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El gobierno de Gustavo Petro lleva 48 horas en un cálculo minucioso para determinar la respuesta ideal a las elecciones cuestionadas en Venezuela, en las que Nicolás Maduro fue elegido presidente por tercera vez. Mientras se desarrollan diálogos de alto nivel con Estados Unidos, el régimen venezolano y la oposición, la principal preocupación de la Casa de Nariño es que la frontera compartida de más de 2.000 kilómetros vuelva a ser receptora de un éxodo de personas tratando de escapar de la crisis económica y social del país, que ahora se agudiza con una posible ola de violencia tras los resultados. Sin comentario, hasta el momento, del presidente, el Ejecutivo mide calculadamente cuál será la vía que tomaran para sentar posición y complacer a todas las partes.
Entre la Casa de Nariño y el Palacio de San Carlos analizan un comunicado conjunto con México, en cabeza de Andrés Manuel López Obrador, y Brasil, de Luiz Inácio Lula da Silva, otros de los gobiernos con mayor fuerza para poder influir en la situación del vecino país, que además contaría con una firma de Chile. Aunque al cierre de esta edición no había una declaración del presidente Petro, el lunes por la noche se desarrolló un consejo de ministros en el que uno de los temas centrales sería el camino a tomar en cuanto a la situación en Venezuela.
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Antes de que eso ocurriera, la Cancillería publicó un trino en el que instaba “a rechazar la violencia, preservar la paz, priorizar el diálogo transparente y garantista de todos los sectores para la búsqueda de acuerdos institucionales y democráticos frente a la actual situación electoral en el país”. El tema es tan complejo, que esta posición llegó 17 horas después del primer pronunciamiento del canciller, quien, a las 1:40 a. m., publicó un trino en el que aseguró que después de mantener contacto permanente “con todos los actores políticos involucrados en los comicios presidenciales que tuvieron lugar en la República Bolivariana de Venezuela”, era necesario que prevalecieran “la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores”.
La misma línea la llevó el ministro del Interior cucuteño, Juan Fernando Cristo, quien apuntó que “para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso electoral en Venezuela, y la credibilidad de los resultados anunciados por el CNE, es indispensable que se verifiquen de manera independiente todas las actas, con la participación de oposición y observadores internacionales”.
El análisis había sido cuidadoso, razón por la cual habrían delineado más de una versión para la publicación del canciller y por lo que el mismo jefe de Estado, conocido por usar su cuenta de X para comentar sobre elecciones en otros países, ha mantenido el silencio. Lo cierto es que está considerando cuidadosamente sus palabras para no agitar las aguas con China, que ya impartió sus felicitaciones a Venezuela, ni con su gran aliado, Estados Unidos, que aseguró tener “serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejen la voluntad de los votos ni del pueblo venezolano”.
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El cálculo minucioso proviene de un proyecto político en el que Venezuela es la apuesta más grande de Colombia en términos diplomáticos. Al reconstruir las relaciones que el expresidente Iván Duque había finalizado con un “cerco diplomático” Petro deberá analizar cuáles serán los caminos para andar cuando cerca de 2,8 millones de venezolanos han sido regularizados en el país en los últimos 10 años y las exportaciones colombianas a territorio venezolano pasaron de US$26,6 millones en enero de 2022 a US$41,3 millones un año después, de acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio.
Sus respuestas calculadas a la situación salvaron a Colombia de hacer parte de una lista de Estados cuyas declaraciones no habían complacido a Venezuela. Argentina, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Chile— el único mencionado con un presidente de izquierda— son los países que el régimen de Maduro calificó como “subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional”.
“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ante este nefasto precedente que atenta contra nuestra soberanía nacional decide retirar todo el personal diplomático de las misiones en; Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, al tiempo, de exigir a estos gobiernos el retiro de manera inmediata de sus representantes en territorio venezolano”, se lee en un comunicado publicado por el canciller venezolano, Yván Gil.
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En los últimos meses, la izquierda latinoamericana comenzó a tomar distancia del régimen con el que antes trató de dialogar para lograr unas elecciones libres que nunca llegaron. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha dicho que su gobierno “no [reconocerá] ningún resultado que no sea verificable” y exigió “total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”. Otro gran aliado de Colombia en la situación de Venezuela, Brasil, también ha mostrado ciertas dudas sobre la transparencia del proceso, aunque afirmó que esperaría hasta tener todas las actas electorales para pronunciarse al respecto.
De cualquier manera, Colombia recibirá el impacto de los resultados. Con una nueva victoria de Nicolás Maduro, la cifra de pasos en la frontera colombo-venezolana seguiría en aumento, algo que advirtió la misma líder opositora, María Corina Machado. Con unas “fronteras flexibles”, como las llama el Gobierno colombiano, al menos siete departamentos fronterizos, que suman cerca de 5,7 millones de habitantes, recibirían el grueso de la población migrante, con Bogotá siendo uno de los destinos principales.
Llegados a este punto, no hay mención del “acuerdo nacional” que había propuesto el presidente para el período posterior a las elecciones, con el que esperaban la “profundización de la democracia”, como le contó a El Espectador el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, con la cooperación de las dos partes para aceptar los resultados.
“Por eso hemos ayudado a construir el diálogo en México, en Barbados, en los escenarios internacionales y por eso estamos trabajando para que haya un acuerdo de todos los sectores para que respeten los resultados electorales y, gane quien gane, haya garantías para quien ejerza el Gobierno y para quien pierda y ejerza la oposición. Es lo normal y básico de la democracia. Venezuela siempre está en el corazón de Colombia”, le dijo el vicecanciller Jorge Rojas a este diario.
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Para los comicios, sin embargo, la orden había sido clara: mantener la prudencia y esperar los resultados finales. De esa línea había salido la noticia de que la Colombia no enviaría ninguna delegación para supervisar los comicios. De todas formas, asistieron como veedores el expresidente Ernesto Samper y Rodrigo Londoño, invitados por el oficialismo, mientras que a la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la senadora Angélica Lozano, quienes iban de parte de la oposición, les fue negada la entrada.
Al cierre de esta edición, ninguna declaración por parte de la cabeza del Ejecutivo, Gustavo Petro, frente a los resultados se hizo pública. Un consejo de ministros se realiza en horas de la noche, en la que, muy posiblemente, se discutirán los caminos para tomar en la coyuntura. El mensaje de Colombia se mantiene, por el momento, con un llamado a la no violencia para que la situación no desemboque en lo que fue hace 10 años, cuando las protestas de la oposición se tomaron las calles venezolanas y la respuesta de represión del régimen causó un éxodo.
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Por María José Barrios Figueroa
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