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La senadora Viviane Morales Hoyos sorprendió en la comisión primera del Senado al sugerirle a la célula legislativa que no pida la renuncia al magistrado Jorge Ignacio Pretelt.
Aunque un bloque conformado por los senadores Claudia López Hernández y Armando Benedetti Villaneda está promoviendo que la corporación le pida la renuncia al togado, Morales argumentó que esa iniciativa acarrearía problemas a futuro.
“El Senado no solamente fue la institución que eligió a Pretelt y también deberá resolver la licencia, sino también será su juez si la causa prospera en la comisión de Acusaciones”, dijo.
Según ella, el Senado debe tener especial cuidado en los pronunciamientos porque si se hace un pronunciamiento más allá del límite podría estar prejuzgando y podría ser declarado impedido en lo que viene posteriormente.
“Un impedimento del Senado sería gravísimo porque se quedaría sin juez el magistrado Pretelt”, explicó.
Y agregó: “Si el Senado se excede de la función y no aprueba la licencia –que es de carácter administrativo– podría entrar a prejuzgar y podría estar impedido luego para ejercer el papel de juez”.
El magistrado Jorge Ignacio Pretelt radicó el lunes en la noche en Senado su carta para que la corporación le otorgue una licencia de 60 días para poder dedicar ese periodo a defenderse en el proceso que hace trámite en su contra en la comisión de Acusaciones.
Pretelt fue denunciado por su homólogo Mauricio González Cuervo por presuntamente pedir $500 millones para favorecer el trámite a la tutela de la compañía Fidupetrol.
De acuerdo a la versión de González, que fue corroborada por el magistrado Luis Ernesto Vargas, Pretelt le pidió ese dinero al abogado y representante de esa firma, Víctor Pacheco.
La tutela que genera esta oleada de acusaciones entre magistrados pretendía tumbar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó a Fidupetrol a pagar más de $22.500 millones.
La Corte Suprema de Justicia determinó que Fidupetrol era responsable patrimonialmente del descalabro que sufrió la Gobernación de Casanare tras los incumplimientos en un contrato firmado con la Unión Temporal Carbones Likuen. Incluso, el exgobernador Whitman Porras fue condenado por estos hechos.
Fidupetrol instauró una tutela con el fin de revertir la sentencia de la Corte Suprema y en ese contexto es que llegó al despacho del magistrado González. En su momento, de acuerdo a la denuncia contra Pretelt, él le dijo a Pacheco que podía influenciar la decisión de su homólogo.
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