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La decisión ya estaba tomada. Y no porque se quisiera irrespetar el procedimiento, clave en una decisión de esta naturaleza, sino porque el primer magistrado que llega a una alta corte durante la presidencia de Gustavo Petro debía ser alguien que no generara resistencia en los estamentos de poder y que –al mismo tiempo– estuviese alineado con los intereses de la Casa de Nariño.
En ese marco, y desde hace al menos un mes, el Gobierno se dedicó a impulsar al secretario Jurídico de Presidencia, Vladimir Fernández, para que el pleno del Senado terminara inclinándose por su nombre para que fuese el ungido de la terna que Petro le remitió al Congreso para elegir al reemplazo de Alejandro Linares, quien sale de la Corte Constitucional en diciembre por periodo cumplido.
En la terna que se le envió al presidente del Senado, Iván Name, también estaban los nombres de Cielo Rusinque y Gerardo Vega, dos personas que hacen parte del ala más ideológica del petrismo y que, contrario a Fernández, sí generan cierta resistencia entre las colectividades más tradicionales. Incluso, se afirmó en los pasillos del Congreso que, pese a su preparación académica y profesional, no tenían los pergaminos necesarios para llegar a un cargo de esa naturaleza.
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De hecho, el tema se ha abordado de forma directa en varias reuniones informales entre delegados del Gobierno y voceros de los partidos; incluso, según le confirmaron a este diario fuentes de ambos sectores, en algunas sesiones del Congreso en los que se debatieron otros asuntos se abordó extraoficialmente lo relacionado con la terna para garantizar que, contrario a otros temas que impulsa la Casa de Nariño en el Capitolio, no terminara en un nuevo revés.
La razón es que la coalición de hace un año, con la que se sacó adelante una reforma tributaria y un ajuste a la ley de orden público para darle piso jurídico a la llamada paz total, ya no existe y no tiene viabilidad política de volver a conformarse, lo que llevó a que el Ejecutivo cambiara su estrategia y se dedicara prácticamente a buscar al menudeo los votos para temas específicos. Y este de la magistratura de la Corte Constitucional no fue la excepción.
Por eso, los 88 votos que tuvo Fernández en la plenaria de este martes, frente a los 2 de Rusinque y al único que tuvo Vega, muestran que era, prácticamente, una elección cantada por el lobby de la Casa de Nariño y el mismo trabajo que hizo el saliente secretario Jurídico de Presidencia.
Además, en medio de la plenaria, el senador Humberto de la Calle presentó una proposición para aplazar esa votación, argumentando que el camino tradicional es escuchar a los ternados –lo que también se hizo este martes– y luego proceder con la elección. Sin embargo, no prosperó porque desde este miércoles el Congreso debe meterse de lleno en el debate del presupuesto general y, en paralelo, solo restan dos semanas para las elecciones regionales y los legisladores tienen todos sus intereses puestos en esos comicios.
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Pero en medio de este lobby, que fue respaldado por partidos de Gobierno y de oposición, Fernández quiso dar un golpe de mesa y plantear que su trabajo en la Corte será independiente, pese a que en las mismas declaraciones pidió respaldo a una de las principales apuestas políticas de Petro: el hasta ahora malogrado acuerdo nacional.
“Soy una persona absolutamente independiente, el presidente Gustavo Petro me conoce así. He ejercido mi profesión de esa manera. Que esté prestando mis servicios profesionales, con mucha dedicación en este momento, no hace que pierda mi independencia”, enfatizó el electo magistrado, quien agregó que “esta decisión del Senado de la República nos invita a una reflexión: el acuerdo nacional se puede hacer”.
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Las reacciones en el Congreso sobre la elección de Fernández muestran que la búsqueda de consenso en torno a su nombre se jugó a varias bandas. Por un lado, la senadora María José Pizarro celebró la elección del abogado para que mantenga la independencia de la que habló en la plenaria; y, por otro, su colega de corporación, Angélica Lozano, complementó diciendo que debe mantener la defensa del Estado de Derecho.
En todo caso, no es la primera vez que un Presidente en ejercicio terna y promueve para la Corte Constitucional a alguien tan cercano como lo es un Secretario Jurídico, lo que, tema que no es menor, impone un reto que puede sobrepasar lo político cuando se deban tomar decisiones constitucionales que vayan en contravía de los intereses de la Casa de Nariño.
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