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Con la presentación de la terna por parte del presidente Gustavo Petro, este jueves comenzó a correr el tiempo para que los partidos políticos que tienen asiento en la Cámara decidan quién será la nueva cabeza de la Defensoría del Pueblo. El plazo máximo es el 20 de agosto, por lo cual la corporación solo tiene 12 días para hacer la elección. La Presidencia abrió la convocatoria el pasado 17 de julio para conformar el listado de hojas de vida, el cual sirvió al mandatario para elegir a las tres candidatas. Aunque había personas que pasaron por su gobierno, entre ellos varios exministros, el presidente optó por una lista compuesta únicamente por mujeres.
Los nombres de Dora Lucy Arias, Iris Marín y Jomary Ortegón fueron depurados de una lista de más de 75 abogados inscritos que dio a conocer el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) el pasado 21 de julio. El cargo que ocupará alguna de las tres es tan político que lo terna el primer mandatario y lo elige en pleno la Cámara de Representantes y, en ese sentido, Petro se la jugó por tres mujeres que vienen de las entrañas de las organizaciones de derechos humanos, y que son cercanas al progresismo.
En ese sentido, cualquiera de las tres marcará una diferencia con Carlos Camargo, quien renunció a su cargo como defensor del Pueblo el pasado 31 de mayo, en medio de una polémica administración, para ejercer como vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, su alma máter.
El exdefensor fue ternado en 2020 por el entonces presidente Iván Duque y su gestión de esta entidad encargada de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos fue criticada en varias ocasiones por una supuesta tibieza en la ejecución de sus tareas. Además, Camargo era cercano a sectores conservadores y a la misma línea política de la procuradora Margarita Cabello.
Por el contrario, las fichas ternadas por Petro han sido cercanas al proyecto de izquierda. Dora Lucy Arias coordina el Grupo Latinoamericano de Análisis para la Resignificación de la Utilidad Pública, así como la ruta jurídica para la protección de semillas en la Alianza por la Agrobiodiversidad en Colombia. Su trabajo ha dado lugar a varias sentencias que defienden los derechos de los territorios, la protección de recursos naturales y la salud pública.
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Jomary Ortegón ha litigado, a nivel internacional, cerca de 30 casos de violaciones a derechos humanos a campesinos, pueblos indígenas, sindicalistas y líderes políticos, obteniendo sentencias contra Colombia, como en el caso de la destitución de Petro como alcalde de Bogotá.
Tanto Arias como Ortegón han tenido lazos con el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar). La primera fue abogada de la organización y la segunda es actualmente la vicepresidenta. Esta ha sido una de las críticas que han expuesto desde la oposición desde que se dio a conocer la terna este jueves. El Cajar ha llevado casos de víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia y de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), entre otros, pero también ha sido cuestionada por el caso de una falsa víctima de la masacre de Mapiripán.
Por su parte, Iris Marín asesoró al gobierno de Juan Manuel Santos durante las negociaciones con la extinta guerrilla de las FARC en La Habana y que llevaron al Acuerdo de Paz de 2016. Es magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, experta en justicia transicional, víctimas y paz, y ha estado vinculado a entidades como la JEP, la Unidad para las Víctimas, ONU Mujeres y la Comisión de la Verdad.
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Ahora, una de estas tres abogadas cercanas a las causas de la Casa de Nariño será la primera mujer en ocupar el cargo de defensora del Pueblo y lo hará en un contexto donde hay un recrudecimiento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos en varios departamentos, sobre todo en Cauca y Valle del Cauca.
Según algunas voces de la Cámara, era el momento de una mujer en cabeza de la Defensoría. “Sobre todo por la grave oleada de violencia machista que estamos viviendo en este momento, van más de 400 feminicidios y apenas vamos a la mitad del año, y la Defensoría es una institución clave para adoptar medidas preventivas”, dijo, por ejemplo, la congresista de Dignidad y Compromiso Jennifer Pedraza.
Jaime Raúl Salamanca, presidente de la corporación, afirmó que espera “hablar pronto con ellas para invitarlas a hablar con cada una de las bancadas”. Según el cronograma estipulado, el próximo 13 de agosto se presentará ante la presidencia de la Cámara el informe sobre el cumplimiento de requisitos por parte de la Comisión Legal de Acreditación Documental. El 14 de agosto las candidatas están invitadas a presentar sus propuestas en la plenaria y dos días después se citará a los congresistas para hacer la elección oficial.
Como el “Gobierno del cambio” mantiene las mayorías en la Cámara, es muy probable que la candidata que en definitiva tenga el guiño de la Casa de Nariño sea la elegida.
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