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En Colombia el año pasado se vendieron 1,5 millones de vapeadores, una cifra que en los últimos años ha venido en aumento por su popularidad entre los jóvenes. Este fenómeno llevó al Congreso a intentar, sin éxito, implementar impuestos que desincentiven su uso. Sin embargo, las iniciativas relacionadas con gravar estos dispositivos, e incluso su posible prohibición total, quedaron en pausa al menos hasta febrero de 2025. Esto ocurrió después de que el proyecto de ley liderado por Armando Zabaraín (Partido Conservador), cuyo objetivo es actualizar los impuestos al cigarrillo y al tabaco, generara un intenso debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Ante la polémica, se decidió aplazar la discusión hasta el próximo año y priorizar “temas menos polémicos”.
A pesar de esto, el Legislativo logró avances en la regulación de estos dispositivos durante 2024. En mayo, se aprobó la prohibición del consumo de vapeadores por parte de menores de edad y se restringió su uso en espacios cerrados, como oficinas, bares, restaurantes y transporte público, con el objetivo de proteger a los no fumadores de la exposición al vapor. Fue precisamente este argumento el que usaron en contra de la representante Catherine “Cathy” Juvinao esta semana por un video en el que se le observa vapeando en el Salón Elíptico: la ley 2354 de 2024, que los mismos congresistas aprobaron siete meses antes, es la que estaba violando la congresista. Aunque Juvinao se excusó y dijo que “no volverá a suceder”, la grabación sí le costó nuevos choques con el sector oficialista, exacerbados en el marco de la discusión de la reforma a la salud.
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El asunto de estos dispositivos no es menor. Este jueves, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en cabeza de Cielo Rusinque, alfil del presidente Gustavo Petro, impuso sanciones millonarias a siete empresas y personas naturales involucradas en la comercialización de productos de vapeo, debido a múltiples irregularidades. Entre los casos más relevantes se destaca la multa de 554 millones de pesos a Glucloud por incumplir normas de información sobre la nocividad de los productos y omitir advertencias adecuadas. British American Tobacco, comercializadora de Vuse, recibió una multa de más de 1,100 millones de pesos por razones similares. Lifetech, responsable de Vapor Kingdom, fue sancionada con más de 120 millones de pesos, mientras que sus franquiciantes, David Arturo Lozano y Carlos Andrés Lozano Garzón, enfrentaron multas de 6,9 millones y 11,6 millones de pesos, respectivamente, por infracciones como proporcionar información en un idioma distinto al castellano.
Sin embargo, más allá de las millonarias multas y las medidas para que los menores de 18 años no puedan adquirir vapeadores, en el Capitolio persiste un punto crítico: los impuestos a estos dispositivos. En la plenaria del pasado viernes, la representante Carolina Giraldo (Alianza Verde) calificó el proyecto de Zabaraín como “un regalo para la industria de los vapeadores”. Según la congresista, la propuesta “crea un impuesto ineficiente para vapeadores y reduce el de los cigarrillos, lo que va en contra de los objetivos de salud pública”. El texto propone para las soluciones líquidas, con o sin nicotina, consumidas mediante vapeadores, una cifra de 297 pesos por cada mililitro. Ese es el mismo número por gramo para otras sustancias como rapé, chimú o picadura.
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La iniciativa de Zabaraín también incluye aumentar 25 pesos el actual impuesto a los cigarrillos, es decir, 3,725 pesos por cajetilla. De acuerdo con la representante Martha Alfonso (Alianza Verde), esta cifra va en contra de la ley vigente (ley 1819 de 2016), según la cuál, para 2025, el impuesto por cajetilla debería estar sobre los 4,070 pesos. “El consumo de tabaco en Colombia genera cerca del 10% del costo al sistema de salud atendiendo las enfermedades que genera y ni siquiera se recauda el 3% en impuestos de lo que paga el sistema atendiendo a este tipo de enfermos”, explicó la congresista.
Giraldo tiene su propio proyecto en trámite, en primer debate, que, según contó, se construyó con el apoyo de organizaciones como Red Papaz y otras entidades preocupadas por los efectos del vapeo en la salud. En ese se contempla una tarifa mucho mayor, de cerca de 2,000 pesos. “Está comprobado que aumentar los impuestos a estos productos disminuye su consumo, y ese debería ser el propósito de cualquier proyecto de ley relacionado con los vapeadores”, señaló la representante verde. Sin embargo, Zabaraín explicó que “si ponemos unos impuestos exageradamente altos, se estimula el contrabando”.
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La idea de gravar los vapeadores no es nueva; ya se había considerado en la reforma tributaria de Gustavo Petro, aunque asociaciones como Asovape lograron excluirla. Además de los impuestos, algunos congresistas han propuesto la prohibición total de estos dispositivos, replicando medidas de países como Reino Unido, Tailandia y Brasil. Entre ellos, Agmeth Escaf (Pacto Histórico) argumentó que “subir impuestos no salva vidas, simplemente genera recursos”.
Así las cosas, el Congreso deberá enfrentar en 2025 este tema complejo que combina intereses económicos y de salud pública. Aunque el presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha insistido en que la agenda legislativa continuará con normalidad pese a ser un año preelectoral, las dinámicas políticas podrían influir en la discusión. Por ahora, las restricciones actuales y las sanciones impuestas por la SIC reflejan los avances en una discusión que sigue dividiendo opiniones en el Capitolio.
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