«Una asamblea constituyente no está en la agenda»

En 11 días culmina la legislatura 2010-2011 y a la hora de los balances no cabe duda de que el gran ganador fue el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras. Imponiendo su liderazgo, logró sacar adelante la agenda del Gobierno y el Congreso aprobó proyectos claves e históricos como la Ley de Víctimas, el Estatuto Anticorrupción, la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Ordenamiento Territorial y la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión, entre otros.

Es el primer año del mandato Santos, el de luna de miel, dicen. Y en diálogo con El Espectador, Vargas Lleras reflexiona, más que por lo hecho, por lo que se viene, que pinta bastante agitado. El máximo reto: la reforma a la justicia, que será presentada al Legislativo el 20 de julio, haya o no consenso con las altas cortes. Hay que garantizar también la aplicación de la Ley de Víctimas, sacar adelante la reforma carcelaria y redireccionar la política antidrogas, tras la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Y el ministro sabe que si bien hoy sus calificaciones son las mejores, todavía faltan otros exámenes por aprobar.

Dijo usted que la reforma a la justicia será presentada el 20 de julio al Congreso, haya o no consenso con las cortes…

Y por dos razones: porque el presidente Santos ha dado el espacio suficiente para buscar los acuerdos de concertación con la Rama Judicial y porque era imposible tramitar una reforma en esta materia sin haber avanzado previamente con el acto legislativo, que ya fue sancionado y que establece que para votar reformas constitucionales no proceden impedimentos ni recusaciones.

¿No implica eso un riesgo? Porque la reforma plantea la doble instancia en el juzgamiento de congresistas y se podría decir que van a legislar en causa propia…

No, y allí se recoge una jurisprudencia ya emitida por la Corte Constitucional. Si no procedemos de esta forma, 120 impedimentos se hubieran presentado sólo en la Cámara, impidiendo que hubiese quórum. Tenemos previsto para los días 23, 24 y 25 de junio un encuentro final con los presidentes de las cortes en Medellín, donde también estarán la fiscal y el procurador. Será la última reunión para tratar de establecer todos los puntos del consenso, poniendo presente también los disensos.

¿Al fin cuáles son los puntos básicos de esa reforma?

Temas de congestión y acceso, seguridad jurídica y aspectos institucionales son la columna vertebral. Pero además, viene en curso un conjunto de normas que van a hacer mucho más ágiles los procedimientos. Se aprobó en diciembre el nuevo Código Contencioso Administrativo, ya hizo trámite el nuevo Código General del Proceso, hemos terminado de preparar la Ley de Arbitramento y cursa también en el Congreso un proyecto en materia de reforma a los jueces de paz.

¿Cuáles han sido los puntos más difíciles a consensuar con las cortes?

Tutela, autonomía en el manejo de la Rama y precedente judicial.

¿Cuál es la posición que llevará el Gobierno frente a la tutela?

Creemos que hay manera de reglamentar la tutela para que la Corte Constitucional no se ocupe sino de hechos muy concretos, cuando haya una flagrante violación a los derechos fundamentales. De resto, los incidentes de tutela deben tramitarse en la jurisdicción especializada y ser la Sala Plena de cada una de las cortes la que conozca finalmente de las mismas. Así, el recurso ante la Corte Constitucional sería excepcional. Hemos avanzado en hacer varias propuestas, pero aún ninguna ha sido aceptada.

En cuanto a la autonomía, ¿será que las cortes creen que el Ejecutivo se les está metiendo al rancho?

El proyecto está inspirado en respetar el espíritu de la Constitución en cuanto a la plena autonomía e independencia de la Rama Judicial. La propuesta que hemos hecho es simplemente la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura en su Sala Administrativa para que esto funcione y la administración de la Rama sea asumida por ellos mismos pero a través de un Consejo Superior, donde se integren los presidentes de las cortes, un delegado permanente, un representante de los jueces y los magistrados de tribunales. El Gobierno no tendrá voz ni voto en la administración de la misma.

¿Las cortes no quieren dejar acabar el Consejo Superior de la Judicatura?

Las opiniones están dividas. Hay unos que simpatizan y reconocen las tareas de la Judicatura y otros creen que lo conveniente es tener un gerente y que el Consejo Superior que he mencionado actúe como una junta directiva, sin entrar directamente a administrar aspectos que son más de orden gerencial.

¿En qué consiste la propuesta de eliminar los asuntos electorales de las altas cortes?

Creemos que las cortes no pueden participar en la postulación de funcionarios, me refiero al procurador y al contralor. Con lo del procurador, regresar a la postulación que tenía anteriormente el presidente, y en cuanto al contralor, que sea una elección libre mediante un proceso de meritocracia.

Por allí hay quienes dicen que la reforma a la justicia sólo puede ser posible con una constituyente…

Lo veremos a partir del 20 de julio.

¿Cuál fue el momento más difícil de la legislatura que ya casi termina?

Tuvimos episodios políticos que son normales en el funcionamiento de cualquier Congreso, pero ninguno interrumpió el trámite de las iniciativas. El haber contado con una coalición tan amplia demuestra que la convocatoria del presidente Santos a la unidad resultó muy exitosa.

¿Qué tanto molestaron los trinos del expresidente Álvaro Uribe sobre la Ley de Víctimas?

Lo que el Gobierno impulsó desde la hora cero fue superar controversias que hicieron parte del debate político del pasado, que habían polarizado a los partidos en torno a temas que finalmente pudieron concertarse. Eso es lo que garantizó la aprobación de la Ley y el presidente asumió un liderazgo en su trámite que finalmente produjo el resultado positivo.

A propósito de la Ley de Víctimas, ya son varios los líderes de restitución de tierras asesinados, ¿cómo enfrentar esas reacciones violentas?

Ese es el gran desafío. Se está diseñando una estrategia para ir consolidando territorios enteros, brindándole la seguridad a aquellas personas que entren a ocupar nuevamente sus tierras. Sabemos que es imposible ponerle un guardaespaldas para garantizarle la seguridad a cada campesino, pero lo que vamos a procurar es la seguridad del territorio en el cual se va a propiciar la restitución. No va a haber cabida a intimidar con asesinatos selectivos.

La línea que separa crímenes comunes de los políticos es muy confusa, ¿cómo se va a establecer qué casos entran y cuáles no?

Delitos comunes no están comprendidos. Sería inaplicable esta ley si por cada atraco callejero se indemnizara a la persona sujeto del mismo. No, el criterio de las víctimas quedó perfectamente definido y va a cubrir a aquellas víctimas de la guerrilla, del paramilitarismo y de agentes del Estado.

¿O sea que víctimas del narcotráfico no?

No, narcotráfico no.

¿Pero entonces dónde quedan por ejemplo crímenes como el de Luis Carlos Galán, perpetrado por el cartel de Medellín, que es narcotráfico?

Para esa época el narcotráfico era una estructura criminal con un propósito claro, que es diferente a lo de un narcotraficante aislado que comete un crimen selectivo.

Hijos de víctimas de crímenes políticos, como José Antequera, dicen que no aceptan que su padre haya sido asesinado dentro del conflicto armado porque en realidad fue un exterminio desde el Estado…

Respeto, pero no estoy de acuerdo con ello. Menos del cuatro por ciento de las víctimas tuvieron como perpetradores a agentes del Estado. Quienes cometieron esas conductas no lo hicieron en desarrollo de una política oficial, sino de actos aislados que merecen todo el reproche, pero que no calificaría jamás de una política propiciada por el mismo Estado.

¿El proyecto de sostenibilidad fiscal no riñe con la Ley de Víctimas?

Para nada, porque en la etapa final de trámite del mismo se hicieron unos ajustes que simplemente van a propiciar un sano equilibrio fiscal y no afectan en nada el financiamiento de Ley.

El senador Juan Carlos Vélez habló de la posibilidad de una constituyente para buscar el regreso de Uribe al poder, ¿lo ve posible?

No creo, media una sentencia muy clara de la Corte Constitucional al respecto.

Pero la Corte cierra el paso es a una reforma vía referendo o acto legislativo…

Sí, pero convocar una constituyente no está dentro de la agenda del Gobierno.

¿Cómo va la creación del nuevo Ministerio de Justicia?

Ya estamos listos, tenemos el borrador de los decretos y el presidente fijará la fecha en la que se expedirán. Hemos avanzado no sólo en eso, sino que inclusive ya hicimos la compra de las instalaciones a las que se trasladará el Ministerio del Interior, que será el edificio Fondo Cultural Cafetero.

¿Y usted se va a quedar en el de Interior o se va para el de Justicia?

Esa pregunta no se la puedo contestar porque no he tenido ni siquiera oportunidad de hablar de estos asuntos con el presidente.

¿Cómo le ha ido con Santos de jefe?

Sumamente bien y su apoyo ha sido definitivo para el buen suceso de la legislatura y de las funciones que me son propias.

Reforma carcelaria, Estupefacientes y CNTV

¿Cómo va la reforma carcelaria?

Es posible que este martes tenga trámite en la Comisión Primera. De ella resaltaría que va a ser mucho más riguroso el régimen penitenciario y a fomentar una política de resocialización dentro de los establecimientos carcelarios.

¿Y la Dirección de Estupefacientes?

Se va a liquidar en los primeros días de julio. Los bienes pasarán a ser administrados por una dependencia del Ministerio de Hacienda y las funciones en materia de lucha contra las drogas serán incorporadas al nuevo Ministerio de Justicia.

Dicen que sin la CNTV el Gobierno manejará la televisión…

Pueden perder cuidado. Lo que vamos a tener es un ahorro de $80 mil millones. Se está trabajando en la reglamentación y hay ideas útiles: algunos piensan que la Comisión de Regulación de Comunicaciones puede ocuparse del manejo del espectro, pero en todo caso asumimos frente al Congreso un compromiso de que, en lo que concierne a contenido, habrá una junta independiente no remunerada que no dependerá del Gobierno y que ejercerá la vigilancia garantizando que no exista censura de parte de la Rama Ejecutiva.

Vargas Lleras y  algunos de los proyectos clave aprobados

Ley de Seguridad Ciudadana

“140 medidas fueron aprobadas en aspectos prácticos que le van a permitir al Gobierno enfrentar de manera más decidida esta ola delincuencial en las principales ciudades. Ya está en ejecución el Plan Cuadrantes, pero se requería actualizar la legislación para fortalecer la capacidad de acción de fiscales, jueces, autoridades de policía y autoridades locales”.

Ley de Víctimas

“Se lograron los consensos necesarios para aprobar una ley que responde a todos los estándares y que se convertirá en un ejemplo para el mundo, porque no tiene precedente algo así en ningún país. Sabemos que la ley no se va a cumplir en un año, pero se va privilegiar inicialmente a los sectores más vulnerables”.

Estatuto Anticorrupción

“Involucra novedosos aspectos que apuntan directamente a los centros de corrupción y a atacar las conductas más comunes que se han venido generalizando. Se crea la Comisión Nacional de Lucha Contra la Corrupción, en cabeza del presidente, y será él quien diseñe las políticas. Invito a los ciudadanos a que nos envíen sus propuestas sobre los elementos que creen deben ser eliminados en materia de tramitomanía”.

Ordenamiento Territorial

“Tienen razón quienes dicen que no es muy ambiciosa. La experiencia nos indica que los esfuerzos por abarcar todos los temas siempre condujeron a la frustración. Hemos consignado unos principios básicos, algunos muy útiles: el concepto de planeación, la regionalización y se crean los fondos locales de inversión, que van a recibir las regalías para estimular los proyectos de desarrollo, entre otros puntos”.