Vacíos y falta de presupuesto

Aunque estas ONG afirman que la firma del protocolo significó un avance sin antecedentes y un reconocimiento estatal trascendente de la violencia sexual, que de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses presenta un incremento anual progresivo y para el año 2011 significó que 18.922 mujeres fueran víctimas, falta mucho camino para que esta política sea una realidad efectiva.

Sobre todo teniendo en cuenta que la violencia sexual en el país se ha agravado por la guerra interna, en la que las mujeres han sido abusadas por parte de grupos armados como método de humillación, silenciamiento, castigo o para satisfacer los deseos de sus integrantes. En este caso aún no se cuenta con un registro oficial que permita determinar las dimensiones del problema, pero la primera “Encuesta de prevalencia sobre violencia sexual en el contexto del conflicto armado”, para el período 2001-2009, cerca de 54.410 mujeres fueron víctimas directas anualmente, 149 diariamente y 6 cada hora.

Ante la magnitud de este problema, las organizaciones que integran la campaña “Violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra”, que busca combatir la impunidad en crímenes de violencia sexual en Colombia, se propuso hacer seguimiento a la implementación del protocolo a un año de su entrada en vigencia para verificar si los profesionales en salud están cumpliendo con los lineamientos y procedimientos que establece.

El informe de 23 páginas al respecto, que conoció El Espectador, señala que el protocolo no establece lineamientos para la atención integral y diferencial en salud para las mujeres abusadas en el marco del conflicto armado interno. Si bien reconoce la violencia sexual en este contexto, delega a los profesionales e instituciones de salud la responsabilidad de desarrollar acciones específicas para su detección y manejo integral, dice el documento.

Este vacío se encontraría en los 15 pasos que deben seguir los médicos para atender a estas víctimas. Para la activación de la ruta de protección a la que tienen derecho las víctimas de violencia sexual, el protocolo identifica como entidades responsables al ICBF, cuando la mujer es menor de 18 años, y a la Comisaría de Familia. Sin embargo, estas entidades sólo tienen competencia para adoptar medidas de protección en casos de violencia en el ámbito familiar. Eso quiere decir que los casos que hayan ocurrido en el contexto de la guerra quedan por fuera de las estadísticas y apoyos gubernamentales.

La investigación también indica que este protocolo no establece lineamientos para la atención diferenciada de indígenas y afros, víctimas que son más vulnerables y se encuentran más expuestas a ser victimizadas por los grupos armados; sin contar las particularidades culturales que tienen y que deberían incluir valoraciones específicas de salud. Asimismo, el instrumento estaría desconociendo las diferentes modalidades de violencia sexual, que van más allá de la definición que trae el Código Penal y que el protocolo retoma.

De acuerdo con el trabajo de Oxfam, otro vacío que tiene el protocolo es que omite advertir a los profesionales de la salud sobre la necesidad de que además de denunciar el caso con las autoridades también tomen las pruebas necesarias que puedan conducir a la sanción de los responsables. De no ser así, se estaría desaprovechando una valiosa oportunidad, teniendo en cuenta que las mujeres víctimas de violencia sexual prefieren consultar servicios de salud antes que a las autoridades judiciales. También se recomienda que este instrumento reconozca el derecho de las víctimas a escoger el sexo de quienes les practiquen los exámenes médicos.

Pero quizás lo más grave es que este informe, que se presentará el 27 de agosto en presencia de las autoridades de salud, ha tenido una reducción de presupuesto que dificulta aún más su ejecución efectiva. De acuerdo con el Ministerio de Salud, el presupuesto asignado para la implementación del protocolo fue de $840’632.545. Pero para 2013, junto a la significativa reducción que tuvo la entidad de Salud, el monto anual asignado para poner en práctica el protocolo fue de $309’600.000.

Según este informe, el Ministerio de Salud y de Protección Social deben revisar y actualizar el protocolo de tal manera que se subsanen las deficiencias que tiene. Ya pasó un año de su implementación y aún sigue en veremos la promesa que el Ejecutivo le hizo a Angélica Bello, la líder y víctima de violencia sexual que defendió hasta el día de su muerte el derecho de las mujeres a una atención psicológica y social más allá de la justicia.

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@Natal1aH