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La ley es un factor clave que determina cómo los países pueden proteger a las personas frente a una pandemia, cualquiera que sea. Durante la última crisis del covid-19, por ejemplo, los países impusieron cuarentenas y restricciones para proteger a quienes estaban más en riesgo. Estas medidas ayudaron a salvar millones de vidas. Sin embargo, entender cómo las leyes influyen en la salud ha tomado su tiempo. Hace diez años, la ONU examinó cómo las leyes afectaban la respuesta a otra epidemia, el VIH, que ha causado la muerte de más de 30 millones de personas en todo el mundo desde los años ochenta.
Para hacerlo, la ONU convocó a una comisión encabezada por Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil, y conformada por otros exjefes de Estado, expertos en leyes y derechos humanos y científicos e investigadores en VIH. Todos ellos se dieron a la tarea de examinar cientos de estudios y recoger testimonios directos de más de 1.000 personas en 140 países, para concluir una cosa: criminalizar la sexualidad consensual entre personas del mismo sexo socava la lucha contra el VIH.
Las leyes punitivas, las políticas discriminatorias y la denegación del acceso a la justicia a las personas con VIH o en riesgo de contraerlo están alimentando la epidemia, advertía la comisión. “Estas prácticas legales crean vulnerabilidad y la penalizan. Promueven los comportamientos de riesgo, obstaculizan el acceso de las personas a las herramientas de prevención y los tratamientos, y exacerban el estigma y las desigualdades sociales que hacen más vulnerables a las personas frente al riesgo del VIH y de enfermedades”, agregaban.
El documento concluía con una enérgica recomendación: “Cuando las leyes no mejoren el bienestar humano y no respondan a las realidades contemporáneas, deben derogarse y sustituirse por otras que sí lo hagan. Para la justicia y la dignidad, los derechos humanos y la vida humana, el mundo no puede permitirse menos”.
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Pese a eso, y a que el panorama ha cambiado desde entonces, un informe reciente señala que millones de personas se enfrentan aún a unos marcos legales que ponen en riesgo la lucha global contra el VIH.
La penalización no ayuda
Un nuevo informe respaldado por el Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Red Mundial de Personas que Viven con el VIH (GNP+), revela que actualmente 129 de los 194 países rastreados por el Laboratorio de Políticas sobre el VIH (es decir, dos tercios de los estados) no penalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Eso significa que hoy el 63% (es decir, 24,6 millones de las personas) de aquellos que viven con VIH en todo el mundo, viven en países donde las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son legales.
Al comienzo de la epidemia del VIH, las cifras estaban al revés: más de 120 países y territorios tenían estatutos que criminalizaban la actividad sexual entre personas del mismo sexo. Para determinar esto, el informe mide a través de 52 indicadores el entorno legal y político relacionado con el VIH en los 194 países en temas que van desde políticas sobre atención clínica y prevención del VIH, hasta leyes penales, de consentimiento, políticas de salud, financiación y más allá. Cada uno de estos indicadores rastrea si un determinado país ha “adoptado” leyes y políticas que se alinean o no con el consenso científico y las normas globales, basadas en la orientación de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
“La evidencia demuestra claramente que las leyes basadas en los derechos humanos y la equidad conducen a mejores resultados de salud”, dice Mandeep Dhaliwal, director del Grupo de VIH y Salud del PNUD. Para comprobarlo, basta mirar la otra cara de la moneda: 65 países (el 34% del mundo) todavía penalizan la sexualidad entre personas del mismo sexo a corte de noviembre de 2023. Esto, advierte el informe, “es una gran amenaza a los esfuerzos para poner fin al Sida para 2030″. Entre los países que penalizan esas relaciones, Uganda y Brunei se encuentran entre los que profundizaron la penalización y las ampliaron en los últimos años, mientras Chad promulgó leyes de este tipo por primera vez.
En estas naciones los estados están imponiendo sanciones más duras, algunas de las cuales incluyen largas penas de prisión e incluso la muerte por sexualidad entre personas del mismo sexo. Otros están ampliando el alcance de la criminalización, imponiendo sanciones a quienes no denuncian a otros por su sexualidad o a quienes de alguna manera apoyan o ayudan a las poblaciones afectadas. Aunque la mayoría de esos países están en África, en lugares como Estados Unidos se dan otros tipos de criminalización como el del discurso, bajo el cual “docenas de leyes estatales y locales limitan la disponibilidad de material de lectura relacionado con LGBTQ+ en escuelas y bibliotecas públicas”, se reseña en el informe.
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De acuerdo con el documento, “criminalizar el discurso sobre las personas LGBTQ+, dentro y fuera de las escuelas, criminaliza la información y perturba la defensa de la salud”. “Vemos que estas leyes, que también existen en países como Hungría o Rusia, tienen un impacto negativo en la lucha contra el VIH, sin necesariamente criminalizar”, explica en entrevista con El Espectador Matthew Kavanagh, director del Centro de Política y Política de Salud Global de la U. de Georgetown en el Instituto O’Neill.
Un punto importante, entonces, es lo que todo esto significa en términos de salud pública. Por ejemplo, concluyen los investigadores, es probable que los países que penalizan la conducta entre personas del mismo sexo reporten menos población, prestación y utilización de servicios de prevención y tratamiento del VIH, que aquellos Estados en donde el marco regulatorio respeta los derechos humanos y las normativas de la ONU. Este organismo estimó en 2022 que más de 15 millones de personas que forman parte de poblaciones clave y que se beneficiarían de los servicios de prevención, atención y tratamiento no están contabilizadas.
Es igualmente significativo, se lee en el informe, que en países con políticas abiertas y accesibles hacia el conocimiento y el cuidado del VIH en la comunidad de hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, las tasas de aquellos que se sometieron alguna vez a la prueba de VIH, se realizaron pruebas en los últimos 12 meses o conocen su estado serológico, fueron 1,25 veces, 1,4 veces y 3,2 veces más altas, respectivamente. En Colombia y en la mayoría de países de América, de hecho, no existen leyes de criminalización, pero “aun en contextos como el colombiano, donde el marco legal es fuerte, hay barreras relacionadas con el estigma que afectan el acceso a servicio”, explica Kavanagh.
De acuerdo con Kavanagh, lo que se puede observar en países de la región de las Américas como Colombia que la ley es efectiva en asegurar el acceso, pero, advierte, esto no es lo único que se necesita: “Es necesario que los servicios de salud tengan participación de poblaciones marginadas que tienen más capacidad de dar respuesta a sus necesidades especificadas. También se requieren esfuerzos para asegurarse que la ley, además de ser buena, sea implementada y eso se puede hacer mediante entrenamientos a la policía y a los profesionales de salud para evitar la discriminación”.
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Kavanagh celebró la reciente decisión del gobierno colombiano de declarar la existencia de razones de interés público para someter una patente de los medicamentos cuyo principio activo es el Dolutegravir a licencia obligatoria en la modalidad de uso gubernamental. El Dolutegravir está recomendado como parte del esquema de primera línea para la atención de personas con VIH, tanto por la Organización Mundial de la Salud, como por la Guía de Práctica Clínica colombiana. “Nos alegra mucho la decisión que busca un mayor acceso de un medicamento que tiene un alto precio tanto en Colombia como en otros países”.
“La ley es una de las intervenciones de salud pública más importantes que los gobiernos tienen a su disposición: puede permitir o socavar una respuesta eficaz”, concluye Kavanagh. Despenalizar, sin embargo, no es suficiente. “En los países que no criminalizan, y que tienen, además, protecciones legales a la identidad y orientación sexual, hay un impacto más beneficioso en la repuesta al VIH”. Para lograr todos los beneficios para la salud pública, el informe concluye que es necesario la creación de instituciones independientes de derechos humanos y leyes contra la discriminación, así como la inversión en servicios comunitarios y promoción: “Sigue siendo necesaria una respuesta verdaderamente multisectorial al VIH porque los cambios positivos no pueden ser impulsados únicamente por el sector de la salud”.
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