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Cuando el jueves pasado, a las 5:03 de la tarde, el expresidente Álvaro Uribe Vélez trinó que no sería precluido el expediente en su contra por posible fraude procesal y manipulación de testigos, anticipándose 24 horas a la audiencia que con tal fin estaba citada para el viernes en el Tribunal Superior de Bogotá, se desató una tormenta política porque, entre especulaciones y análisis de escenarios jurídicos alimentados por él mismo, se habló de que, por primera vez, Colombia vería a uno de sus exmandatarios llamado a un juicio penal.
Semejante bomba mediática, estallada en 42 letras resumidas en la frase “Me niegan la preclusión y ordenan llevarme a juicio”, se soltó a 24 días –contados desde ese 5 de octubre– de la cita a urnas en la que el país reconfigurará su mapa de poder regional y en la que Uribe está cumpliendo un papel clave. Lleva más de un mes haciendo proselitismo puro y duro, impulsando a los candidatos de su partido, el Centro Democrático, y abrazando en plaza pública a los que se están apoyando desde su colectividad.
Por eso, inevitablemente, la tercera derrota de la Fiscalía de Francisco Barbosa por intentar precluir el caso, decisión que se confirmó el viernes cerrando la tarde y que obliga a la entidad a rebajar sus opciones, incluyendo la de si lleva o no a Uribe a juicio, se convirtió en una carta política que -tanto la oposición que encarna el propio exmandatario como todo el oficialismo que respalda la administración del presidente Gustavo Petro- quiere aprovechar en la recta final de una campaña cargada por una fuerte polarización.
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El Centro Democrático es un partido que tiene 13 curules en el Senado y 16 en la Cámara, y que a nivel regional, contando avales directos y apoyos colectivos, tiene cuatro de 32 gobernadores, 34 de 418 diputados, 154 de 1.102 alcaldías y 1.685 de 12.063 concejales en todo el país. Y aupado en la cada vez más fraccionada imagen de Petro, y con un Uribe activo que solo en la última semana recorrió cinco departamentos diferentes, quiere ganar más poder local. De ahí que las figuras más potentes de su partido salieran de inmediato a calificar una decisión judicial contra su líder como un acto político para impedir que su figura impulse esa carrera electoral que culminará el 29 de octubre próximo.
“Mientras el (ex) presidente que nos devolvió la fe en Colombia es perseguido injustamente, quien incendió el país en medio de una pandemia disfruta el poder en medio de los peores escándalos de su gobierno”, fue el dardo que lanzó la senadora María Fernanda Cabal. Y su copartidario de colectividad, el también senador Miguel Uribe, fue más allá y advirtió que “quienes hoy gobiernan montaron una estrategia de difamación y calumnia en contra del (ex) presidente Uribe”.
Los estatutos del Centro Democrático tienen una particularidad que explican esta jugada. En efecto, en los documentos que reglan el proceder de esta colectividad de oposición se estableció que hay unos cuadros directivos que toman las decisiones, pero dejan en la figura del exmandatario la última palabra en todo, o al menos en casi todo.
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Por eso, cuando Uribe soltó su trino el jueves, no pasaron ni 10 minutos para que todos sus seguidores comenzaran a moverse con fuerza para sacarle rédito político y electoral. Y no es que Uribe haya dado la orden, pero -tal cual lo advirtió una fuente de la misma colectividad- en escenarios polarizados como el actual, y faltando solo tres semanas para las elecciones, “todo lo que diga el exmandatario es un mensaje tácito para actuar”.
Incluso, Cabal fue explícita: “Deplorable coincidencia de llamar a juicio al expresidente Álvaro Uribe faltando un mes para las elecciones”. Aunque esa decisión es la que aún no se ha definido en el búnker, al menos hasta el cierre de esta edición, para los seguidores del exmandatario no hay otra razón que política para intentar dar ese paso.
“El país conoce el expediente y no hay ni una señal de alguna conducta indebida”, precisó la senadora Paloma Valencia. Por eso, el llamado general que viene haciendo este sector de centro derecha del país es castigar al Pacto Histórico de Petro en las urnas, porque ven a varios de sus afines como responsables de lo que pasa judicialmente con Uribe.
Pero como en política siempre hay dos bandos, o 35 como es el número de partidos que para estas elecciones contaron con el visto bueno del Consejo Nacional Electoral (CNE) para avalar a los más de 128.000 candidatos que se disputan el poder regional, desde el oficialismo petrista también le sacaron jugo al expediente del exmandatario que gobernó a Colombia entre 2002 y 2010.
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En efecto, una de esas voces fue la del candidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar –segundo en las encuestas de intención de voto–, quien pasó a la ofensiva celebrando el fracaso procesal del ente acusador y recordando, tácitamente, el escándalo de los falsos positivos. “6.402 motivos para celebrar, pero no canten victoria, Santiago Uribe, su hermano, está juzgado hace dos años y la justicia tiene frenado el fallo. Pero algo es algo. Una luz de esperanza para que brille la verdad”, advirtió.
Y ahí es clave, al menos para este sector del espectro político y que es la base electoral del primer presidente de izquierda que tiene Colombia en más de 200 años de historia republicana, el papel que cumplió el fiscal Francisco Barbosa y quienes ha puesto al frente del proceso desde que, en 2020, le fue heredado desde la Corte Suprema de Justicia.
El senador Iván Cepeda (Polo Democrático), quien es reconocido como víctima en el expediente, advirtió que “durante estos tres años, hay que decirlo claramente, el fiscal Barbosa ha hecho esfuerzos sostenidos por intentar evitar que este proceso llegue a la etapa de juicio. El fiscal Gabriel Jaimes, cuya actuación a todas luces es sesgada, intentó la preclusión en una primera oportunidad. Luego el fiscal Barbosa volvió a hacer el intento por la preclusión, esta vez a través del fiscal (Javier) Cárdenas”.
Pero como eso no funcionó, y el proceso penal contra Uribe sigue, es un hecho que en estas tres semanas que faltan para las elecciones todos los actores que mueven sus fichas en el tablero electoral van a querer sacarle réditos. Es más, los dardos cada vez tendrán más veneno y los candidatos, de ambas orillas, volverán más viscerales sus ataques. Así lo confirmaron varias campañas. Pero, ¿cómo se llegó judicialmente a este punto de implosión política?
La mirada judicial al expediente Uribe
El proceso contra Álvaro Uribe tiene su origen en una denuncia que él mismo interpuso en 2012 contra el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quien en un debate en el Congreso presentó testimonios de exparamilitares que vincularon al expresidente con las autodefensas en Antioquia. Uribe lo denunció en la Corte Suprema y seis años después, en febrero de 2018, el alto tribunal concluyó que no hubo irregularidad alguna en la conducta de Cepeda, pero, por el contrario, advirtió posibles irregularidades en la defensa de Uribe. A partir de ese momento el alto tribunal detectó presuntas presiones del exmandatario y su defensa contra los testigos que le habían hablado en contra suya.
De esa manera, la Corte cerró el caso contra Cepeda, pero le abrió la puerta a este expediente único en la historia judicial del país. Una de esas presiones que identificó la Corte, por ejemplo, se dio en medio de las visitas que hizo el entonces abogado de Uribe, Diego Cadena, al testigo estrella en su contra: el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. En ellas, el cuestionado jurista, al parecer, prometió beneficios judiciales para que cambiara su versión. En total sigilo, la Corte llevó las pesquisas y, casi cuatro meses después, anunció que abriría una investigación formal contra Uribe tras corroborar que, al parecer, allegados suyos emprendieron actos de manipulación de testigos, presuntamente con su conocimiento.
Desde su comienzo, el proceso ha tenido toda clase de polémicas. Una de ellas se conoció meses después de que la Corte anunciara la investigación a Uribe, en septiembre de 2018. En ese momento, el alto tribunal aceptó que interceptó al expresidente de manera “imprevista e inevitable”. El suceso ocurrió en el marco de las pesquisas por el cartel de la toga, en las que el alto tribunal quería interceptar al excongresista Nilton Córdoba, pero, explicaron los magistrados, apareció el número telefónico de Uribe. Esta ha sido la punta de lanza del expresidente para asegurar, una y otra vez, que las pruebas en su contra fueron obtenidas ilegalmente. Sin embargo, la Corte ha desvirtuado esa postura en varias ocasiones.
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Para octubre de 2019 la Corte Suprema llamó a indagatoria a Uribe Vélez, cita a la que acudió el expresidente en el Palacio de Justicia. Diez meses después, en un hecho inédito, la Sala de Instrucción del alto tribunal, encargada de investigar al expresidente, ordenó su captura de manera preventiva para evitar eventuales alteraciones en el proceso judicial. El expresidente y entonces senador quedó detenido en su finca El Ubérrimo, en Córdoba. Estuvo preso hasta octubre de 2020, luego de que sus abogados movieran el caso a la Fiscalía y solicitaran su libertad ante un juez.
¿Cómo terminó el expediente en manos de la Fiscalía de Francisco Barbosa? Resulta que 14 días después de que la Corte Suprema ordenara la detención domiciliaria en su contra, Uribe renunció a su curul en el Senado, generando que la alta corte perdiera la potestad de investigarlo como aforado constitucional, es decir, en su calidad de congresista. “No tengo garantías en la Corte Suprema”, dijo Uribe en ese momento a través de Twitter. Su salida del Congreso no solo representó en ventajas para el expresidente, sino que abrió un peligroso boquete para otros congresistas que siguieron sus pasos: renunciar a sus curules para zafarse de las investigaciones de la alta corte.
Ya en libertad, el proceso siguió su camino, ahora en la Fiscalía y en manos de uno de los fiscales de más alto rango: Gabriel Jaimes Durán. Así, en noviembre de 2020, el proceso tuvo otro de los tantos escollos que ha tenido que sortear: determinar si lo actuado por la Corte equivalía a una imputación de cargos. En síntesis, se trataba de una discusión netamente jurídica, pero absolutamente transversal para el caso por una razón: lo que la justicia tenía que determinar era si Uribe tenía calidad de investigado o no. Para la Corte, sí lo tenía, pues ya había rendido una indagatoria y el propio alto tribunal había resuelto si situación jurídica, vinculándolo al proceso.
Sin embargo, como no era usual que los congresistas renunciaran para que la Corte perdiera la facultad de investigarlos, no estaba claro qué debía ocurrir. Después de estudiar el caso, una jueza de Bogotá determinó que el expresidente estaba formalmente imputado por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El 6 de noviembre de 2020, en decisión de segunda instancia, el juez cuarto penal del Circuito de Bogotá aclaró que Uribe sí debía estar investigado penalmente. Meses después la propia Corte Constitucional confirmó esa decisión y dejó claro que el “atajo” que había cogido el expresidente para esquivar la investigación de la Corte era un peligroso precedente para la justicia.
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Desde diciembre de 2020 hasta marzo de 2021 el fiscal Gabriel Jaimes Durán inició un cuestionado proceso de investigación, contrario a toda la teoría del caso de la Corte Suprema. Sus pesquisas culminaron en una cuestionada conclusión: en abril de 2021, Jaimes pidió cerrar el caso Uribe ante otra jueza de Bogotá. De esta manera, empezaron una serie de interminables audiencias. Por un lado, las víctimas reconocidas en el caso, Iván Cepeda, Eduardo Montealegre, Jorge Perdomo y la esposa de Monsalve, expresaron las razones de por qué la teoría de la Fiscalía estaba completamente equivocada. Por el otro, la defensa de Uribe, el ente investigador y la Procuraduría expusieron por qué el caso sí debía cerrarse.
Las partes intervinieron durante casi un año entero. Un año después de que Jaimes presentara su solicitud de preclusión, la justicia determinó, por primera vez, que el expediente no podía archivarse. Por el contrario, la decisión puso en evidencia las falencias de la investigación del fiscal Gabriel Jaimes. Una de ellas, que ni siquiera llamó a interrogatorio al expresidente Uribe. Con ese fallo, que se conoció en abril de 2022, lo más lógico, según el procedimiento penal, era que el siguiente paso debía ser el llamado a juicio de Uribe. Sin embargo, la Fiscalía de Barbosa volvió a sorprender. Primero anunció que el caso iba a ser asignado a otro fiscal, un subalterno del propio Gabriel Jaimes Durán: Javier Cárdenas.
Como segunda sorpresa, el nuevo fiscal, después de hacer su propia valoración de las pruebas (él sí llamó al expresidente), volvió a pedir el cierre del proceso. En este punto del caso, para mayo de 2022, la historia se volvió a repetir: los intervinientes del caso expresaron sus argumentos, a favor y en contra, en audiencias eternas que, de nuevo, se alargaron por casi un año entero. Pocas cosas cambiaron en la argumentación de la Fiscalía, una posición que tuvo en cuenta la nueva jueza, que no se ahorró en quejas en contra del ente investigador.
Doce meses después de que Cárdenas pidiera el cierre del caso, la justicia volvió a decirle un rotundo no. Con esa decisión quedaron, de nuevo en evidencia, los vacíos de la investigación.
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La jueza señaló, por ejemplo, que consideraba que la actitud de la Fiscalía había sido una dilatoria para el proceso, que Cárdenas ni siquiera había sido claro con la presentación de su investigación y que, en cualquier caso, si había dudas sobre las pruebas del caso, lo correcto era investigar, no cerrar todo el expediente.
Con esta nueva decisión se revivió otro escenario: lo lógico, para penalistas expertos, es que el ente investigador debía llamar a juicio al expresidente Uribe. Sin embargo, la lógica tampoco aplicó en este caso. Aunque la Fiscalía no apeló la decisión de cerrar el caso, sí lo hizo la defensa del expresidente, por lo que el caso aterrizó en el Tribunal Superior de Bogotá.
Y, por tercera vez, la justicia dijo que la posición de la Fiscalía de precluir la investigación no es correcta. Durante un poco más de cuatro horas el magistrado Carlos Andrés Guzmán leyó apartes de la sentencia, de más de 271 páginas, a la que llegó con sus dos colegas de la Sala Penal, Hermens Lara y Dagoberto Hernández. Y, de nuevo, se repitió la historia: los magistrados, de manera unánime, encontraron que el ente investigador no hizo bien su trabajo, que hay pruebas para seguir con el proceso en contra de Uribe y, de paso, le volvió a llamar la atención a la Fiscalía: si hay duda de las pruebas, lo correcto es investigar, no cerrar con argumentos flojos una investigación de esta envergadura.
Al cierre de esta edición, y durante este fin de semana, la Fiscalía no había dicho oficialmente cuáles son los pasos por seguir. De nuevo la lógica del procedimiento penal indicaría que el único camino es el llamado a juicio del expresidente. No obstante, el ente investigador no había confirmado esa situación, ni siquiera si el caso le correspondería a otro fiscal.
La historia, por ahora sin fin a la vista, del expediente contra Álvaro Uribe todavía tiene tela por cortar, no solo porque una nueva decisión en el caso se conoce en plena época electoral, sino porque Barbosa tiene los días contados en la Fiscalía y, por tiempos, todo indica que será la nueva fiscal la que tenga que resolver el desenlace de este expediente político y judicial, para muchos el más importante de los años recientes.
Reviva aquí la audiencia en la que, por tercera vez, niegan la preclusión del expediente contra el expresidente Álvaro Uribe:
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