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"Resulta inconcebible que para la definición de políticas, cuyo propósito era garantizar un ahorro y la liquidez del sistema general de salud, el Ministerio se vea obligado a contratar externamente asesorías por un monto de 725 millones de pesos, cifra millonaria como consta en el contrato 640 firmado el 29 de diciembre de 2009", según el comunicado de Germán Vargas Lleras.
"Me pregunto si al interior del Ministerio, ni el Ministro ni ningún funcionario estaba en capacidad de adelantar este trabajo. Y en igual forma, resulta curioso que no se haya consultado previamente a todos los actores del sistema que finalmente se vieron afectados por las medidas, particularmente los usuarios", agrega.
Según la denuncia, "el desarrollo principal del contrato señala que el objetivo era cumplir con la sentencia 760 de la Corte Constitucional, pero luego en la misma se involucran asuntos como autorregulación de la profesión médica, la contención a los gastos no contemplados en el POS, mayor control a las importaciones de insumos y la definición de los copagos, de acuerdo con la capacidad de ingresos de los usuarios. A ninguno de estos temas hace alusión la sentencia antes citada".
No he dicho yo, como tergiversa el Ministro, que este contrato se suscribió con ninguna EPS. Lo que sí expresé y en lo que me ratifico es que la entidad con la que suscribió el contrato subcontrató a su turno, entre otras, a personas que participaron en la elaboración de este trabajo y al mismo tiempo actuaban como delegados de entidades del Estado ante la junta directiva de la nueva EPS. Todo esto explica en parte que el contenido de las normas involucradas en los Decretos de Emergencia hayan ocasionado que de una situación de crisis en el sector estemos ahora sumidos en un total caos", puntualizó.
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