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Justo hace un mes, Colombia fue sacudida por un estallido social inédito y atípico en la historia reciente del país. Miles de ciudadanos, agrupados bajo diferentes causas, consignas y reclamos, decidieron tomarse las calles para expresarle al Gobierno un descontento que, coinciden analistas, databa de años y germinó en expresiones tan espontáneas y significativas como masivos cacerolazos, conciertos y expresiones artísticas. Sin embargo, a treinta días de las protestas —que persisten y tienden a prolongarse— ¿qué ha cambiado en el país?, ¿cuál es el balance que hacen las partes? y, particularmente, ¿qué se viene con miras a 2020?
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Lo ocurrido el 21 de noviembre, al margen de los hechos de vandalismo y violencia que amenazaron con opacar una manifestación mayoritariamente pacífica, no fue solo la expresión y el clamor de cambio que se extiende hasta hoy, sino un llamado de alerta para el Gobierno de cara a intentar conjurar una crisis con implicaciones sociales, políticas, económicas y, por supuesto, culturales.
De allí que el Ejecutivo, en cabeza del presidente Iván Duque, ideara lo que denominó la Gran Conversación Nacional para sentarse, sector por sector, a revisar los reclamos en búsqueda de soluciones. Con todo, esta alternativa no ha sido suficiente para paliar las manifestaciones, al punto que persisten diferencias e inconformidades de lado y lado.
Si bien las protestas arrancaron alrededor de la oposición a políticas económicas y sociales del Gobierno —como la reforma tributaria, supuestos revolcones en materia laboral y pensional, e incluso, la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc—, han escalado hasta un pliego de peticiones con más de un centenar de demandas, entre las que se cuentan desmontar el Esmad de la Policía, revisar la política de seguridad, retirar a Colombia de la OCDE, revisar los tratados internacionales, eliminar el 4 x 1.000, establecer leyes anticorrupción, reanudar los diálogos con el Eln, prohibir el fracking y hacer una reforma agraria, entre otras.
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Lo anterior, ambientado por el descontento que se vive en la región —como es el caso de Chile y Bolivia—, sumado a tragedias como la muerte de Dilan Cruz a manos de un agente del Esmad. “Fuimos testigos de una verdadera movilización como nunca se había visto en Colombia. Una expresión que nació del sentir popular, de la inconformidad de la opinión pública y que fue alimentada no solo por las redes sociales, sino que llegó a las calles. Los jóvenes salieron de la indignación de las redes y participaron activamente”, señala el analista político Carlos Arias, de la Universidad Externado.
Valoraciones y cálculos
Agrupados en lo que se denominó el Comité Nacional del Paro, movimientos sindicales, organizaciones sociales, centrales obreras, estudiantes, asociaciones de trabajadores y grupos de oposición política, por nombrar algunos, han llevado la batuta en materia de diálogo con el Ejecutivo. Al principio, presentaron un conjunto de trece peticiones y hace poco, tras la instalación de una mesa exclusiva y paralela a la Gran Conversación, ampliaron los trece puntos a un dosier con más de cien demandas.
La agenda abarca garantías para el ejercicio de la protesta, derechos sociales y económicos, políticas anticorrupción, paz; promoción de derechos humanos, ambientales y políticos; impulso a sectores agrarios, agropecuarios y pesqueros; cumplimiento de acuerdos, retiro de proyectos de ley y derogatoria de normas, y creación de espacios de participación.
Para Nelson Alarcón, presidente de Fecode —una de las organizaciones que conforman el Comité—, la agenda es fruto de diferentes reuniones y asambleas que se extendieron hasta las regiones, recogiendo las opiniones e inquietudes de varios sectores. Desde su perspectiva, en apenas un mes se ha visto el resurgir de nuevas ciudadanías y la conquista de espacios de participación, poder e independencia. “El paro ha fortalecido a todos los ciudadanos. Hay un inconformismo total frente a las políticas del Gobierno, lo que viene ocurriendo y la aprobación de diferentes políticas que van en contravía del pueblo”.
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Sin embargo, al advertir que el Ejecutivo está debilitado en su estructura política y no cuenta con el apoyo de la sociedad, alega que no se ha logrado instalar una mesa de negociaciones y, pese a las siete reuniones que han celebrado, queda la sensación de que no se han escuchado sus peticiones. “No han querido darle a la mesa el carácter que le corresponde. Debe ser una mesa de acuerdos y de negociación, pero el Gobierno dice que no, que es solo para conversar. Con eso no se llega a ningún acuerdo. Lo que se ha hecho es dilatar y dilatar. Esperamos voluntad”, dijo.
En esa percepción coincide Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien critica que “el Gobierno ha querido evitar al máximo entablar una negociación”, limitándose a “plantear solo una metodología”. De allí que el Comité, tras las festividades de Navidad y año nuevo, ya esté pensando en nuevas movilizaciones. Lo que se viene, agrega el presidente de la CUT, son encuentros del 15 al 29 de enero para preparar una reunión masiva del 30 al 31 de enero. “A partir de allí vamos a definir los pasos a seguir”, dice.
A su turno, el senador Alexánder López, del Polo Democrático, explica que las marchas dieron origen a un “gran movimiento social y popular que grita justicia y equidad”. Pese a ello, el congresista critica que el Gobierno no está oyendo lo que reclama el país: “Darle la espalda a la protesta es un gran error que ya le está costando a Duque: su imagen desfavorable es del 70 %. Cada día pierde gobernabilidad, no se puede jugar a dilatar el pliego de peticiones”.
No obstante, otra es la lectura que hace el Gobierno. Aunque el Ejecutivo se ha declarado abierto a la revisión punto por punto, no deja de criticar que la agenda “parece un programa de gobierno” y ha advertido que hay temas que no están en discusión, pues se salen de su órbita, tienen implicaciones constitucionales, conllevan costos exorbitantes o no tienen relación con el paro.
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“Una de las motivaciones es la revisión de la política de seguridad y defensa nacional. Eso no está en discusión, es un tema de Estado. También la liberación de presos políticos, pero en Colombia no los hay. Reclaman además la liberación de los capturados en actos de vandalismo, y eso corresponde al sector judicial. Lo otro son los temas de sostenibilidad fiscal. El requerimiento de que Ecopetrol sea 100 % pública significaría que se tendrían que invertir $15 billones en un solo punto”, declaró Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia y designado por el presidente para articular la Conversación Nacional.
Con todo, insistiendo en que “no se está negociando el Estado” y que Duque “tiene un mandato elegido por diez millones de colombianos”, el funcionario defiende lo que se ha hecho en la Conversación paralela a la del Comité del Paro y las acciones para escuchar a los diferentes sectores, incluso “a la mayoría silenciosa” que no se ha movilizado. “El diálogo inició la semana después del paro. Se han tenido 16 reuniones, congregando a más de mil personas de diferentes sectores y discutiendo temas como educación, ambiente, lucha contra la corrupción, crecimiento económico, paz con legalidad y juventud. Hay avances”, dice el funcionario.
En esa línea, destaca que, por petición de los alcaldes electos, con quienes se reunieron inicialmente, se incluyó en la ley de crecimiento económico un artículo “que permite destinar la sobretasa del sector financiero para vías terciarías”. Con los jóvenes, que alegaron el tema de empleo, Molano asegura que se incorporó un artículo “que da incentivos tributarios para empresas que creen empleos para menores de 28 años”. En materia ambiental, se aprobó el Tratado de Escazú, “para mejorar la protección a líderes ambientales y tener mejor información pública”. Y frente a los comerciantes afectados por hechos de vandalismo, Molano destaca que se ideó una línea con créditos blandos de Bancoldex para atenderlos.
La senadora Paloma Valencia, del partido de Gobierno Centro Democrático, asegura que, aunque hay reclamos legítimos, es claro también que detrás del paro hay sectores que quieren desestabilizar al Ejecutivo y “ganar en la calle lo que no pudieron en las urnas”. Coincide con Molano en que hay peticiones del Comité que son “inverosímiles” y que trascienden lo social, asemejándose a un plan de gobierno. Por ello, frente a 2020, opina que el Ejecutivo “profundizará en el diálogo y avanzará con medidas sociales”, lo que permitirá reducir el eco e impacto de las marchas, dejando “solo a los sectores radicales que buscan secuestrar al presidente”.
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Desde la perspectiva de Molano, este mes de protestas evidencia que en Colombia hay instituciones fuertes y un Gobierno que escucha, respeta la protesta y pretende solucionar colectivamente las problemáticas. No obstante, admite que aún se deben dar pasos tanto por parte del Ejecutivo como del Comité del Paro para que haya confianza. “Queremos encontrar soluciones a las preocupaciones sociales. La disposición del presidente Duque es avanzar y garantizar respuestas a esas inquietudes. No se trata de tomar decisiones para unos pocos grupos”, precisa.
Con miras a 2020, Molano insiste en que el Gobierno seguirá tomando decisiones y dándole desarrollo a su programa de Gobierno. Si bien se planteó el 15 de marzo como fecha límite para darle fin a la Conversación Nacional, confía en que antes de llegar allí se concreten más resultados. “Al Comité del Paro hay que preguntarle qué disposición tiene para resolver los problemas. El Gobierno tiene voluntad, pero con su agenda tenemos que ser muy responsables para revisar en qué se puede avanzar y en qué no, porque parece un programa de gobierno”, agrega.
Los temas están planteados, las posturas parecen decididas y sobre la mesa ya están los inamovibles de parte y parte. Sin embargo, un acuerdo se vislumbra aún lejano. De allí el desafío que tendrán que seguir encarando tanto el Gobierno como el Comité del Paro para ceder en algunos puntos, evaluar políticas y lograr pactos que le permitan al país avanzar en materia social y económica. El reto es de parte y parte de cara a concretar los cambios que requiere Colombia.
jgonzalez@elespectador.com
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