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La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y el Instituto Anticorrupción venían trabajando en un proyecto que, sin estar listo, se filtró en los últimos días. La iniciativa para combatir la corrupción es ambiciosa y tiene cuatro componentes. El primero es que el Gobierno le pida a la ONU cooperación para hacer una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Colombia (CICIC). El segundo, una ley estatutaria que permita una reglamentación de un proceso de función anticorrupción.
También plantea un acto legislativo que establezca una sala especial en la Corte Suprema de Justicia que funcionaría de forma transitoria y tendría 28 magistrados, quienes se dedicarían de forma exclusiva a juzgar los casos de corrupción, incluyendo los relacionados con graves violaciones de derechos humanos. Y, por último, un proceso de constitución de todo el mecanismo de investigación que para entablar una relación entre sociedad civil, cortes e investigadores y adelantar procesos regionales y nacionales.
León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, defiende la propuesta que llevan trabajando seis meses con el Instituto Anticorrupción en la necesidad de investigar los principales casos de corrupción, aplicar la legislación y enviar un mensaje a la sociedad.
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¿Cómo nació la idea y desde hace cuánto tiempo se venía trabajando este proyecto entre Pares y el Instituto Anticorrupción?
Llevamos seis meses trabajando la idea. Nació después de que en la campaña electoral Gustavo Petro anunció que el tema anticorrupción sería muy importante. Además tenemos una gran experiencia: contribuimos al juicio de la parapolítica y le entregamos a la Corte Suprema de Justicia de ese entonces información muy valiosa para juzgar a los parapolíticos. Fue un proceso que dio un resultado enorme: 61 parlamentarios y 500 políticos locales condenados. Ahora que Petro anuncia que va a meterse en el tema anticorrupción y que en la campaña de 2018 hubo un referendo anticorrupción es muy bueno.
¿Qué recuerdos tiene de ese proceso con la parapolítica y qué tanto se parece a lo que ahora están planteando?
En ese caso dos fiscales delegados ante la Corte Suprema fueron a mi oficina en 2004 y 2005. Les entregamos toda la información de una investigación que hicimos en terreno. A partir de eso hicieron la investigación para buscar atribuciones judiciales. Cuando hicimos esa investigación solo podíamos tratar de que entendieran el fenómeno con nombres, pero la prueba venía después. Tanto que, muchos procesos que estábamos convencidos y los entregamos como presuntos responsables, no llegaron a juicios porque no había un testigo que es el que cierra el proceso en el plano judicial.
Entiendo que del proyecto todavía hay algunos puntos por ajustar. Apenas se está trabajando con algunas entidades y no está listo para presentarse. ¿El tema se filtró o qué pasó con el documento?
Veníamos conversando con la Secretaría de Transparencia y esperábamos ajustarlo más para lanzarlo desde la sociedad civil. Queríamos tener un acuerdo mayor con el Gobierno, pero se filtró y no sabemos cómo ni quién. La impresión que nos da es que lo filtraron desde el Gobierno, porque se publicó que la Secretaría de Transparencia estaba trabajando eso. Los únicos que pudieron filtrarlo son ellos y ahí tuvimos que salir a decir que lo veníamos trabajando y conversando con el Gobierno. Es una iniciativa nuestra. Fue algo un poco desafortunado, pero bueno ya estamos en esas.
¿Cómo siente la distancia que tomó el Gobierno después de que se conoció este proyecto? Idárraga, Lizarazo y otras voces se apartaron de la iniciativa…
Entendemos la reacción. Esto toca muchos intereses y es disruptivo. Siempre frente a las iniciativas de la sociedad civil hay una prevención y lo entendemos. Queríamos llevar el proceso más tranquilo y se nos ‘chispoteó’, como se dice, porque salió la iniciativa como si fuera del Gobierno. No puede ser que un trabajo que hemos hecho por tanto tiempo aparezca como iniciativa del Gobierno, cuando es nuestra. La queremos compartir con el Gobierno, pero queremos llevarnos también los laureles de eso.
Aunque se filtró el proyecto, ¿siente que hay eco en el Gobierno? ¿Ven en la Secretaría de Transparencia una entidad dispuesta a revisar algunos apartes del proyecto?
La conversación iba en que nos pidieron tiempo, porque el Gobierno tiene una agenda de reformas muy agitada y para eso necesita a unas fuerzas políticas, que seguramente están involucradas en esto. Necesitaban tiempo para no hacer ruido. Son los tiempos del Gobierno, pero los de la sociedad civil son otros. Vamos a tener la paciencia, pero queremos que se sepa que hay gente que no va a abandonar la agenda anticorrupción. Estamos en algo misional que es la relación entre clanes políticos y corrupción.
¿Entonces igual seguirán buscando que el Gobierno asuma el proyecto casi como bandera?
Sin ellos no habrá ese proceso. Necesitamos al Gobierno y al Congreso. La otra alternativa, el plan B, es recoger firmas y presentarlas. Ese plan está, pero para nosotros sería muy negativo recurrir a eso. Queremos el plan A que es con el Gobierno. Vamos a recurrir a la ciudadanía si nos toca, pero en principio no es nuestro interés.
¿Qué le falta al proyecto? ¿Que ajustes tienen que hacerle todavía antes de radicarlo en el Congreso?
Hay muchas cosas que ajustarle, como el tamaño de la sala que fue un debate duro. Queremos experimentar unas ideas y luego las entidades judiciales, el Congreso y el Gobierno verán de qué tamaño quieren todo esto. Nos interesaría que fuera un juicio grande. Tenemos mucha información que involucra los 32 departamentos: un caso por departamento y unos 18 casos más nacionales, pero todo depende de la decisión del Congreso y las intenciones y compromiso que tenga la Presidencia.
La idea inicial es ahondar en los casos de corrupción y violación de derechos humanos. En qué momento se pasa a pretender desmantelar también grupos criminales. ¿No sería meterse un poco con otras competencias?
El centro de la corrupción. Tenemos experiencia en eso y sabemos que hay una relación muy fuerte entre estructuras políticas, estructuras ilegales y estructuras de contratistas. Esa relación es la que pensamos como el foco de corrupción, robo de recursos públicos y en eso casi siempre concurren políticos, ilegales y contratistas. Siempre están unas estructuras normalmente ilegales de mafias, contratistas que tienen cierto prestigio en el país y estructuras políticas, porque las estructuras políticas siempre se benefician de eso.
Leyendo los documentos y escuchándolo, suena un poco como el juicio a los militares en Argentina, guardando las proporciones. ¿No es muy ambicioso pensarlo de esa forma?
Queremos que tenga audiencias públicas y sea algo transparente de cara al país. Aparte de las condenas y del escarmiento a los corruptos, queremos que tenga una parte importante de mensaje a la sociedad. En Argentina, que usted lo menciona, fue muy fuerte el mensaje a la sociedad, tanto que en ese país se presenta una violación de derechos humanos y se produce un escándalo nacional enorme. Es la lección que les quedó después de la dictadura en el tema de derechos humanos. Acá queremos, en el caso específico de la corrupción, dejar una lección muy grande a la sociedad para que todo el que se vaya a meter corrupción siempre tenga la idea de que lo pueden juzgar y llevar a la cárcel. Aquí ha habido mucha impunidad. Muy alta. Y es lo que queremos enfrentar.
El proyecto tiene que pasar por el Congreso, donde hay representación de muchos de los clanes que pretenden desmantelar y además hay muchos intereses. ¿Cómo lo piensan blindar? ¿Cómo hacer para que en el camino no se desbarate y quede sin dientes?
Cumplimos con nuestra labor que es limitada. Es la labor de la sociedad civil: entregar un camino, lo más claro posible, para que el Congreso y el Gobierno lo inicien. Luego queremos acompañarlos entregando toda la documentación, que es mucha, y haciendo nuestro trabajo de recoger información en compañía de la comunidad internacional. Pero sabemos la limitaciones. No queremos hacer un mecanismo extraordinario. Queremos honrar las cortes y sobre todo la Corte Suprema de Justicia. Tenemos una confianza enorme en que la Corte pueda hacer eso, entonces cumplimos nuestra tarea y que el Gobierno, el Congreso y la justicia cumplan con su tareas.
¿Hasta dónde pueden llegar los hallazgos y la documentación que tienen?
Hacemos una investigación de tipo académico, con categorías de la ciencia política. Es muy distinto a lo judicial, pero sirve para entender el contexto y el mecanismo de la corrupción. Ese nuestro aporte. No da para más, porque las investigaciones judiciales tienen un acervo probatorio, unos testigos y eso es otra cosa. Vamos hasta un punto, pero vamos a ir a fondo. En eso estamos comprometidos con el Instituto Anticorrupción, pero queremos incluso conseguir muchos aliados de sociedad civil. Hay mucha gente que tiene investigaciones sobre corrupción, la ciudadanía está muy dispuesta a colaborar y es lo que queremos hacer.
¿Por qué crear otra sala en la Corte Suprema? ¿Es imposible que alguna de las actuales u otra Corte cumplan esa función, según el caso que se investiga?
Queremos una sala especializada temporal que se dedique unos años exclusivamente a pensar en los grandes hechos de corrupción. Que dedique toda su energía y esfuerzo a eso. Colombia es un país en construcción, con una diversidad de delitos. Venimos de un conflicto armado, tenemos narcotráfico y un país enorme con una cultura de violencia muy grande. Hay una cantidad de delitos de alto impacto y eso hace que la justicia siempre esté en una carrera enorme contra el crimen. Especializar a una sala para un caso que afecta tanto la democracia como la corrupción sería muy importante.
Sobre la sala que proponen, ¿28 magistrados no son muchos?
Al principio dijeron que vale mucho, pero creemos que el tamaño lo definen las ambiciones, qué quieren hacer y eso lo define el Congreso. Nos parecía, en principio, que es una tarea grande, que va a estar temporalmente y no es algo paralelo como la JEP. Es una sala dentro de la Corte. Nos parece lógica la crítica, pero es que estamos hablando de procesos de 8 o 10 millones de dólares que se roban. Son grandes procesos de corrupción que implicarían una inversión importante, pero si son 10 o 15 magistrados no tenemos reparo.
¿Con cuáles congresistas ya han tenido acercamientos para saber cómo plantear el proyecto?
Hay uno de nuestra casa, Ariel Ávila. También con Iván Cepeda, que dijo que es un gran proyecto e incluso en medio de la campaña dijo que tenemos un camino para derrotar el entramado de los planes políticos. Lo hemos hablado con mucha gente, pero sabemos que no es fácil, porque las agendas de los congresistas son distintas.
¿Le preocupa que esa preocupación anticorrupción durante la campaña presidencial se desvanezca?
Vi en México eso. La agenda de Andrés Manuel López Obrado tenía al principio mucho de lucha anticorrupción. Ese tema ahora no es central en el gobierno de López Obrador. Ojalá Petro no vaya a dejar tirada esa agenda anticorrupción.
¿Por qué no incluir un proyecto de estos en una ley ordinaria o incluso en una reforma la justicia?
Estamos abiertos a las posibilidades. Por donde encontramos un hueco, por ahí nos metemos. Por ahora hicimos toda esta documentación de un acto legislativo, una reforma estructural y tenemos la idea de cómo conformar la comisión internacional, pero estamos atentos a ver por dónde nos metemos. Lo que nos interesa es que se inicie en Colombia un juicio nacional a la corrupción que coja los principales casos de los últimos años, que aplique la legislación penal sobre la corrupción y que envíe un mensaje a la sociedad.
Más allá del juicio nacional, ¿de qué trata puntualmente el componente internacional del proyecto?
Colombia puede ser pionera. Se está discutiendo con un compromiso de muchos países y una corte penal anticorrupción internacional. Pensamos que este es un ejemplo. Si aquí hacemos esto bien, podemos enviar un ejemplo internacional sobre cómo funcionaría una corte penal internacional anticorrupción.
La corrupción se ha convertido en el cáncer de la democracia en muchos lugares del mundo, se está tomando todos los recursos y los temas sociales más importantes. Se están enriqueciendo unas élites corruptas con paraísos fiscales, con un juego internacional muy grande. Eso está siendo muy estudiado porque la ruta de los dineros y el mecanismo que se utiliza es muy sofisticado. Queremos dar un ejemplo nacional que permita también conectarnos con ese esfuerzo internacional.
¿Y fuera del país con qué entidades se han conectado? ¿O con qué países ha habido alguna conversación para que se metan en esto?
En este momento estamos intercambiando experiencias con gente de El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos. Es un intercambio de experiencias sobre cómo enfrentar estos casos y con todo el mecanismo de Naciones Unidas que ha trabajado los temas de corrupción. Queremos hacer algo que permita generar credibilidad internacional. No es fácil. Ya empieza a haber una pelea muy dura entre colombianos que han jugado un papel y gobiernos extranjeros, como el ministro de Defensa que está en un enfrentamiento con el actual gobierno de Guatemala.
¿Cómo prevén los tiempos?
Nos vamos a gastar dos años construyendo el ámbito legal. Después empezará, si lo aceleramos y si el Gobierno accede, al final del gobierno Petro el trabajo. De manera que mucha gente que tiene la desconfianza de que esto puede convertirse en un mecanismo vengativo de la izquierda no va a ser. Esto es apelando a la legalidad. Es un mecanismo que va a durar cinco años y que arrancará una vez tenga aprobación legal.
La coalición de gobierno de aquí a dos o tres años será muy distinta, ¿qué tan favorable o desfavorable será eso?
De pronto se modifica la bancada de gobierno, pierde algunos aliados o gana a otros. En una etapa de transformaciones y de reformas importantes, puede que esto tenga un aliciente, pero depende mucho del respaldo ciudadano. Si esto coge mucha fuerza dentro de la ciudadanía y el costo político de abandonar la agenda anticorrupción es muy grande, puede que eso salga.
Por Felipe García Altamar
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