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Por este motivo, diferentes organizaciones de la sociedad civil han planteado avanzar por este camino e implementar “una misión más robusta en materia de derechos humanos”, con el fin de reducir los riesgos de violencia contra la población civil por parte de otros actores armados, como los grupos paramilitares que permanecieron alzados en armas luego de la desmovilización.
La propuesta, planteada por Dejusticia, Sisma Mujter, Pastoral Social, ONIC, el Colectivo de Abogados, el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, el Foro Internacional de Víctimas, Codhes y el Consejo Nacional de Paz Afrodescendiente, señala que la misión debe tener un enfoque territorial, dirigido a proteger a las víctimas y atender diferentes factores de riesgo más allá de la verificación del cese bilateral del fuego y el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Por eso sostiene que es necesario involucrar a las agencias de paz, democracia y desarrollo para supervisar que se elimine todo tipo de violencia contra la población civil.
La propuesta, que será enviada a La Habana, ya cuenta con algunos aliados, como el presidente de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper), Andrés Santamaría, quien afirma que “la verificación que va a hacer la ONU es fundamental, pero tiene que tener acompañamiento desde lo local. Hay que acercar otras instituciones para que entren al proceso y contribuyan. Por ejemplo, las personarías deberían ser una de esas instituciones, pues conocen a las comunidades y los grupos irregulares que actúan en los territorios. Pueden dar información, generar alertas. Lo que más puede afectar el proceso de desarme y desmovilización de las Farc son los grupos ilegales y las bandas criminales que tratarán de atraer a los desmovilizados. Los personeros conocen cuáles son esos grupos, dónde están y cómo operan. Y pueden contribuir a trazar estrategias para que eso no ocurra”.
Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), respalda la propuesta y advierte que “el cese de hostilidades no puede ser sólo del Gobierno y las Farc, debe incluir a todos los actores del conflicto. Esa es una obligación del Estado frente a la población. También es necesario pasar de la verificación de un cese del fuego a la vigilancia de todas las formas de violación de los derechos humanos”. Para González Posso, el aporte de la sociedad civil es importante porque la ONU no cuenta con la capacidad de tener gente en todas la regiones, por lo que su labor puede ser apoyada por las organizaciones en el terreno, con la ventaja de que conocen las particularidades de la guerra en cada una de las zonas.
Esta iniciativa reconoce que en La Habana se está planteando el fin del conflicto de más de 50 años entre el Gobierno y las Farc, pero la intención de lograr la paz sólo se puede dar si se incluyen las demás formas de violencia.
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