Vicepresidenta se opone a propuesta de extensión del mandato de Iván Duque

Marta Lucía Ramírez expresó que cualquier alteración de los períodos de los gobiernos actuales en el país causan daño a la institucionalidad y desconocen los mandatos democráticos de la ciudadanía.

Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia.  / Gustavo Torrijos - El Espectador
Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia. / Gustavo Torrijos – El Espectador

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La propuesta que lanzó en la tarde de este domingo el presidente del Senado, Ernesto Macías, de ampliar el período de mandato del actual presidente Iván Duque Márquez hasta el 2023, para lograr en ese año la unificación de las elecciones y períodos de gobernantes locales y Congreso ya tuvo su primera voz en contra desde el alto gobierno.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a través de su cuenta de Twitter, mostró su desacuerdo con la idea de Macías, del Centro Democrático, al considerar que “cualquier alteración en los períodos de gobierno actuales lesiona la institucionalidad y desconoce los términos del mandato democrático”.

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“Los colombianos nos eligieron para trabajar por el país durante los próximos cuatro años”, agregó la vicepresidenta.

Tal como se preveía, la propuesta del presidente del Senado ha generado polémica al plantear que el gobierno de Duque sea hasta el 2023, y no hasta el 2022, como está estipulado en la Constitución y por lo que votaron los ciudadanos en las elecciones de junio pasado.

Otras voces dentro del Congreso han calificado la propuesta como abusiva. “Esa propuesta es tan abusiva con los electores como proponer que para unificar períodos se recorte más bien el del presidente a dos años y volvamos a elegir todo en octubre de 2019. Más fácil cambiar un período que el de1.100 alcaldes y 32 gobernadores”, dijo el senador Roy Barreras, del Partido de la U.

La propuesta de Macías se da en medio del debate sobre la unificación de los períodos de alcaldes, gobernadores, Congreso y Presidencia, un proyecto de acto legislativo que ya fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y espera su discusión en la plenaria de esa corporación.

El objetivo de dicho proyecto, según sus autores, es lograr que haya una unidad en la ejecución de los planes de desarrollo. Sin embargo, la iniciativa ha encontrado resistencia en sectores tanto cercano al Gobierno como de oposición, pues, se considera inconstitucional.

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