Un país de elecciones atípicas

En este caso, el argumento para no realizar los comicios es la compleja crisis de la región por cuenta del invierno, pues la inversión de millonarios recursos en asuntos distintos a la reconstrucción de las zonas afectadas amenaza con generar fuerte polémica nacional. Pero el Gobierno no necesita cancelar los comicios, menos aún ampararse en la emergencia por las lluvias. Basta con que las aplace valiéndose de la normatividad vigente y ordinaria. 

La corrupción y las relaciones con grupos armados al margen de la ley son los principales motivos para la salida de gobernadores en el país. Por ejemplo, la declaratoria de nulidad de la elección de Freddy Forero Requiniva en Arauca, emitida por el Consejo de Estado, y el retiro de Félix Francisco Acosta, del Amazonas, por decisión del Ministerio del Interior y Justicia al conocer una sentencia judicial en su contra.

También las renuncias de los dirigentes de Bolívar, Joaco Berrío, y de Guaviare, Óscar López Cadavid por investigaciones judiciales asociadas con presuntas relaciones con grupos armados al margen de la ley, el asesinato a manos de las Farc de Luis Francisco Cuéllar, de Caquetá, y la destitución de Juan Carlos Abadía, emitida por la Procuraduría por participación en política.

Aunque estos procesos electorales atípicos se han realizado, en su mayoría, con presupuesto propio de la Registraduría Nacional del Estado Civil por el reducido censo electoral de algunos departamentos. En Bolívar, donde están habilitados para sufragar cerca de un millón 300 mil electores, fue necesario que el Gobierno apropiara recursos cercanos a los $7.900 millones. De llevarse a cabo las elecciones en el Valle del Cauca, el desembolso sería cercano a los $15 mil millones, esto sin tener en cuenta los gastos que realiza cada uno de los candidatos en las campañas y la respectiva reposición de votos. Por eso ha venido cogiendo fuerza el argumento de evitar estos procesos electorales para ahorrarse las millonarias inversiones.

Frente a este panorama, la analista política y miembro de la Misión Observación Electoral (MOE), Claudia López, manifestó: “En cuanto a las elecciones del Valle del Cauca hay un problema de diseño en la ley, faltando tan poco tiempo para que se cumpla el período creemos que el Presidente debe escoger de una terna que presente el partido que ganó las elecciones. Por ahora, no veo alternativas legales, es algo enredado, la ley está mal hecha, pero así es la ley”.

Para López, el problema de fondo se da en la elección de dirigentes que no cuentan con la transparencia para desempeñar los cargos y, finalmente, resultan destituidos por investigaciones en su contra. “No es sólo responsabilidad de la ciudadanía. Una característica de la política, en especial en las regiones, es que manda el dinero y así la situación es muy difícil”.

Algunos de los factores por los cuales se considera un desgaste innecesario la realización de elecciones atípicas son el bajo interés que generan y la poca participación ciudadana, lo que a la larga le resta legitimidad al candidato electo. En las pasadas elecciones de Bolívar sólo votaron cerca de 135.000 ciudadanos, de 1’300.000 personas habilitadas, es decir, el 10%.

Aunque pareciera haber un consenso frente al aplazamiento de las elecciones, los candidatos Jorge Homero Giraldo y Víctor Julio González mantienen su intención de participar en la contienda y sostienen que continuarán en campaña hasta que el Gobierno decrete la suspensión de los comicios y que la decisión sobre quién debe gobernar en el Valle debe ser tomada por los electores y no en Bogotá.