tuvo discusión, por lo que se hundió ante el paso de legislatura. Tras el archivo, sus autores nunca lo volvieron a intentar.
El siguiente proyecto que se atrevió a hablar de aborto fue el del conservador José Luis Arcila. Este fue radicado en 2005, un año antes del histórico fallo de la Corte, y su intención era despenalizar el aborto en caso de violación o inseminación no consentida. Según el autor, la mujer debía “decidir si desea continuar con su embarazo o si, por el contrario, se encuentra tan menoscabado el bien jurídico a la integridad personal, tornándose dicha situación incontrolable desde su naturaleza humana, que pueda optar por el aborto en condiciones seguras”.
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Ya con el fallo de las tres causales, los intentos del Congreso se han enfocado sobre todo en echar para atrás la determinación. En septiembre de 2009, la actual senadora Emma Claudia Castellanos presentó un texto para consagrar el 25 de marzo como el día del niño por nacer y de la mujer embarazada, esto como una forma de realizar campañas en contra del aborto.
Según Castellanos, dicha celebración tenía como objetivo “sensibilizar a la población en general, capacitándola sobre el peligro que corre la mujer al practicarse un aborto y sus posibles consecuencias físicas y sicológicas; sensibilizándoles e informándoles sobre el derecho fundamental constitucional a la vida del niño que está por nacer”. El proyecto no tuvo acogida y, a pesar de estar dos semestres radicado, no tuvo ponencia o debate alguno.
El siguiente proyecto llegó en 2010 de la mano de Claudia Janneth Wilches, del Partido de la U. El objetivo de este era disminuir la posibilidad de un aborto inducido al establecer un marco regulatorio para la adopción del bebé que todavía no había nacido -nasciturus-. Este proyecto apenas duró unas semanas en el Congreso, pues fue retiado por su autora.
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El siguiente proyecto llegó al Capitolio Nacional en agosto de 2011 firmado por 60 congresistas de partidos tan varipintos como conservadores, la U, Opción Ciudadana y ALAS, estas dos últimas colectividades cuestionadas por sus nexos con la parapolítica. Este erea un acto legislativo que planteaba reformar el artículo 11 de la Constitución para prohibir tanto el aborto como la eutanasia.
De haberse aprobado, este importante apartado de la Carta Magna habría quedado así: “El derecho a la vida es inviolable y recibirá igual protección desde la fecundación hasta la muerte natural. No habrá pena de muerte”. Sin embargo, la Comisión Primera de Senado lo hundió en primer debate con un pedido de archivo de Roy Barreras y Luis Carlos Avellaneda.
En respuesta a este proyecto, en 2012, el Polo Democrático lideró también una modificación al artículo 11 de la Constitución. En este caso, la intención era consagrar la despenalización de las causales en el texto constitucional. “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. La interrupción voluntaria del embarazo podrá realizarse en los casos señalados por la ley”, decía la propuesta de la izquierda. Sin embargo, y a pesar de que se publicó ponencia para primer debate, los autores retiraron el texto antes de su discusión.
El 20 de julio de 2013 hubo otro proyecto relacionado con el aborto. En esta ocasión se radicó un texto que busca prevenir el aborto estableciendo “lineamientos para los programas de apoyo a la mujer en gestación, al que está por nacer y el parto digno”. Liderado por Claudia Janneth Wilches (de la U) y los conservadores Lina María Barrera y José Darío Salazar, la iniciativa alcanzó a tener ponencia para primer debate y conceptos del Gobierno, pero se hundió en 2014 con el tránsito de legislatura.
En 2016 llegó al Congreso un proyecto que buscó despenalizar el aborto en todas las causales. La intención era modificar el artículo 122 del código penal para que se habilitara el aborto en las primeras 24 semanas de embarazo. En este caso, la autoría no era de un congresista, sino que era una iniciativa del fiscal Eduardo Montealegre.
El proyecto vino después de la polémica por el proceso que inició el ente acusador en contra de la actriz Carolina Sabino por un aborto. La Fiscalía supo de la interrupción del embarazo en las interceptaciones hecha por el caso del hacker en la campaña de Óscar Iván Zuluaga. La iniciativa estuvo tres meses en el Congreso y nunca tuvo debate, fue archivado en junio del 2016 por tránsito de legislatura.
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Los últimos proyectos han venido en este último cuatrienio y todos han tenido como objetivo prohibir el aborto en todas sus causales. En el segundo semestre de 2020 los conservadores, con el apoyo del Centro Democrático y Colombia Justa Libres, radicaron una iniciativa en la que se propone modificar los artículos 90 y 93 del código civil para que “reconozca que la existencia legal de una persona principia desde la concepción y que es desde este momento en donde el derecho a la vida debe ser respetado, garantizado y protegido de forma incondicional en todas las etapas de desarrollo en que se encuentre”.
Esta iniciativa se hundió con el cambio de legislatura pero volvió a ser radicada en agosto del año pasado y todavía está con vida en el Congreso. Sin embargo, apenas tiene una ponencia para primer debate. Esta fue publicada el 27 de octubre y es de carácter positivo hacia el proyecto. Sin embargo vale aclarar que la ponente es la senadora Esperanza Andrade, conservadora y autora del proyecto en las dos oportunidades que ha sido presentado.
Entre los proyectos repetitentes en este tema también están el de Emma Claudia Castellanos sobre los lineamientos para el parto digno y el intento de modificar el artículo 11 de la Constitución para prohibir la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, ninguno de ellos ha prosperado y se han quedado sin discusión o en el mejor de los casos fueron derrotados en el primer debate.
En total han sido 14 proyectos relacionados con el aborto los que se han radicado en el Congreso en 20 años. Ninguno de ellos ha pasado del primer debate. Lo más llamativo es que la mayoría de estos proyectos han buscado deshacer el fallo que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Solo dos iniciativas han buscado desarrollar lo que determinó el tribunal constitucional hace 16 años.
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