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La terna para elegir al nuevo Procurador General de la Nación sigue en veremos. Mientras el Consejo de Estado ya escogió a su candidato, al ex magistrado de la misma corporación Alejandro Ordóñez, por los lados de la Corte Suprema de Justicia la situación se encuentra estancada y nada que sale humo blanco. Y aún más reservado está el panorama por el Palacio de Nariño, que seguramente sacará su ‘as’ desconocido, pero sólo cuando conozca quiénes son los otros nominados.
Por ahora, la incógnita mayor está centrada en las deliberaciones de la Corte Suprema de Justicia. Según conoció El Espectador, en su más reciente reunión de Sala Plena se hicieron 23 rondas de votación sin resultados decisorios. 11 votos para el ex comisionado de Paz Camilo Gómez, 10 sufragios para el ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Carlos Enrique Marín y 7 apoyos al ex gobernador del Huila Rodrigo Villalba Mosquera.
Con estos escrutinios, a ninguno le alcanza para convertirse en el elegido, porque para una postulación se requieren mínimo 16 votos. La Corte Suprema de Justicia está integrada por 23 magistrados, pero dos de ellos se declararon impedidos (Yesid Ramírez y Alfredo Gómez), por eso sólo pueden participar en la elección 21 de sus miembros. La preocupación frente a la falta de consenso es que a última hora se abra una nueva convocatoria para darle opción a un nuevo candidato.
La pregunta que se hacen los expertos es: ¿Por qué no logran el consenso necesario si, en teoría, ninguna de las tres hojas de vida tiene reparos y todos pasaron las entrevistas? Lo cierto es que mientras la Corte y el presidente Uribe demoran su decisión, el aspirante por el Consejo de Estado, Alejandro Ordóñez, ya hace campaña en el Senado, con lo cual se está rompiendo con la igualdad de condiciones de quienes participarán en la terna.
El Espectador consultó a los aspirantes de la Corte Suprema de Justicia y Carlos Enrique Marín se limitó a decir que “nada tarda tanto como aquello que no se empieza. Lo ideal sería que se conociera la terna para iniciar en igualdad de condiciones el proceso ante el país, la academia y el Congreso”. Por su parte, Camilo Gómez dijo que por respeto a la Corte no se pronunciará hasta el final del proceso.
El ex viceministro de justicia Rafael Nieto dijo que la verdad de lo que está ocurriendo “es que hay una puja política en la Corte Suprema de Justicia. No creo que sea la calidad, porque ambos cumplen los requisitos. Hay votaciones de meses, pero si hay una demora excesiva su candidato va a estar en desventaja”.
Sin embargo, Nieto no se atreve a decir que el proceso esté favoreciendo al Partido Conservador. Para él, lo relevante es que el elegido tenga las condiciones. Claro que si las cosas continúan como van, los magistrados tendrían dos opciones: buscar un tercero dentro de quienes se han postulado o “en última instancia es posible convocar a otras personas, incluido Maya Villazón, aunque él dijo que no quería participar y me parece muy difícil ir en contra de su voluntad. Pero no hay restricción para que lo postulen”.
El ex presidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra aseguró que “la Corte Suprema está adelantado el proceso de selección de su candidato y al final seguramente postulará a quien considere más apto para integrar a la terna y lo hará en ejercicio de la función que para ese efecto le atribuye la Constitución del 91. El tribunal de todas maneras tendrá que cumplir con la función de postular sus candidatos”.
La conclusión es que si nadie logra las mayorías en la Corte Suprema, ésta estará en todo su derecho de postular a otra persona.
En las dos anteriores elecciones del actual Procurador, su nombramiento se hizo a través de la Corte Suprema de Justicia.
Pero si el proceso está demorado por el lado de la Corte, el de la Presidencia se tardará aún más si en verdad Uribe quiere ver ante quiénes se tendrá que enfrentar su candidato antes de nombrarlo.
Esta semana, una de las que sonaban en la terna del Ejecutivo, la magistrada de la Corte Constitucional Clara Inés Vargas, anunció su intención de renunciar a su cargo en el alto tribunal si es ternada.
Antes del 16 de diciembre tanto la Corte como el Ejecutivo tendrán que dar el paso.