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Un historial de malos recuerdos ha dejado el pleito entre Colombia y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El último fallo, que fue a favor del Estado colombiano, puso a los dos países a solventar su relación para poder aplicar la decisión del tribunal en medio de la cada vez más notoria distancia entre sus mandatarios: Gustavo Petro y Daniel Ortega. En ese contexto de tensiones sin resolver, El Espectador accedió a documento de 14 páginas en el que la Cancillería detalla los pormenores de la implementación.
En efecto, el panorama para la aplicación no es tan prometedor, pues la situación se agrava con el hecho de que el presidente Ortega encabeza un régimen autoritario, y que la Casa de Nariño lo piensa dos veces antes de dar un paso diplomático que termine validándolo.
¿Qué se espera de la negociación?
Cumplir el fallo no es tan fácil en la normativa colombiana. Inicialmente, se necesita una negociación entre las partes: la concertación de mesas de trabajo y un cronograma sobre el cual avanzar que concluyera con la firma de un tratado. Posteriormente, este tendría que pasar al Congreso para ser aprobado.
El primer paso para lograrlo fue la fijación de un encuentro exploratorio entre el entonces canciller Álvaro Leyva y Carlos Argüello, encargado de los asuntos de Nicaragua ante de la CIJ, agendado para el 29 de enero de este año, tras reuniones previas en agosto, noviembre y diciembre. Ese evento nunca ocurrió “por cuestiones de agenda”, según la Cancillería colombiana. La fecha para la próxima cita todavía no se conoce.
El documento establece que los temas a tratar serían las actividades pesqueras de la población, especialmente del pueblo raizal; asuntos ambientales y de conservación de la biodiversidad con la demarcación de las zonas; y seguridad transfronteriza, que “se refieren específicamente a los aspectos puntuales contenidos en los fallos expedidos”. Este también enfatiza en que se trataba de una reunión “de carácter preliminar y exploratoria”.
Pero este primer paso no ocurrió y, desde entonces, la posibilidad de entablar negociaciones se vio cada vez más lejana. Más de diez días después del que hubiera sido el primer encuentro, Leyva salió de la Cancillería tras una suspensión de la Procuraduría sobre el lío de los pasaportes. Quien había sido la figura central para la comunicación entre las partes dejó el cargo.
La cuestión, por sí sola, era para trabajar con pinzas. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha sido señalado de “crímenes de lesa humanidad” por parte de expertos de la ONU. A eso se suma que entre el presidente colombiano y el mandatario nicaragüense ha habido varios encontronazos. Este último llamó “traidor” a Petro cuando este se solidarizó con la poeta Gioconda Belli, después de que se supiera que el régimen orteguista había enviado funcionarios policiales para confiscar la residencia de esta en Managua. Colombia respondió en ese entonces que exigía a Nicaragua “respetar la soberanía nacional, la dignidad de sus instituciones y del jefe de Estado”.
Negociar con un Gobierno como el de Ortega nunca ha sido fácil, especialmente cuando las expectativas para los encuentros son tantas. Esto es todavía aún más crítico cuando el documento establece que los temas ordenados por la Corte no serán los únicos en la agenda binacional “que contiene aspectos que responden tanto a una perspectiva de conjunto como a lógicas y condiciones propias”. Una de ellas se refiere a las “oportunidades comerciales” que nacen del objetivo estratégico de la Cancillería para “reposicionar a Colombia como un aliado estratégico de la región Caribe”.
Entre los dos países existe el Acuerdo Comercial de Alcance Parcial (APP), suscrito en 1984 y que ha experimentado varios cierres en las negociaciones. En el 2018 iniciaron unas conversaciones sobre la profundización del APP, que inicialmente daba a productos como el tomate, tabaco, clavos de cobre, acumuladores de plomo y jengibre, algunas preferencias arancelarias.
En ese momento, la viceministra de Comercio Exterior, Olga Lucía Lozano, indicó que Nicaragua era “un mercado interesante para Colombia y representa una oportunidad para diversificar las exportaciones que el país hace hacia Centroamérica, especialmente para la industria y la agroindustria”. Se buscaba que la lista de productos para exportar se ampliara hasta incluir medicamentos, cueros y electrodomésticos, entre otros.
Tres años después, el proceso se suspendió por “asuntos de coyuntura política”. En el 2021 ocurrieron varias situaciones que agitaron las aguas entre los dos países. Colombia acusó a Nicaragua de haber incluido porciones del mar Caribe como si fueran propias. Meses más tarde, el país centroamericano acusó a su vecino sudamericano de no respetar el fallo del 2012 sobre las fronteras marítimas.
Esa oportunidad de intercambio comercial volvió a abrirse en enero de este año, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia otorgó un aval al Ministerio de Comercio para que pudiera reanudar las negociaciones. El mes siguiente, Nicaragua también dio su aprobación. Por ahora, de acuerdo con la Cancillería, “se adelanta la coordinación interinstitucional requerida para articular los intereses de Colombia de cara al reinicio de estas negociaciones”, que también se vieron afectadas por las demoras en los encuentros entre las partes.
Lo cierto es que el Gobierno Petro busca un acercamiento entre los países caribeños. Para los expertos, espacios como estos serían necesarios para poder integrar los fallos de la CIJ sin tener que exponerse a una negociación más cercana con un régimen autoritario, que de todas formas es necesaria para la implementación de la decisión del tribunal de La Haya. En ese marco, instancias como la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) serán claves para el desarrollo de las negociaciones.
Esa agenda de “integración regional” que propone el Ejecutivo, establece el documento, se enmarca en tres escenarios: el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la potenciación de los mecanismos de integración y desarrollo bilaterales orientados a la construcción de proyectos, y la participación reforzada de Colombia en los mecanismos de concertación e integración regionales.
Una agenda ambiciosa espera a quienes integren el próximo encuentro entre Nicaragua y Colombia para implementar el fallo de La Haya. El Ministerio de Exteriores tendrá que trabajar de la mano con Interior, Hacienda, Comercio, Minas y Energía, así como con el Departamento Nacional de Planeación, para poder llevar buen término la negociación, que, por el momento, sigue estancada.
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