Castigados por cobrar de más

En lo que tiene que ver con aquellos medicamentos que no pueden funcionar con el vaivén de la oferta y la demanda, sobre todo porque suelen ser esos que la gente necesita para enfrentar enfermedades catastróficas o terminales, los tratamientos son caros y las opciones son escasas, las empresas mayoristas y comercializadoras no pueden seguir cobrando a su antojo, sino con base en unas líneas fronterizas ya establecidas. Ese, palabras más palabras menos, es el mensaje que ha enviado el Gobierno y que se concreta en nueve sanciones impuestas en los últimos cuatro meses desde la Superintendencia de Industria y Comercio.

Se trata de una pelea a muerte por un fin: coser el roto que se hizo en las finanzas del Estado con los pagos y recobros exageradísimos de medicamentos que se hicieron durante una década. Según cálculos del Ministerio de Salud, en diez años —final del gobierno Pastrana y todo el gobierno Uribe— los recobros al Fosyga crecieron a un desenfrenado ritmo de 68% anual. No es de extrañar, entonces, que el presidente Juan Manuel Santos haya vuelto a señalar esta semana que recibió un sistema “a punto de colapsar”. Una crisis que el Gobierno ha tratado de aliviar con medidas que, a la larga, se convirtieron en límites para todos los laboratorios y mayoristas. Y en alguno casos, en sanciones.

 Los multados

 Entre diciembre de 2013 y abril de este año la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha emitido nueve sanciones contra seis comercializadoras de medicamentos y un laboratorio (ver gráfico pág. 12). Entre esas se encuentran mayoristas como Audifarma, el primer operador logístico del país con 17 años de trayectoria. “Esperamos que haya quedado claro que si el Gobierno ha trazado una política pública de definir precios, así debe hacerse”, aseguró el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. El alto funcionario le dijo a este diario que las multas, más que todo, son una estrategia de advertencia: “No queremos quedarnos toda la vida sancionando, sino que cesen las infracciones”.

La última penalidad se produjo hace seis días: Medicamentos Pos Dempos, una empresa con registros en cámaras de comercio de Palmira, Villavicencio, Magdalena Medio, Bucaramanga, Medellín, el Valle de Aburrá, Cúcuta, Manizales e Ibagué, fue multada con $375 millones por haber vendido neulastim —que sirve para tratamientos a pacientes con cáncer— con un sobrecosto del 12%. El período analizado por la SIC, como ocurrió con la mayoría de los casos aquí mencionados, fue de abril a septiembre de 2012 y con base en la norma entonces vigente: la Circular 01 de 2011, expedida el 30 de diciembre de ese año por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.

Los descuidos o las infracciones cometidos por estas sociedades en los últimos cuatro meses les han costado $40.992 millones en penalidades. Por cada medicamento que se venda violando el tope permitido, la Superintendencia puede imponer una multa de hasta cinco mil salarios mínimos y, hasta ahora, la única compañía que ha recibido esa sanción máxima es Abbot Laboratories de Colombia: en febrero de este año fue multada con $3.080 millones por haber vendido entre enero de 2011 y junio de 2012 kaletra, con sobrecostos entre el 53 y 66%. En marzo de 2012, por ejemplo, esa droga costaba $156.567 y ellos la vendieron a $260.450. Se trata de un inhibidor que usan pacientes diagnosticados con VIH.

Como bien resalta la SIC, el principal afectado con estos sobrecostos es el Estado. Los dineros que provienen de los impuestos de todos y que se destinan para un sistema tan averiado que en 2012, según información de la Defensoría del Pueblo, 424.400 personas tuvieron que recurrir a la tutela para acceder a su derecho fundamental a la salud. En cada una de las resoluciones de la SIC, ésta ha puntualizado: “El exceso en el precio de venta afecta al sistema en sí mismo, ya que éste ha debido asumir costos innecesarios”. Así como, explica la entidad, perjudica los tratamientos contra las enfermedades cuyos pacientes necesitan esas drogas que se han comercializado a precios no permitidos.

 Para qué las medicinas

 Humalog, herceptin, exelon, etanar, neulastim y mabthera. Los nombres se repiten una y otra vez a la hora de ver qué drogas, según la Superintendencia, se vendieron a precios no permitidos en 2012. El humalog, por ejemplo, es un análogo de insulina de acción rápida a la que deben recurrir todos los días para sobrevivir los diabéticos tipo 1, es decir, aquellos cuyo páncreas no produce insulina en lo absoluto. “Los pacientes necesitan esa droga al menos una vez en el día, o más”, explica Dilcia Luján, médica endocrinóloga y jefa de consulta externa de la Asociación Colombiana de Diabetes. Y si el humalog es esencial para los diabéticos, también lo son el herceptin, el neulastim y el mabthera para tratamientos oncológicos.

Según explica William Mantilla, jefe del servicio de Hematología y Oncología de la Fundación Cardioinfantil, el herceptin y el mabthera son “anticuerpos monoclonales que forman parte de un nuevo tipo de terapias anticancerígenas”, que ayudan a que el cuerpo reconozca las células tumorales y las destruya, específicamente en un tipo de cáncer de mama muy agresivo y un tipo de linfoma, respectivamente. Mientras que el neulastim, un fármaco convencional, “se utiliza en muchos más escenarios de cáncer porque disminuye el riesgo de infecciones, las cuales se presentan comúnmente como efecto secundario de la quimioterapia”.

Que las medicinas con precios controlados sean las que se requieren para tratamientos de enfermedades consideradas catastróficas o terminales, como la diabetes o el cáncer, tiene una razón de ser: es un mercado sin muchas opciones. El paciente, o recurre a ella o su condición se agrava. Así ocurre con el exelon, una de las cuatro drogas contra la demencia aprobadas para el último POS y usadas en pacientes con alzhéimer. “Son medicamentos probados en el ámbito mundial no para curar la enfermedad o prevenirla, sino para que el deterioro cognitivo o funcional vaya mucho más lento”, explica Róbinson Cuadros, médico geriatra y asesor de la Fundación Acción Familiar Alzheimer Colombia.

 ¿Enredos con las normas?

 Ese exelon que se usa en pacientes con alzhéimer es, a la vez, la evidencia del complejo panorama de los medicamentos con precios controlados. La mayorista Solmedical, sancionada por $69 millones, le señaló a la Superintendencia que sólo el laboratorio Novartis vende esa droga en el país y que éste ya lo estaba comercializando al precio tope, por lo que se le hacía imposible no vender el exelon con un sobreprecio que, en su caso, fue del 5,26%. “Es cierto que en casos así los laboratorios, abusando de su posición, no quieren vender más bajo, pero el mayorista no tiene la obligación de comprar. Sería un problema que se trasladaría a las EPS”, le dijo a El Espectador una fuente de la Superintendencia.

Todas las comercializadoras sancionadas por la SIC le respondieron a ésta que las normas expedidas en 2011 (la Resolución 4316, del Ministerio de Salud; y la Circular 01, de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos) eran confusas porque la primera indicaba que se podía cobrar un 12% de más sobre el precio máximo y la otra no señalaba que no se pudiera. “El Gobierno, de muy buena fe y con toda la razón, quiere regular los precios para no impactar tanto el sistema. Pero en su afán de hacerlo ha expedido normas que difieren sobre la orientación de la regulación y que han sido expedidas en muy corto tiempo”, manifestó René Abadía, director de desarrollo de modelos de Audifarma.

Las autoridades no creen que las normas dieran lugar a ambigüedades, porque estaban dirigidas específicamente a quienes pueden pedir recobros al Fosyga, por un lado, y a laboratorios y mayoristas, por otro. “Uno de los grandes problemas acá es que cada quien hacía lo que le parecía. Qué bueno estas sanciones de la Superintendencia, les tocaron los callos a los intermediarios. Pero falta el control a los laboratorios. A mí no me cabe en la cabeza que un medicamento del mismo laboratorio, características y condiciones tenga un precio en Cúcuta, donde vivo, y a 10 minutos tenga otro con una diferencia de hasta el 400%”, reclama Javier Ramírez, presidente de la Asociación Colombiana de Reumatología”.

Los laboratorios, no obstante, aseguran que aplauden la política gubernamental con que se buscó poner orden en la casa y controlar los precios de determinadas drogas. “Se han construido escenarios de confianza con el Gobierno, la industria y la comunidad para desarrollar una política clara y transparente”, sostiene Rodrigo Arcila, director ejecutivo de la Cámara Farmacéutica de la ANDI. También admite que “a nadie le gusta que lo regulen”, pero que los laboratorios han trabajado de la mano con el Gobierno. Aclara, sin embargo, que esa regulación debe tener límites para no ir “en detrimento del abastecimiento del mercado”.

Hasta hace un tiempo el sistema nacional de salud parecía ser un paciente desahuciado. Y el Gobierno, sin escapar a las controversias, intenta revivirlo. El jueves pasado, durante una audiencia pública en la Corte Constitucional —que estudia la polémica reforma a la salud aprobada en el Congreso el año pasado—, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, defendió brevemente la importancia de este tipo de regulaciones y, aunque el debate no se enfocó en este asunto, Gaviria sí resaltó la obligación que tiene el Estado al respecto. “Si la ley estatutaria de la salud se aprueba, se estaría diciendo que regular precios de medicamentos es una norma de altura casi constitucional”, le dijo Gaviria a este diario.

Mientras tanto, las investigaciones de la SIC continuarán. En menos de dos semanas se espera que esta entidad dé a conocer si dos laboratorios, de los cuatro que actualmente están bajo su radar, serán sancionados o no.

dduran@elespectador.com / @dicaduran